ESPACIO PÚBLICO Y GÉNERO

La organización social de las relaciones de género se ha fundamentado en la ideología patriarcal, que al considerar como trabajo tan sólo las actividades productivas, apropiadas por y para los hombres, excluía de este modo las tareas de reproducción que adjudicaba a las mujeres. Mediante esta ideología se asignó como actividad pública a todas las tareas de carácter productivo y como actividades privadas a aquellas tareas de carácter reproductivo.

El espacio social determinado por lo público y lo privado, con sus actividades de carácter productivo y reproductivo, y su correspondiente asignación de roles masculinos y femeninos, constriñó lo privado al interior de la casa, del hogar y de la familia nuclear, donde las mujeres realizaron las tareas de cuidado de las personas y las cosas que se encontraban en su interior, mientras los hombres se adjudicaron las tareas productivas en el espacio público. De este modo, la división social del trabajo consumó la organización del espacio social en función del género.

Así mismo, el estado civil de la soltería era un estado que en el caso de las mujeres se avenía mal con la idea preponderante -con siglos de arraigo- de que el matrimonio significaba el éxito y la plenitud de la condición femenina, y la soltería el fracaso, por lo que no dejaba de difundirse que las mujeres no necesitaban para nada una autonomía económica y que no era conveniente un trabajo que la propiciara.

Sabemos que la adquisición por las mujeres de un estatus social en el ámbito público no se produjo de forma inmediata, sino que sucedió de forma paulatina, pues sin abandonar su estatus doméstico como mujer, esposa, madre o hija, fue profundizando en el ámbito extradoméstico, hasta que este espacio público comenzó a transformarse en un espacio común para hombres y mujeres.

El espacio educativo ha sido el espacio público por excelencia para la penetración de las mujeres en el ámbito productivo, que poco a poco han ido ocupando y ejerciendo cada una desde su campo de acción, pese a que en sus inicios fuese una educación excluyente del ámbito público, una instrucción diferenciada y particularizada que fijaba el status de subordinación de la mujer.

LOS CUIDADOS

El Ayuntamiento de Barcelona antes de responder sobre qué son los cuidados nos indica que las personas somos seres vivos vulnerables e interdependientes. Nacemos con una fragilidad extrema. Tardamos un año en levantarnos, dos en comunicarnos mediante el lenguaje y cuatro en poder vestirnos solas para protegernos del frío. Nuestra vulnerabilidad y dependencia son la razón por la que vivimos en comunidad. Para sobrevivir, dependemos del tiempo, los trabajos y los afectos que otras personas nos dedican.

Todos y todas necesitamos recibir cuidados de manera permanente a lo largo de la vida, de tipo e intensidades diferentes, dependiendo del momento del ciclo vital en que nos encontramos, y de las capacidades de autocuidado y atención a los demás que tenemos en cada etapa de la vida. Aunque la infancia, la vejez y los momentos de enfermedad requieren cuidados físicos específicos y más intensivos, las personas necesitamos afectos y atención emocional de manera permanente, incluso cuando somos adultas sanas e independientes. Hay que pensar en la necesidad de cuidados no como una situación de excepcionalidad, sino como una característica inherente a la naturaleza humana, en que todos y todas tenemos el derecho, pero también el deber, de recibir y proveer cuidados.

Pero lo cierto es que cuando se necesita atención de un miembro de la familia se recurre normalmente a otra mujer, tal y como se ha regulado en las sociedades tradicionales y patriarcales, donde siempre se esperaba que fuera una mujer quien cuidara a los demás miembros de la familia sin por ello percibir remuneración alguna.

Desde una perspectiva sociológica, el cuidado es una actividad basada en patrones sociales. Estos patrones afectan tanto al cuidado familiar como al cuidado formal y justifican los bajos salarios percibidos por los trabajadores que son principalmente mujeres y, cada vez más, inmigrantes.

Si gran parte de la carga asistencial demandada por las personas dependientes recae sobre los familiares, principalmente sobre la mujer, es a consecuencia de un proceso de socialización que colocaba como modelo a seguir el de la diferenciación y la desigualdad entre los sexos, destinando a la mujer el papel doméstico, secundario y poco valorado. Se asume así que las mujeres trabajan en empleos relacionados con el cuidado, no sólo como resultado de su proceso de educación y de las expectativas sociales, sino debido a las menores oportunidades de conseguir los trabajos mejor remunerados, más prestigiosos y con mayor poder de los varones. Las mismas creencias y experiencias que hacen atractivo el cuidado para las mujeres, lo devalúan como trabajo remunerado al ser percibido como trabajo poco cualificado.

