Hace pocos días la comunidad senegalesa en España celebraba la victoria de Senegal ante Marruecos en la Copa de África. Una celebración marcada por la diáspora y la identidad, principalmente en las provincias de Barcelona, Madrid, Almería y Girona, donde esta comunidad, básicamente masculina (aproximadamente el 75-80%), está vinculada a sectores como la agricultura, la construcción y el comercio ambulante. Las mujeres senegalesas, aunque son minoría, han experimentado un crecimiento constante en la última década, gracias a los procesos de reagrupación familiar y a una creciente migración femenina autónoma.
No sólo en la comunidad senegalesa, sino también en cualquier otra comunidad migrante, cuando un miembro de una familia emigra, además del costo económico se asumen los costos afectivos, tales como la separación de los cónyuges, el impacto emocional de los hijos que permanecen en el lugar de origen, o de los padres que viven la etapa de la vejez sin la presencia de sus descendientes. Y si bien se siguen manteniendo lazos permanentes con los familiares en el país de origen, aliviando parcialmente el desarraigo de la separación, gracias al desarrollo tecnológico de las comunicaciones y el apoyo de las redes, lo cierto es que las relaciones afectivas se resienten y se viven momentos de crisis, tanto para el miembro de la pareja que se va, como para el que permanece.
Para el hombre que se va, la familia no puede brindarle al emigrante el apoyo psicológico y afectivo que requiere, lo que lo induce a cierta inestabilidad. Y para las mujeres que se quedan, más allá de la soledad tras la separación y del sentimiento de nostalgia que pueden sentir por la separación, se les une en muchos casos el sentimiento ambivalente de sentirse “liberadas” al empezar a gestionar ellas solas el presupuesto familiar –con las remesas que reciben– y a gozar de niveles de autonomía en la organización de su tiempo, inimaginables en el seno de la familia nuclear convencional, en la que la carga de trabajo reproductivo es mayor. De este modo, y para estas mujeres, la salida del cónyuge puede suponer alcanzar cotas de mayor autonomía y afirmación de sus derechos, al asumir la función de gestora de la economía familiar gracias a las remesas.
Por primera vez en España, la esperanza de vida al nacer supera los 84 años. Este gran éxito vital que nos sitúa entre los principales países con longevidad elevada, junto a Japón, Corea o Suiza, se ve empañado por la agorera previsión de un país sin relevo generacional, dado que la natalidad sigue en un camino descendente.
Y aquí está la paradoja, pues un aumento de la esperanza de vida y, por tanto, descenso de la mortalidad, ha traído aparejado el descenso de la natalidad, del número de nacimientos, los cuales son cada vez más dilatados en el tiempo vital de las familias o de las mujeres. Y es que no hay un control de natalidad tan eficaz como el aumento de la educación y el trabajo de las mujeres fuera del ámbito doméstico, a los que se puede sumar la situación de precariedad económica y el periodo de edad fértil, cuestiones que han llevado a las mujeres a retrasar el nacimiento del primer hijo a una edad media superior a los 32 años, llegando este año al 10% las que tuvieron su primer hijo por encima de los 40 años.
En un momento dado, hubo quienes pensaron que la baja natalidad de las españolas podría ser compensada por la alta fertilidad de las mujeres extranjeras. De hecho, es cierto que la presencia de mujeres extranjeras ha contribuido de forma notable a los nacimientos en España. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres es el doble entre las extranjeras que entre las españolas (5,61 frente a 12,04). En 2024, representaron uno de cada cuatro nacimientos y, si consideramos a las madres nacidas fuera de España, la proporción es de uno por cada tres nacimientos.
Su nivel de fecundidad (1,27 hijos por mujer) es muy superior al de las madres españolas (1,07 hijos por mujer en edad fértil); sin embargo, ambas madres siguen colaborando en la baja natalidad española y al descenso demográfico estructural, pues los patrones reproductivos de las mujeres migrantes tienden a ser muy parecidos, y con el tiempo se van asimilando a los de la población autóctona del país que los recibe.
