Qué hartazgo las explicaciones e incontables contradicciones que manifiestan los partidos de derechas que gobiernan en Extremadura y Aragón, al tratar de definir lo que entienden por arraigo nacional, y que marcan como principio de coalición en estos y en futuros gobiernos. El eslogan con el que se arropan es el de la prioridad nacional, de los españoles, de los que se sienten o se encuentran vinculados a España, de los que han arraigado en la cultura española.
Pero la cultura española no es algo estático, ni estable, sino cambiante e interactivo. Por esto, frente a quienes pretenden convencernos del carácter monolítico y homogéneo de las propias identidades y esencias nacionales (sean éstas cuales sean), hay que afirmar el carácter histórico, contingente, complejo, dinámico y plural que define nuestro arraigo social y cultural. No tenemos, ni somos, una identidad, sino muchas, o en todo caso una identidad compleja, que viene a ser el resultado, en un momento histórico determinado, de la confluencia de una multiplicidad de relaciones sociales y culturales, a veces en conflicto, que nos hacen precisamente irrepetibles.
Pensar la cultura e identidad española de manera esencialista, inmutable y excluyente, es el modo en que se adopta una versión defensiva contra la supuesta invasión del no nacional, del extranjero. Sobre todo, porque se piensa que la nuestra es la Cultura verdadera, la única compatible con la democracia y los derechos humanos. El resultado de esa idea identitaria es jerarquizar y excluir y, de ese modo, se dramatizan su alcance y consecuencias en términos de incompatibilidad.
Por tanto, la dificultad no está en la existencia de diversidad cultural, sino en el patrón desde el que se gestiona esa diversidad. Una sociedad donde convive una gran diversidad concibe la cultura en relación con las otras culturas, con otras realidades y con otras formas de concebir e interpretar el mundo; a su vez, contempla la propia cultura de un modo no estático ni estable, sino cambiante e interactivo. La concepción estática de la cultura deriva a menudo en el esencialismo, el fundamentalismo cultural; y éste es el origen frecuente de la generación de etiquetas y estereotipos culturales, que a su vez constituyen el germen del racismo y la xenofobia.
La característica predominante de la exclusión social en España es su gran heterogeneidad, con diferentes y diversos itinerarios que cada vez se relacionan más. Es un fenómeno multicausal donde se combinan y asocian factores estructurales e individuales, y que en general ha sido categorizada a partir de las situaciones problemáticas de carácter laboral (pérdida de empleo, parados de larga duración, etc.), y social (discapacidad, divorcio, aislamiento, marginación, inadaptación, etc.). De entre todos ellos, la pérdida o ausencia de la vivienda ha sobresalido, pese a que en la última década (2015-2025), las ejecuciones hipotecarias y desahucios en España han mostrado una tendencia descendente generalizada tras el pico de la crisis financiera, aunque con repuntes puntuales.
Y si bien los desahucios hipotecarios han bajado, los derivados del impago del alquiler pasaron a ser mayoritarios, representando cerca del 75% del total recientemente. En La Rioja, en 2025, se registró el menor número de desahucios en más de una década y contabilizó 85 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual, la cifra más baja desde, al menos 2014, cuando fueron 333, lo que se traduce en un descenso en este periodo de cerca del 75%. Es más, el número no bajaba del centenar en todos estos años. Sin embargo, la portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja que sustituye a la Plataforma de afectados por la hipoteca destacaba que los desahucios por la falta de pago de alquiler superan a los hipotecarios, respondiendo a la actual tendencia de un mayor número de viviendas en renta que en propiedad.
Y es que el mercado está experimentando una transición de un modelo tradicional de propiedad a uno con mayor presencia del arrendamiento, aunque continúa siendo minoritario en España. La exigua oferta de vivienda protegida en alquiler aumenta la insuficiencia de la vivienda social, que se constata en el esfuerzo económico de los inquilinos que destinan de media un tercio de sus ingresos netos al pago del alquiler, superando el 100% en zonas tensionadas como Madrid o Barcelona. Por su parte, el alquiler en La Rioja cerró 2025 con un aumento cercano al 10%. Y en Logroño, según el sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, una persona con ingresos de 2000€ dedica el 37,87% al alquiler.
Sin ambages, podemos afirmar que la vivienda ha pasado a convertirse en una mercancía y ha dejado de ser un derecho fundamental, tal y como señala el artículo veinticinco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ya sé que esta afirmación es compartida desde hace muchos años, pero como si fuera recurrente, desde que empezó 2026 venimos escuchando o leyendo situaciones relativas al derecho constitucional de una vivienda.
En enero, cuando se presentó el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, se observaba un aumento de la exclusión social severa. Esta exclusión social se crea y retroalimenta a partir de la vivienda y el empleo, a sabiendas de que un empleo no garantiza necesariamente la vivienda y una vida digna. De hecho, las personas en situación de sinhogarismo en la ciudad de Logroño han aumentado en los últimos cinco años.