Los cuidados suponen una responsabilidad social absolutamente generizada y naturalizada, que afecta sobre todo a las mujeres adultas, y que se apoya en una visión social diferente de lo que es el trabajo realizado por los hombres, y en una separación cultural de lo racional que queda ligado a los hombres y a lo público, mientras que lo emocional y lo privado es asociado a las mujeres. Las tareas de cuidado se dejan bajo la responsabilidad de las mujeres por un supuesto instinto natural. De hecho, en general, el cuidado ni siquiera es considerado un trabajo, sino como algo que hacen las mujeres de manera natural porque va ligado a los sentimientos y los afectos. Todo ello me permite catalogar el concepto de cuidado como una construcción social, desde una perspectiva dominante que es la del patriarcado.

NUEVO CURSO ESCOLAR

Con el nuevo curso escolar, me atrevo a valorar los cambios que afectan a la Educación de las nuevas generaciones. Para empezar, hablaremos de la globalización de las relaciones internacionales y de los riesgos mundiales ante los desastres ecológicos; de la menor autonomía decisoria de los países; del aumento de la información a través de la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana, principalmente en los países del primer mundo, lo cual está abriendo una nueva brecha que ahonda en las diferencias y desigualdades entre países y sectores de la población mundial. Percibimos, sentimos una mayor movilidad laboral, incrementada por las demandas de la nueva economía y por el empuje de los países emergentes, así como por la inmigración económica, la cual ha traído consigo una mayor exigencia de eficacia en los resultados productivos. Además, participamos de los cambios en las formas de organización familiar y en las relaciones de género conducentes a una democratización y respeto en las relaciones de pareja y, necesariamente, a cambios en las escalas de actitudes y valores sociales.

Estos cambios no hacen sino incidir en los procesos de socialización y educación. No hay más que reconocer la existencia de un modelo económico basado en la globalización de los mercados financieros y la aceptación de un sistema laboral flexible y cambiante al albur de las necesidades productivas, para entender la necesidad de una educación igualmente cambiante, no basada en la transmisión de saberes, sino en el aprendizaje de tareas tendentes a la creación de conocimiento. Los contenidos escolares se están interrelacionando más con el mundo laboral, primando la competencia sobre el conocimiento, la información y la creatividad sobre la reproducción; mientras que los profesionales de la educación ya no son sólo los presentes en los recintos escolares quienes con su vinculación al entorno pueden garantizar la transmisión de los conocimientos. Hoy en día, incluso los valores cambian al albur del progreso tecnológico, a través de los nuevos sistemas de comunicación, cesando el largo proceso de introducción a la cultura del grupo familiar y social, en beneficio de una rápida y eficaz socialización de corte individualista, y más próxima al grupo de iguales.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

La educación es una cuestión social y como tal ha de implicar a la familia, a los centros educativos, a los barrios, a los ayuntamientos, a la administración y a toda la sociedad en general. De que toda la sociedad acepte y se responsabilice de su compromiso con la educación, depende en gran medida conseguir un entorno educativo de aprendizaje rico y saludable. Entre todas se trata de conseguir un contexto propicio hacia el aprendizaje. Se trata de reconstruir la educación como un proyecto de las personas, de formación cívica y de igualdad efectiva de oportunidades para todo el mundo, y esta es la línea fundamental que envuelve el proyecto de Verdes de La Rioja-ECOLO.

El sábado once de abril, FAPA-Rioja invitaba a las asociaciones de madres y padres, profesores, profesionales de la educación y administración a una jornada sobre actuaciones de éxito escolar para todas, y no sólo para unas pocas calificadas con el grado de excelencia. Se trataba de huir de un modelo segregacionista, precisamente en una región caracterizada por ser una de las que exhibe mayor porcentaje de abandono escolar temprano (el 37% en 2008), y pese a la propaganda triunfalista de las estadísticas PISA manejadas por él gobierno riojano. A propósito del informe PISA, este recoge únicamente los conocimientos que el alumnado va adquiriendo en las diferentes etapas de su vida, omitiendo aquí lo referente a la inteligencia emocional, a la felicidad de cada estudiante, su grado de socialización, etc., y por esto nos encontramos con la terrible contradicción de un alto grado de competencias básicas junto a una falta de educación en valores, emociones y sentimientos que prepare a las personas para la vida adulta.