Que las mujeres son más longevas que los hombres es un fenómeno relativamente moderno, pues a principios del siglo XX no existían estas diferencias. Por entonces, la reducción de la mortalidad infantil fue decisiva para ampliar la esperanza de vida, pues las ganancias se libraron a edades tempranas y no como en la actualidad que se libran a edades avanzadas.
Todo parece indicar que los principales factores en la mejora en la esperanza de vida de las mujeres durante el siglo XX, aparte de las tendencias que afectan también a los hombres (nutrición y salubridad), pudieran atribuirse al descenso de la fecundidad, las mejoras en la atención al parto y la dedicación de las mujeres a tareas reproductivas.
Pero más allá del hecho de haber disminuido la mortalidad entre los españoles, se encuentra el debate sobre género y esperanza de vida proveniente de la distinción entre cantidad y calidad de vida, de manera que la diferencia de género en años por vivir no derivaría en ninguna ventaja para las mujeres si se tradujera en años vividos con enfermedad o discapacidad, o con impedimentos para desenvolverse de forma autónoma. Así lo muestran dos indicadores útiles, no para medir cuánto se vive, sino cómo se vive. Son indicadores sobre la esperanza de vida libre de enfermedad crónica y la esperanza de vida en buena salud, y ambas ofrecen resultados más favorables a los hombres.
Si esto es cierto, la diferencia en la autonomía de hombres y mujeres no sería real, sino completamente artificial o construida socialmente, en referencia a las expectativas sociales que pesan sobre uno y otro género, puesto que, si hay enfermedades sociales que se imponen como causas fundamentales de mortalidad, también habría dependencias sociales construidas en función del género.
El planteamiento objetivo sería conocer si estas variaciones entre las expectativas de vida de hombres y mujeres son diferencias, es decir, si se deben a su mera condición biológica de ser hombres y mujeres; o si por el contrario son desigualdades, es decir, si es una cuestión de género acerca de cómo se ha organizado históricamente el trabajo reproductivo.
¿Cómo explicar que ahora las mujeres sean más resistentes que en 1900? La respuesta es que la razón de que la esperanza de vida varíe entre los sexos con el tiempo, se encuentra en los procesos de construcción histórica.
Hasta la primera mitad del siglo XX se atribuyeron las diferencias a que los hombres trabajaban duro y en condiciones penosas; e incluso se creyó que la incorporación de la mujer a la vida laboral acortaría distancias, pues al abandonar la seguridad del ámbito de lo doméstico participaría de los riesgos y peligros propios del ámbito de lo público, reservado hasta entonces a los hombres. Se postulaba que las mujeres, al participar en el trabajo productivo, de alguna manera se masculinizaban adquiriendo hábitos y conductas masculinas, fumando, bebiendo, conduciendo automóviles, sometiéndose a la doble jornada en el trabajo, etc.
Estos argumentos se basan en la pretendida existencia de un efecto protector de la reclusión doméstica de las mujeres (las reinas del hogar); y la asunción de postulados androcéntricos, ya que plantea dos justicias distributivas diferentes, una para el trabajo productivo y otra para el reproductivo. Tratar de explicar la eventual pérdida de la salud de las mujeres por su participación en el sistema productivo, es como intentar argumentar que la culpa es de la víctima por abandonar las tareas reproductivas que socialmente se le habían reservado. Una explicación más justa, consistiría en preguntarnos por la responsabilidad de los varones en la reproducción, lo que podríamos llamar el síndrome de inhibición doméstica de los varones.
La pretendida masculinización de las mujeres, su acceso a la producción está matizada precisamente por el mantenimiento de su vinculación al ámbito doméstico. La doble jornada o jornada interminable, sería el factor más certero en la profundización sobre las desigualdades en las expectativas de vida.
