Discapacidad |

Tan sólo hace un año el Congreso de los diputados, con la abstención de Vox, avaló eliminar de la Constitución, en su artículo 49, el término “disminuidos” y sustituirlo por la expresión «personas con discapacidad».

Todas las personas con discapacidad a menudo han sido injustamente identificadas con limitaciones intelectuales o disfunciones psicológicas. Quizás por ello, se ha derivado un uso de terminología estigmatizadora y discriminadora para identificarlas. A ello se añade la imagen negativa de la discapacidad, a la que han contribuido significativamente los medios de comunicación social, presentando aspectos negativos o compasivos sobre estas personas que siempre presuponen su infelicidad o inadaptación social.

El campo de la discapacidad -entendiendo este término de manera extensiva a todas las personas con limitaciones físicas, sensoriales y mentales- se ha caracterizado por la mudanza terminológica en la asignación de nombres, etiquetas y denominaciones referidas tanto a las personas como al proceso de atención a las mismas. Entre los términos utilizados podemos destacar los siguientes:

a) Referidos a las personas con limitaciones psíquicas: idiotas, imbéciles, mongoles, oligofrénicos, subnormales, débiles mentales, dificultades de aprendizaje permanentes, necesidades especiales.

b) Referidos a las personas con limitaciones físicas y/o sensoriales: lisiados, tullidos, impedidos, inútiles, inválidos, desvalidos, mutilados, minusválidos, deficientes, incapacitados, discapacitados.

c) Referidos al proceso de atención: beneficencia, asistencia, prevención, reeducación, readaptación, rehabilitación, habilitación, tratamiento, educación, recuperación profesional.

Muchos de los términos citados, a pesar de ser representativos de concepciones médicas, psicológicas, educativas o sociales ya superadas o inadecuadas para los tiempos actuales, siguen utilizándose por un número considerable de profesionales. Es sorprendente comprobar hoy la frecuente falta de rigor o actualidad en el uso de denominaciones, etiquetas o diagnósticos. La causa no está por supuesto en las personas que hacen ese uso, al menos no de manera exclusiva, sino que probablemente proviene de una formación deficitaria y poco estructurada en el ámbito de las personas con discapacidad.

Cada uno de los cambios en las palabras con que denominamos a la población se suele presentar seriamente por profesionales de reconocido prestigio con el intento genuino de cambiar la imagen y el rol de las personas con discapacidad en esta sociedad. A cada una de estas reformas han seguido, años más tarde, nuevos y mejores nombres. El problema puede estar en que la sociedad estima excesivamente la inteligencia, la belleza y la capacidad de ganar dinero, rechazando a aquellas personas que no son inteligentes, atractivas o que son pobres.

La terminología expresa la evolución de las actitudes profesionales y sociales, pero los cambios de nombre dejan intactos los prejuicios de la mayor parte de las personas. Hemos de modificar los valores y actitudes que subyacen a esas expresiones, y no suponer que es un asunto meramente terminológico que sólo requiere un cambio de nombres.

Si bien el sector de los cuidados está cambiando entre los colectivos más relevantes de personas mayores dependientes y personas con discapacidad, en sus diferentes grados y vulnerabilidad, incidiendo en la profesionalización de los cuidadores, lo cierto es que el cuidado informal sigue siendo preponderante, y este está personificado en las mujeres cuidadoras. Al día de hoy y dentro del ámbito doméstico, se muestra la especificidad de la experiencia femenina frente a la vejez a través de las actividades relacionadas con el cuidado de los otros, o con el denominado apoyo informal.

La concepción estereotipada a este respecto nos presenta a las personas mayores y, sobre todo a las mujeres, como receptoras de los cuidados. Tal y como se deduce de la mayor longevidad de las mujeres, éstas tienen más probabilidades de necesitar atención que los varones; sin embargo, esta es sólo una parte de la verdad porque los mayores y, otra vez sobre todo las mujeres, son parte activa y aún muy activa en la prestación de ayuda a otros miembros de la familia.

Las mujeres no sólo han seguido proporcionando la mayor parte de la asistencia, sino que cuando la dependencia de las mujeres era más severa o cuando la ayuda consistía en la realización de tareas con un contenido más íntimo, las mujeres han asumido los cuidados en exclusiva. Además, mientras que los varones necesitados de ayuda pueden recibirla en el ámbito de su propio hogar y de su propia esposa, sin que la situación implique más cambios y rupturas que las derivadas del deterioro de las capacidades, entre las mujeres la situación es muy distinta. Lo más seguro es que cuando necesiten la ayuda no puedan contar ya con el esposo, bien porque ha fallecido o porque su propio estado de salud no lo permite; y en ese caso, el cuidado deberá ser asumido por otra persona, probablemente por una mujer inmigrante.

No obstante, cada día que pasa es mayor la conciencia social y política sobre los problemas de desamparo que experimentan las mujeres cuidadoras de personas dependientes y, desde la ética del cuidado se aboga por el reconocimiento y la visibilización del trabajo que aportan las mujeres en la atención a la dependencia. El enfoque ético del problema del cuidado, ha priorizado sobre todo la necesidad del reconocimiento específico del trabajo de las mujeres, no sólo por su aportación fundamental, sino por los supuestos valores asociados a dichas prácticas y la necesidad de universalizar dichos valores, reconociendo los derechos de las mujeres. Tal y como ocurre con el trabajo del hogar no remunerado, que también se considera como parte integrante de la fuerza de trabajo dedicada a la prestación de cuidados sin recibir una retribución económica a cambio, pero no se reconoce como un trabajo formal con derechos y prestaciones legales.

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