Finlandia, un país que en el informe PISA es tomado como modelo de excelencia por el gobierno riojano, prohibió desde 1985 apartar a nadie en aulas para niveles con capacidad diferente. Las aulas finlandesas se organizan en grupos heterogéneos de estudiantes, (mejor cuanta mayor heterogeneidad), profesores, familiares, profesionales, voluntarios, etc., donde se trabaja de forma dialogante, democrática e igualitaria. Entienden que los grupos humanos del futuro serán heterogéneos, donde convivirán comunidades con creencias religiosas diferentes, orientaciones sexuales, capacidades y culturas diversas,  y que se trata de mejorar el aprendizaje y los resultados de todas sin exclusión, para que la diversidad cultural y étnica sea de éxito.

Por su parte, las diferentes propuestas que han ido planteando los partidos políticos convencionales, van encaminadas cada vez más a un tipo de sociedad productivista, de crecimiento ilimitado, incluso a costa de aumentar nuestra deuda ecológica. La deuda ecológica es en esencia la responsabilidad que adquirimos por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por nuestros patrones de consumo y producción, afectando la sostenibilidad local y el futuro de las generaciones venideras. Sin ir más lejos, el plan Bolonia para la Universidad está pensado para conseguir trabajadores en esta sociedad productivista, omitiendo casi por completo uno de los ejes que regía en las universidades, el placer de aprender, salvo quizás, aquellos que se insertan en la Universidad de la Experiencia.

Señalaba FAPA-Rioja que la Escuela sola no puede acometer la transformación de la realidad educativa, y que necesita de toda la Comunidad para conseguir los mejores resultados para todo el alumnado, sin excepción. Apuestan por una transformación que lleve a nuestras escuelas hacia la eficiencia y hacia la equidad, es decir, hacia los mejores resultados sin que nadie quede excluido, basándose en teorías y evidencias empíricas avaladas por la Comunidad Científica Internacional. Hoy en día, en la Unión Europea se está llevando a cabo la mayor investigación que nunca se ha realizado en este campo: el Proyecto Integrado  INCLUD-ED [http://www.ub.edu/includ-ed/es/about.htm] de la prioridad 7 del VI Programa Marco de la Comisión Europea. Pues bien, los primeros resultados presentados al Parlamento Europeo en 2009 avalan a las Comunidades de Aprendizaje como centros eficaces e inclusores.

Las Comunidades de Aprendizaje superan el fracaso escolar y los problemas de convivencia a los centros educativos, y apoyar la constitución de Comunidades de Aprendizaje es apoyar un proyecto de transformación social y cultural de los centros educativos y de su entorno, para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, mediante una educación participativa de la comunidad.

VIGILAR Y CASTIGAR MENORES

Hace pocos días tuvo lugar una pequeña manifestación en el pueblo de Seseña (Toledo), en protesta por la muerte de la adolescente de trece años Cristina Martín a manos de otro adolescente de su edad, y en la que se quejaban de la supuesta impunidad que tienen los delitos cometidos por menores.

Fue una manifestación de protesta que ya se ha repetido puntualmente en casos parecidos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, y siempre enarbolando la petición de modificar la ley del menor con el objetivo de que se rebaje la edad penal de los menores y adolescentes, o bien que cumplan condenas de cárcel una vez adquieran la mayoría de edad a los dieciocho años. Incluso hay quienes han solicitado la aplicación de la ley de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas, para que los delitos de los menores sean considerados a la misma altura que los terroristas o el crimen organizado. Y en la línea del ingenioso y sarcástico Federico Trillo, los hay que demandan la cadena perpetua condicionada, todo un homenaje al disparate nacional arropado por la imaginación de un legislador inquisidor.