Así pues, si añadimos un poco más de justicia a nuestras sociedades y a nuestras casas, consiguiendo no sólo democracia en lo político sino democracia en lo doméstico, se podría lograr una mejoría sensible en las expectativas de vida. La ganancia en términos de salud y esperanza de vida para ambos géneros sería enorme.
La precariedad se ha incorporado en el lenguaje para definir, principalmente, aquello que tiene poca estabilidad, duración, que es inseguro, llegando en la actualidad a caracterizar muchos aspectos relativos a la vida cotidiana, como al hablar de un determinado tipo de coyuntura, situación o estado de cosas; de la estructura u organización; de los medios y recursos disponibles, así como de la infraestructura o equipamiento; de la ocupación o puesto de trabajo; del espacio, hábitat o lugar para vivir; de la estabilidad y otros estados análogos; de la existencia humana y, en definitiva, de los derechos o necesidades que se consideran básicos para la supervivencia o el desarrollo (salud, economía, nutrición, atención, asistencia, libertad, formación, educación, democracia, protección).
Lo precario se puede interpretar al menos en tres dimensiones: como condición (ser), como situación (estar, vivir, experimentar procesos de precarización), y como medio o recurso (actuar dentro de ámbitos de precarización). Y es en la monoparentalidad donde se dan las condiciones, situaciones y medios propios de la precariedad. Sabemos que las mujeres encabezan el 80% de las familias monoparentales y que estas duplican el riesgo de pobreza severa respecto a las que tienen dos progenitores.
Si la justicia social hace referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales, asegurando así la dignidad de todas las personas y la cohesión social, nos encontramos que son muchas, muchísimas las madres que en la actualidad están criando sin políticas mínimas y sin un marco de protección, negando esos derechos no sólo a los progenitores, si no de rebote a las niñas, niños y adolescentes que forman esas familias.
En La Rioja, la Ley de marzo de 2023, ya reconoce que “las familias monoparentales conllevan un importante factor de vulnerabilidad, superior al resto de estructuras familiares, ya que este tipo de familia está expuesta a un mayor riesgo de pobreza, a dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y a situaciones de exclusión social”. Sin embargo, el reconocimiento no ha conllevado el desarrollo de las medidas de apoyo necesarias y publicitadas en dicha ley, para superar la precariedad de las trece mil familias riojanas constituidas por un solo progenitor.
Y siguen. Y nos siguen vendiendo humo electoral hsta la próxima legislatura.
La organización social de las relaciones de género se ha fundamentado en la ideología patriarcal, que al considerar como trabajo tan sólo las actividades productivas, apropiadas por y para los hombres, excluía de este modo las tareas de reproducción que adjudicaba a las mujeres. Mediante esta ideología se asignó como actividad pública a todas las tareas de carácter productivo y como actividades privadas a aquellas tareas de carácter reproductivo.
El espacio social determinado por lo público y lo privado, con sus actividades de carácter productivo y reproductivo, y su correspondiente asignación de roles masculinos y femeninos, constriñó lo privado al interior de la casa, del hogar y de la familia nuclear, donde las mujeres realizaron las tareas de cuidado de las personas y las cosas que se encontraban en su interior, mientras los hombres se adjudicaron las tareas productivas en el espacio público. De este modo, la división social del trabajo consumó la organización del espacio social en función del género.
Así mismo, el estado civil de la soltería era un estado que en el caso de las mujeres se avenía mal con la idea preponderante -con siglos de arraigo- de que el matrimonio significaba el éxito y la plenitud de la condición femenina, y la soltería el fracaso, por lo que no dejaba de difundirse que las mujeres no necesitaban para nada una autonomía económica y que no era conveniente un trabajo que la propiciara.
Sabemos que la adquisición por las mujeres de un estatus social en el ámbito público no se produjo de forma inmediata, sino que sucedió de forma paulatina, pues sin abandonar su estatus doméstico como mujer, esposa, madre o hija, fue profundizando en el ámbito extradoméstico, hasta que este espacio público comenzó a transformarse en un espacio común para hombres y mujeres.