A pesar de que la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, desde que se publicara en enero de 2000 ha sufrido hasta cinco modificaciones, casi a una por cada ocasión de alarma social (más bien alarma mediática y partidaria), la petición de endurecimiento de las penas se ha mantenido constante frente a la demanda de medidas de carácter preventivo o protector. Tal parece que los menores y adolescentes del siglo XXI se han convertido en una amenaza para el orden social de los adultos, como ya ocurriera en los siglos más oscuros de la historia social en los que la consideración acerca de los niños como seres angelicales e inocentes se transformó en la apreciación de ángeles oscuros o demonios, capaces de las mayores crueldades. Sobre esta base de que los niños no son tan inocentes  se encuentra la justificación de los doce años como edad suficiente para considerar sus acciones, como iguales a las de un adulto al que castigar por sus faltas y delitos con penas de cárcel y encierro en recintos adecuados.

Lo curioso y desalentador de esta forma de entender leyes y normas punitivas, virtud de una mentalidad de siglos anteriores, es que se pretendan aplicar sobre niños del siglo XXI. Una realidad de adultos aplicada a una realidad de niños y adolescentes, en la que mientras unos juegan con el espacio físico, la economía y el futuro de la tierra, los otros juegan a la Play, el móvil o Internet. Realidades enfrentadas y hasta contradictorias, pues mientras unos se sienten creadores, otros proyectan su creación; unos son adultos conscientes y definidos y otros son menores con imaginación y sin identidad o, en todo caso, con una identidad en construcción donde los modelos ya no son sólo los adultos (padres, familia, escuela, religión), sino los que imaginan que son como adultos, sus colegas de Tuenti o de cualquier otra red social.

Curiosamente las dos niñas implicadas en el caso de Seseña chateaban en Tuenti pese a que eran menores de catorce años; es decir, se habían inventado y construido una identidad falsa con la que se integraron en la red. En la red, las niñas, niños y adolescentes reinventan su identidad de forma gratuita sin el concurso de los adultos, que sólo consiguen hacerse visibles y ocupar un lugar en el mundo mediante la compra del mismo. Tanto en la red Tuenti como en Facebook, se han creado grupos que propugnan justicia en sus muros, destacando con textos, fotos y videos el carácter angelical de la víctima y el carácter demoniaco de la agresora, azuzándose los miembros de dichos grupos en petición de venganza con toda clase de historias, improperios y solidaridad con las familias de las víctimas. Incluso cobra fuerza en estos grupos la sospecha de que fue la invitación de amistad en la red a un chico, lo que pudo originar la disputa entre estas niñas que trágicamente acabó con la muerte de una de ellas.

Mas dejando de lado la configuración, construcción y modelación del niño que, desde luego, no ha sido uniforme ni continua a lo largo de la historia, nos encontramos con la existencia de establecimientos donde se encierra a los niños, niñas y adolescentes con un afán punitivo que repugna a la conciencia de los adultos sensibles a los derechos fundamentales de los mismos. Los centros de reforma, de protección de menores y de acogida a menores inmigrantes no acompañados, se han convertido poco a poco en establecimientos carcelarios de los que, incluso el Defensor del Pueblo, llegó a denunciar cuanto habían expuesto públicamente en numerosas ocasiones las asociaciones, ONGs y organizaciones de apoyo a la infancia y la juventud, a propósito de las innumerables irregularidades (producidas principalmente en establecimientos con gestión privada), como la excesiva rigurosidad en los métodos de contención, incluyendo el uso de violencia física; el uso abusivo e indiscriminado de medicación, la intimidación psicológica, el aislamiento en celdas, etc.

Pese a que el debate social ha mostrado su oposición a que estos establecimientos se encuentren gestionados por entidades privadas, en el huerto riojano se riega contracorriente y la consejera para la privatización de los servicios sociales acomete sin apenas despeinarse la tarea encomendada. Resulta cuando menos irónico que fuera la diputada del PSOE Inmaculada Ortega, actualmente expulsada del hemiciclo por su carácter desafiante al PP (más o menos como si expulsaran de La Rioja a unos cuantos miles de riojanos por defender puntos de vista contrarios), quien el pasado mes de marzo presentara una proposición no de ley sobre la privatización de la Residencia Iregua y recibiera como respuesta, que el propósito de las críticas a las entidades privadas Diagrama y O´Belen interesadas en su gestión están orquestadas por los sindicatos.