El espacio educativo ha sido el espacio público por excelencia para la penetración de las mujeres en el ámbito productivo, que poco a poco han ido ocupando y ejerciendo cada una desde su campo de acción, pese a que en sus inicios fuese una educación excluyente del ámbito público, una instrucción diferenciada y particularizada que fijaba el status de subordinación de la mujer.
HACE VEINTE AÑOS que me publicaron EL GÉNERO QUEBRANTADO. Por entonces en la Universidad de La Rioja no se trataba el tema de la desigualdad de género, ni la violencia sobre las mujeres, ni siquiera había un grupo de investigación específico que trabajara sobre cuestiones de género. Y yo, que todavía no me había especializado en ningún campo de la sociología, trataba de abarcar varias ramas de este saber, desde la sociología de la educación, la del envejecimiento, la juventud, las migraciones, la cultura y, por supuesto, el género.
Al abarcar el estudio de la discriminación por razón de sexo, partía del hecho de que son las mujeres las principales víctimas de este tipo de discriminación, y que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que ha consolidado la discriminación. Así pues, la violencia contra las mujeres ha sido y es un instrumento para su dominación y una estrategia para perpetuar la desigualdad; por eso en este libro se habla acerca de la violencia que sufren las mujeres en diferentes ámbitos, con especial atención al familiar o doméstico, pero también al público, así como sobre los principales avances y retrocesos que se vienen produciendo respecto a su erradicación.
En general, las explicaciones sociológicas y feministas sobre el uso de la violencia contra las mujeres han resaltado dos factores causales. En primer lugar, el proceso de socialización diferencial de los sexos. En segundo lugar, la persistencia de las definiciones sociales que representan las relaciones entre los géneros como relaciones de subordinación, cuando no de propiedad, en las que las mujeres deben cierta sumisión a sus maridos y compañeros. En este segundo caso, la violencia aparece como un efectivo medio de control social sobre el comportamiento de las mujeres.
¿Porqué titulé el libro como “EL GÉNERO QUEBRTANTADO”, y no he utilizado la expresión de la mujer quebrantada?. Pues porque se ha impuesto la categoría de género, término de procedencia inglesa (gender) que significa al tiempo género y sexo, adoptado por las feministas americanas en los años sesenta para diferenciar el sexo biológico (sexual difference) y las construcciones culturales que determinan la formación de identidades y las relaciones de los sujetos. El género se crea en relación con la construcción cultural de un objeto que, por referirse a un “objeto humano”, es la construcción de un sujeto. De este modo, al hablar de género nos referimos a las aptitudes, cualidades, capacidades, valores, ideas, etc., que asignamos a cada sexo culturalmente.
El término género sirve para estructurar la diferencia entre femineidad y masculinidad como conceptos elaborados socioculturalmente, frente a los significados tradicionales del sexo (macho y hembra) otorgados a las diferencias de carácter biológico. Lo que se origina en la naturaleza lo denominamos por su sexo, mientras que lo originado en la sociedad lo denominamos género. Mediante el género identificamos las categorías, roles y diferencias culturales y sociales existentes entre hombres y mujeres, sostenidas y transmitidas por un sistema de carácter patriarcal, que tradicionalmente ha santificado las relaciones de dominio y sumisión, pero también de exclusión y discriminación, que han ejercido secularmente los hombres sobre las mujeres. El género es, por tanto, la construcción social o cultural basada en la diferencia biológica, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y el espacio.
Y, ¿por qué este género está quebrantado, y no cascado, hendido, machacado, violado o cualquier adjetivo apropiado a la realidad de las relaciones de mujeres y hombres? Pues porque se presenta en sociedad roto y desgajado a través de la violencia y la opresión de la discriminación que el género masculino ejerce sobre el género femenino.