Vamos, que la falta de eficiencia de la gestión privada que puede llevar a gastos superiores al millón de euros al año, que el despido de trabajadores en activo con formación y experiencia suficiente, y que la pérdida de los objetivos de protección a menores aplicando criterios educativos de reinserción, no son mas que insidias sindicales; por que lo relevante es la política de externalización de los servicios públicos mediante su privatización. El dinero debe fluir del conjunto de todos los bolsillos riojanos a la caja fuerte de unos pocos empresarios y, para conseguir apoyos, nada mejor que excitar los instintos de venganza y castigo. Parafraseando el libro de Michel Foucault, se trata de vigilar y castigar menores.

CARA Y CRUZ DE LA EDUCACION

Este artículo se publicó en Rioja2.com el uno de diciembre de 2009. Mi intención era que la necesidad de firmar un pacto por la educación no desviara la mirada de la importancia de apoyar por encima de todo a la escuela pública y laica.

Escuchamos desde hace días, como si de un mantra se tratara, que es necesario firmar un gran pacto por la educación. Unos dicen que debe formalizarse entre los partidos políticos. Otros entienden que este pacto debe suscribirse entre gobierno central y gobiernos autonómicos que tienen transferida esta competencia. Otros abogan (el ministro entre otros), por un pacto que englobe a todos los agentes educativos incluyendo sindicatos y organizaciones profesionales, consejos escolares, asociaciones de padres y madres, de estudiantes y, por supuesto, grupos políticos insertos en el Parlamento. Pero claro, un pacto educativo en el que intervienen tantos actores y con intereses tan diversos es más bien la cuadratura del círculo, máxime cuando no existen por parte de casi ninguno objetivos generales, del bienestar general o del común de los ciudadanos, sino que cada uno busca satisfacer sus demandas o necesidades particulares, de poder, prestigio, dinero o status.

Conocedor el ministro Gabilondo de la vastedad de esta tarea de aunar voluntades en torno a un documento sobre el que estampar la firma, ha comenzado por lanzar, como si se tratara de una tormenta de ideas, algunas líneas, más vagas que concretas, sobre las que comenzar a elaborar ese documento. Por ejemplo, ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años y elevar el nivel de titulación obligatoria (ahí se encuentran algunas demandas en favor de disminuir la carga docente de la ESO y aumentar la del bachillerato), reformar la formación profesional elevando el nivel de sus exigencias hasta competir con los estudios universitarios, acabar con las reformas escolares y las leyes impulsadas en función del cambio de gobierno, y otras cuestiones que no son menores pero sí con menos impacto mediático, como reforzar la autoridad del maestro, dar una formación continua al profesorado desvinculándola de mejoras en el nivel retributivo, aumentar el grado de participación de las familias, elevar el gasto de la educación no universitaria por encima del gasto medio de la OCDE en relación al PIB, etc., etc.

Vale, un conjunto de buenos deseos alejados de la realidad del modelo educativo español, aún sujeto al pasado inmediato de la escuela nacional-católica basado en la segregación en función de la clase social, el género y la etnia, que distribuía a los niños en escuelas segregadas según fuera el nivel socioeconómico de las familias (en escuelas públicas o en centros religiosos –hoy concertados-), o según fueran niñas (en aulas distintas y separadas de los niños) y según fueran gitanos (hoy también los hijos de inmigrantes). El modelo educativo español tiene otras cosas que le separan aún más del conjunto de países europeos que los resultados que ofrece el Informe PISA, y es que con dinero público se financia la educación privada, elitista y religiosa (católica por supuesto). Por si esto fuera poco, dos tazas de caldo: la educación privada en España supone algo más del 30% del conjunto del sistema educativo, veinte puntos por encima de la media europea. Así, el resultado de esta situación especial si se quiere incrementar el gasto en educación y mejorar el sistema público educativo, es que a la vez hay que mejorar los resultados económicos de la segregacionista educación concertada.

Vaya dilema, si queremos ponernos a la altura de los países que mejor funcionan del mundo y donde los jóvenes salen mejor preparados para la vida, tendríamos que romper con el modelo segregacionista y retomar el modelo europeo de escuela pública y laica. Un modelo partidario de la educación para la ciudadanía y alejado del crucifico en las escuelas, como sentenció el tribunal de Estrasburgo el pasado tres de noviembre. Pero, según sentenció también el tribunal constitucional español, hay que garantizar la libertad de elección de centro de los padres, y para garantizar este derecho constitucional hay que financiar los centros privados y religiosos con dinero público que se detrae de la escuela pública y laica. Jesús, qué cruz.