La causa fundamental que provoca esta violencia reside en el modelo de sociedad que sitúa a la mujer en una posición de inferioridad respecto al hombre, así como en los patrones culturales discriminatorios hacia la mujer; es decir, las mujeres son las víctimas primordiales de una violencia ejercida por hombres, significando, por tanto, una violencia sexista y machista. Además, no es una violencia que se de en el ámbito familiar o doméstico, sino que es una violencia que se produce en la pareja, haya o no convivencia de por medio.
No obstante, al afirmar la categoría de género sobre la de sexo, no quiero representar a todas las mujeres ni significar a todos los hombres, pues comprender a las mujeres como colectivo genérico diferente del grupo de los hombres, no significa uniformizar la realidad de unas y otros, ocultando la diversidad que nos distingue. No hace falta pertenecer a un colectivo genérico para defender la causa de las mujeres. Tan solo es necesario querer ser parte de un colectivo social. Ni todas las mujeres son maltratadas, ni todos los hombres son maltratadores.
Si bien el sector de los cuidados está cambiando entre los colectivos más relevantes de personas mayores dependientes y personas con discapacidad, en sus diferentes grados y vulnerabilidad, incidiendo en la profesionalización de los cuidadores, lo cierto es que el cuidado informal sigue siendo preponderante, y este está personificado en las mujeres cuidadoras. Al día de hoy y dentro del ámbito doméstico, se muestra la especificidad de la experiencia femenina frente a la vejez a través de las actividades relacionadas con el cuidado de los otros, o con el denominado apoyo informal.
La concepción estereotipada a este respecto nos presenta a las personas mayores y, sobre todo a las mujeres, como receptoras de los cuidados. Tal y como se deduce de la mayor longevidad de las mujeres, éstas tienen más probabilidades de necesitar atención que los varones; sin embargo, esta es sólo una parte de la verdad porque los mayores y, otra vez sobre todo las mujeres, son parte activa y aún muy activa en la prestación de ayuda a otros miembros de la familia.
Las mujeres no sólo han seguido proporcionando la mayor parte de la asistencia, sino que cuando la dependencia de las mujeres era más severa o cuando la ayuda consistía en la realización de tareas con un contenido más íntimo, las mujeres han asumido los cuidados en exclusiva. Además, mientras que los varones necesitados de ayuda pueden recibirla en el ámbito de su propio hogar y de su propia esposa, sin que la situación implique más cambios y rupturas que las derivadas del deterioro de las capacidades, entre las mujeres la situación es muy distinta. Lo más seguro es que cuando necesiten la ayuda no puedan contar ya con el esposo, bien porque ha fallecido o porque su propio estado de salud no lo permite; y en ese caso, el cuidado deberá ser asumido por otra persona, probablemente por una mujer inmigrante.
No obstante, cada día que pasa es mayor la conciencia social y política sobre los problemas de desamparo que experimentan las mujeres cuidadoras de personas dependientes y, desde la ética del cuidado se aboga por el reconocimiento y la visibilización del trabajo que aportan las mujeres en la atención a la dependencia. El enfoque ético del problema del cuidado, ha priorizado sobre todo la necesidad del reconocimiento específico del trabajo de las mujeres, no sólo por su aportación fundamental, sino por los supuestos valores asociados a dichas prácticas y la necesidad de universalizar dichos valores, reconociendo los derechos de las mujeres. Tal y como ocurre con el trabajo del hogar no remunerado, que también se considera como parte integrante de la fuerza de trabajo dedicada a la prestación de cuidados sin recibir una retribución económica a cambio, pero no se reconoce como un trabajo formal con derechos y prestaciones legales.
El Ayuntamiento de Barcelona antes de responder sobre qué son los cuidados nos indica que las personassomos seres vivos vulnerables e interdependientes. Nacemos con una fragilidad extrema. Tardamos un año en levantarnos, dos en comunicarnos mediante el lenguaje y cuatro en poder vestirnos solas para protegernos del frío. Nuestra vulnerabilidad y dependencia son la razón por la que vivimos en comunidad. Para sobrevivir, dependemos del tiempo, los trabajos y los afectos que otras personas nos dedican.