LA COEDUCACIÓN

Este artículo se publicó en Rioja2.com el veintiséis de noviembre de 2009. Recuerdo que entonces estaba hablando con mis alumnos jóvenes y adultos sobre las relaciones de género y que pocos sabían nada acerca de la coeducación, lo cual me animó a establecer las bases de un debate con este texto.

Un juez de la Audiencia de Cantabria absolvió la pasada semana a un joven de catorce de años de un delito de violencia de género hacia su novia al considerar que era un enamoramiento propio de adolescentes, sin proyecto de futuro, y que por tanto no era equiparable a la relación de pareja que exige el Código Penal. Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, señalaba esta semana que la violencia de género no es una cuestión de edad, corroborándolo a través de datos como el hecho de que sean más del 32% las órdenes de protección que provienen de mujeres menores de treinta años, en casos de violencia de género, o que el 17,7% de los hombres menores de esa edad piensa que ser agresivo les hace más atractivos, una opinión compartida también por un 4% de las mujeres.

Si todos estos jóvenes han nacido en democracia y se han beneficiado de las conquistas sociales de sus padres en materia de igualdad, qué ocurre o qué ha ocurrido para que persistan las actitudes y comportamientos propios del más rancio machismo de los tiempos de la dictadura. A mi modo de ver falta formación, socialización en los valores propios de la coeducación.

Pero para que el modelo educativo igualitario, para que la coeducación tenga impronta entre los jóvenes, no es suficiente que alguien se encargue de impartir clases de igualdad, ni tampoco que se implante una asignatura sobre igualdad en un curso concreto, sino que es necesario que los valores de la igualdad impregnen los programas educativos de cada centro durante toda la vida escolar, de modo que la formación del alumnado tenga siempre un horizonte igualitario. Y también es necesario que en el seno de los hogares se negocie la participación corresponsable en todas las actividades desarrolladas en su interior sin distinción de sexo o edad, pues es en el interior de los hogares donde mejor se puede llevar a cabo esta formación, esta socialización en la igualdad.

Recientemente se preguntó a más de doscientos jóvenes universitarios de entre 18 y 29 años por su participación en las tareas domésticas, y especialmente en la limpieza de los cuartos de aseo y baño, y más de la mitad (hombres y mujeres) no habían llegado a ningún acuerdo de corresponsabilización en dichas tareas, principalmente entre los más jóvenes. Tan sólo entre aquellos que habían iniciado una relación de pareja habían negociado su participación en el desarrollo de estas tareas, sin adscribirlas a un determinado sexo, como sí ocurría entre los más jóvenes, que declaraban no haber realizado otras que las asumidas por mandato. Pero aún hay más, cuando se les inquiere por su educación sentimental y afectivo sexual, pocos, muy pocos la han recibido en sus hogares y ninguno en el sistema educativo, si obviamos las charlas de una hora o los folletos que se dieron en algunos centros.

Hay un gran desconocimiento del valor de la coeducación y sobre todo no hay una praxis de la misma, dejando todo, como la economía, al socaire del mercado que sigue promoviendo el sexismo para la venta de sus productos. Y al socaire de los fundamentalistas de aquellas organizaciones religiosas contrarias a la igualdad, que imparten doctrina, no desde los púlpitos, sino desde los estrados de las escuelas, imponiendo un modelo que hunde sus raíces en la discriminación en función del sexo. Por todo ello es bueno que haya materias cívicas, de moral y ética cívica, como cuando se desarrolle y extienda por todo el curriculum escolar la “Educación para la ciudadanía”, pero también que los principios y los valores de la coeducación impregnen todo el sistema educativo, extendiéndose finalmente a los hogares y las familias.