Todos y todas necesitamos recibir cuidados de manera permanente a lo largo de la vida, de tipo e intensidades diferentes, dependiendo del momento del ciclo vital en que nos encontramos, y de las capacidades de autocuidado y atención a los demás que tenemos en cada etapa de la vida. Aunque la infancia, la vejez y los momentos de enfermedad requieren cuidados físicos específicos y más intensivos, las personas necesitamos afectos y atención emocional de manera permanente, incluso cuando somos adultas sanas e independientes. Hay que pensar en la necesidad de cuidados no como una situación de excepcionalidad, sino como una característica inherente a la naturaleza humana, en que todos y todas tenemos el derecho, pero también el deber, de recibir y proveer cuidados.
Pero lo cierto es que cuando se necesita atención de un miembro de la familia se recurre normalmente a otra mujer, tal y como se ha regulado en las sociedades tradicionales y patriarcales, donde siempre se esperaba que fuera una mujer quien cuidara a los demás miembros de la familia sin por ello percibir remuneración alguna.
Desde una perspectiva sociológica, el cuidado es una actividad basada en patrones sociales. Estos patrones afectan tanto al cuidado familiar como al cuidado formal y justifican los bajos salarios percibidos por los trabajadores que son principalmente mujeres y, cada vez más, inmigrantes.
Si gran parte de la carga asistencial demandada por las personas dependientes recae sobre los familiares, principalmente sobre la mujer, es a consecuencia de un proceso de socialización que colocaba como modelo a seguir el de la diferenciación y la desigualdad entre los sexos, destinando a la mujer el papel doméstico, secundario y poco valorado. Se asume así que las mujeres trabajan en empleos relacionados con el cuidado, no sólo como resultado de su proceso de educación y de las expectativas sociales, sino debido a las menores oportunidades de conseguir los trabajos mejor remunerados, más prestigiosos y con mayor poder de los varones. Las mismas creencias y experiencias que hacen atractivo el cuidado para las mujeres, lo devalúan como trabajo remunerado al ser percibido como trabajo poco cualificado.
Los cuidados suponen una responsabilidad social absolutamente generizada y naturalizada, que afecta sobre todo a las mujeres adultas, y que se apoya en una visión social diferente de lo que es el trabajo realizado por los hombres, y en una separación cultural de lo racional que queda ligado a los hombres y a lo público, mientras que lo emocional y lo privado es asociado a las mujeres. Las tareas de cuidado se dejan bajo la responsabilidad de las mujeres por un supuesto instinto natural. De hecho, en general, el cuidado ni siquiera es considerado un trabajo, sino como algo que hacen las mujeres de manera natural porque va ligado a los sentimientos y los afectos. Todo ello me permite catalogar el concepto de cuidado como una construcción social, desde una perspectiva dominante que es la del patriarcado.
Andaba yo preocupado con los gastos que supone la crianza de un hijo, mucho más acuciantes en las familias monoparentales por la falta de empatía de la Administración, que si bien por un lado se asusta ante lo que ellos llaman invierno demográfico, apenas actúan para mejorar la situación de las madres en disposición de tener un hijo y criarlo, pues ante las dificultades económicas derivadas de empleos precarios o mal pagados, de acceso a una vivienda digna, o de seguridad emocional, se suma la incertidumbre en la capacidad económica para criar un hijo, es decir, alimentarlo, vestirlo y darle educación, cuidar su salud y medio ambiente, sin un ápice de colaboración institucional en ese largo periodo que va desde el nacimiento hasta cierta independencia juvenil.
Más allá de la supuesta gratuidad del sistema educativo o del sistema de salud, o los mil euros que recibe la madre por nacimiento, no hay ayudas económicas reales para la crianza y desarrollo de los hijos y, no, no hay empatía por parte de la Administración, que sigue pensando que el descenso de la natalidad es un fenómeno propio de una sociedad moderna que deja en manos de las mujeres la decisión de tener un hijo casi al límite de su edad fértil, allá por los 45 años.
Para enfrentar la cuestión de la natalidad hay que partir del aparente antagonismo que es el envejecimiento. Desde un punto de vista positivo, el envejecimiento se considera como un éxito de la sociedad que a su vez se combina con un punto de vista negativo que es la disminución de las tasas de natalidad, es decir el número de nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes durante un año determinado (en La Rioja 6,18 hijos).
Y aquí está la paradoja, pues un aumento de la esperanza de vida y, por tanto, descenso de la mortalidad, ha traído aparejado el descenso de la natalidad, del número de nacimientos, los cuales son cada vez más dilatados en el tiempo vital de las familias o de las mujeres. Y es que no hay un control de natalidad tan eficaz como el aumento de la educación y el trabajo de las mujeres fuera del ámbito doméstico.
El éxito del envejecimiento proviene de la mejora de la asistencia sanitaria y el progreso de la medicina, en la superación de enfermedades y la contención de las epidemias, auténtico obstáculo que frenaba el descenso de la mortalidad, principalmente la infantil. También, el envejecimiento y el aumento en las expectativas de vida han posibilitado un mayor conocimiento y conciencia sobre la planificación y el control de la natalidad permitiendo un cambio en las expectativas que los padres depositaban sobre los hijos, pues estos ya no son considerados como el seguro de vejez.
Además, esto está permitiendo por una vez, y puede que definitivamente, el aumento del nivel educativo y de la actividad profesional de las mujeres, las cuáles reclamaban la igualdad de género y la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos, o mejor dicho del hijo deseado.
En este contexto de baja natalidad, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, propuso en el último pleno del Parlamento regional matar moscas a cañonazos, es decir, la ampliación de la edad máxima para acceder a tratamientos de fertilidad en la sanidad pública de los cuarenta a los cuarenta y dos años, olvidando que además de parir un hijo hay que criarlo, y esto sí que necesita ayudas institucionales.
Cada poco tiempo, cuando se publican estadísticas demográficas, asistimos a un sinnúmero de mensajes plagados de tópicos que apuntan a una supuesta crisis demográfica, mediante una imagen alarmista que aparece dibujada a través de una sociedad sin niños y en la que no se podrán sostener y pagar las pensiones, cuando lo cierto es que estamos asistiendo a una auténtica revolución reproductiva.
Si observamos el cambio en la estructura piramidal de la sociedad, vemos que los niños que nacen ahora en La Rioja no se mueren como antes (en 1975 eran diecisiete por cada mil nacidos vivos mientras que en 2022 han sido cuatro). Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento es mucho más alta (al principio del siglo XX no llegaba a los 35 años, mientras que en 2022 alcanzó los 83 años). Al aumentar la esperanza de vida ya no es necesaria la natalidad de antaño. Cuando se han ganado años de calidad de vida, la población rejuvenece. la reproducción debe leerse no sólo como la fecundidad, sino también como los años vividos y en este sentido ha habido una revolución.
Hoy los padres se vuelcan en el cuidado de los hijos en todos los aspectos, y estos hijos se volcarán a la vez en el cuidado de los suyos, hasta que las generaciones apenas pierdan efectivos antes de llegar a la vejez, de modo que las altas fecundidades del pasado se vuelven innecesarias y la mujer se ve liberada de aquella “obligación” reproductora, añadiendo un valor altísimo a cada nueva vida traída al mundo.
Lo que sí nos sigue faltando en esta revolución reproductiva son políticas de conciliación, cambios en el sistema laboral que atiendan a la carrera profesional de las mujeres, al desempleo y la precariedad, a las desigualdades de género y, sobre todo, a políticas públicas que redistribuyan de forma más equitativa los costes asociados a la crianza de los hijos/as –sobre todo en los primeros años– entre las familias y la sociedad, y que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados de mujeres y hombres. Pero ese es otro cantar.