En cierta ocasión (Giró, 2005) señalaba que la coeducación acepta la diferencia de hombres y mujeres y parte de ellas, pero no las jerarquiza. Integra los aspectos valiosos de ambos géneros y fomenta el desarrollo de todas las personas. En este sentido, la coeducación se fundamenta en el desarrollo de las habilidades para la vida tanto en las chicas como en los chicos, de forma que se puedan compartir corresponsablemente los espacios públicos y privados. Que las chicas asuman los conocimientos que precisan para desenvolverse con éxito en la vida pública, como que los chicos adquieran aquellas habilidades que son imprescindibles para actuar de manera autónoma y solidaria en las distintas esferas de la vida privada. Porque la coeducación es educar a los chicos y chicas de modo que puedan establecer en su momento unas relaciones sin que se genere dependencia de ningún tipo, ni de cuidado personal, ni emocional, y promoviendo que desde la autonomía personal se pueda vivir una interdependencia sana y adulta.

PACTO POR LA EDUCACIÓN

El once de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este artículo sobre el Pacto por la educación y el interés de la jerarquía católica por seguir controlando este instrumento fundamental de socialización.

La educación ha sido considerada desde los orígenes del pensamiento occidental un instrumento esencial para el mantenimiento del orden social, es decir, para la reproducción de la diferenciación social de los ciudadanos. El proceso de socialización de las personas que se lleva a cabo en las aulas, es decir, el proceso de transmisión de la cultura, es esencial para el mantenimiento y la reproducción del orden social. Puede afirmarse que la cultura y el sistema social, una vez integrados en la personalidad de las personas, pasan a convertirse, en una obligación moral, en la regla de conciencia y en la manera de obrar, de pensar o de sentir que parece «natural» o «normal».

Y es que la función política de la escuela ha sido manifiesta desde que el Estado asumió la responsabilidad de la formación del ciudadano, es decir, desde que asumió la regulación y control de la población por cauces diferentes a la mera coacción directa propia de las fórmulas del Antiguo Régimen, donde la Iglesia ejercía su predominio socializador. Antes de la industrialización existieron, sí, instituciones como los hospicios, las escuelas parroquiales y dominicales, antecedentes de la enseñanza primaria actual en el disciplinamiento del pueblo llano, pero ni su presencia era algo determinante en la vida de la mayoría de los individuos, ni su función era la de formar ciudadanos. En cuanto a la Universidad, no cabe duda de que fue la institución estelar de la concepción estática e inmovilista del saber que presidió los siglos de vigencia de la sociedad estamental; precisamente por ello, fue el centro de las críticas de los ilustrados del siglo XVIII y de la nueva concepción del saber.

Una de las ideas centrales de ese movimiento de reforma fue la nueva concepción utilitarista de una educación garantizada por el Estado que sería la clave de la prosperidad de una nación. Como resultado del desarrollo de esta idea y paralelamente a las primeras legislaciones contemporáneas sobre la educación básica y obligatoria, surgieron los nuevos planes de estudio, los primeros intentos de crear currículos nacionales, libros de texto y manuales. Todos ellos son elementos integrantes de un proceso de sistematización de la enseñanza, que el sociólogo riojano Carlos Lerena resumió en cuatro características mutuamente interdependientes: uniformización, secularización, centralización y estatalización.

No muy lejos de este excursus sociohistórico, el presidente de la conferencia episcopal española, Antonio María Rouco Varela, aseguraba la semana pasada, cuando inauguró el curso académico en la Universidad Pontificia de Salamanca, que la Iglesia «debe estar presente» en el pacto por la educación, puesto que el Estado «no puede ser el dueño monopolizador de la educación y debe contar con la sociedad». Rouco Varela aseguró que «la Iglesia debería estar en el pacto por la educación y en todas las realidades sociales que tienen que ver con la educación».

Una vez más la Iglesia quiere seguir presente en la escuela, pero no sólo como mera transmisora de conocimientos y habilidades que se integran en el currículum; su verdadero interés es el de la transmisión del programa ideológico, de las actividades y valores subyacentes que se inculcan a los alumnos en la práctica educativa. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia subyacente entre estudiar asignaturas como “el hecho religioso” o “la religión católica”: con la primera podríamos «conocer» las creencias de la religión católica, mientras que con la segunda “participaríamos” de ellas.

Tiene razón el lince señor Rouco y sus organizaciones fundamentalistas cuando piden estar en cualquier pacto por la educación. Como ellas podrían operar las Madrás islámicas o las Ieshivot judías y así conseguir un país multireligioso, pleno de vocaciones. Lástima que España sea un país laico y democrático. Mecagüen…