Y esto nos lleva a dos noticias recientes, una relativa a las personas sin hogar en Logroño, cuando con la llegada del PP al Ayuntamiento de Logroño, el dispositivo de ola de frío para acogerles que se extendía de diciembre a marzo se desestacionalizó, marcando el umbral de cinco grados de temperatura para decidir cada día si hay o no dispositivo. De este modo, aquellas noches que la mínima prevista por la AEMET sea de seis grados, las personas sin hogar duermen en la calle, aunque haya plazas libres en los recursos habitacionales.
La siguiente noticia tiene que ver con la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO), también en Logroño, donde se ha denunciado falta de transparencia, publicidad y ausencia de sorteos públicos en la asignación de 104 viviendas por parte de promotoras privadas y empresas constructoras. Por su parte, el Gobierno local insiste en que el proceso cumple los requisitos legales y que las promotoras eligieron el sistema de adjudicación conforme al pliego de condiciones.
Estas y otras noticias, en su conjunto nos hablan de la falta de adecuación del mercado de la vivienda protegida en propiedad, a las necesidades residenciales de un amplio segmento de la población. Además, la vivienda en España se considera principalmente un bien de inversión, a disposición de un mercado de la construcción altamente especulativo.
Tan sólo una breve relación de aquellos grupos sociales que han sido y son desacreditados, como los inmigrantes (en sus diversas connotaciones), los sin hogar, los discapacitados (principalmente la discapacidad intelectual), los gitanos, los portadores del VIH, los expresidiarios etc., para darnos cuenta de que esta es una comunidad que se organiza en categorías discriminatorias de identidades sociales. Veamos unos ejemplos.
La Audiencia Provincial de Madrid en 2021 avaló el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros no acompañados (conocidos como ‘menas’). El auto de la Audiencia Provincial de Madrid señalaba que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, estos menores representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».
A las personas con discapacidad intelectual se les subestiman sus capacidades y se asume que son personas dependientes, por lo que no se les ofrece trabajo y del mismo modo se les niega el alquiler de una vivienda, por lo que no pueden desarrollarse personal y socialmente. Más recientemente, el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, afirmó durante una homilía que “los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza”.
Las personas sin hogar representan la cara más severa de los procesos de exclusión social. Hablamos de personas que son privadas del acceso a un trabajo, a una vivienda y a los recursos económicos necesarios para su sustento. Personas que se enfrentan a la soledad, a la ruptura de sus vínculos sociales y familiares y, en consecuencia, a la pérdida de la verdadera red social imprescindible para la vida. Las personas sin hogar sufren la aporofobia, es decir, el odio hacia las personas en situación de pobreza. Dormir y vivir en la calle tiene un componente de violencia estructural, que además se ve agravado por la violencia directa de la que son objeto.
Estos pocos ejemplos nos señalan la presencia del estigma y de las personas y grupos sociales estigmatizados en nuestra sociedad avanzada y moderna. Erving Goffman señaló que la sociedad establece las categorías de personas facilitando una serie de atributos que nos permiten identificar la “identidad social” de cada sujeto con quien nos encontramos. Tales atributos pueden a una persona determinada volverla diferente de los demás, convirtiéndola en “un ser inficionado y menospreciado”. Un atributo de estas características es lo que el autor reconoce como estigma, mediante el cual construimos una ideología apropiada para explicar la inferioridad de la persona a quien se atribuye; de hecho, dice que “la persona que tiene un estigma no es (considerada) totalmente humana. Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de vida”.
A través de la historia, la construcción social del estigma ha estado ligada a mitos, miedos y prejuicios y, en la actualidad, definimos la presencia de estigma a través de tres dimensiones: prejuicios, estereotipos y discriminación. Así, el prejuicio es un sentimiento de desprecio, desagrado, miedo o aversión sostenido sin motivo suficiente; es decir inmotivado, que no se fundamentan en hechos objetivos. De este modo, los prejuicios generan estereotipos sociales estigmatizantes que, finalmente, devienen en distintas formas de discriminación, segregación y violencia contra los estigmatizados.
Se ha definido el estigma como comportamientos, señales o marcas físicas de una persona o grupo de personas que indican hechos, acontecimientos peligrosos o conductas de riesgo, que escapan de la norma o constituyen un hecho vergonzoso. El estigma es de este modo, el rechazo que han de soportar las personas que padecen una condición entendida como negativa, por el mero hecho de sufrirla. Y se rechaza lo que se desconoce y lo que se teme. Así, el estigma hace que se aísle al estigmatizado y deje de recibir el trato y la consideración humana que por derecho le corresponde.
La organización social de las relaciones de género se ha fundamentado en la ideología patriarcal, que al considerar como trabajo tan sólo las actividades productivas, apropiadas por y para los hombres, excluía de este modo las tareas de reproducción que adjudicaba a las mujeres. Mediante esta ideología se asignó como actividad pública a todas las tareas de carácter productivo y como actividades privadas a aquellas tareas de carácter reproductivo.
El espacio social determinado por lo público y lo privado, con sus actividades de carácter productivo y reproductivo, y su correspondiente asignación de roles masculinos y femeninos, constriñó lo privado al interior de la casa, del hogar y de la familia nuclear, donde las mujeres realizaron las tareas de cuidado de las personas y las cosas que se encontraban en su interior, mientras los hombres se adjudicaron las tareas productivas en el espacio público. De este modo, la división social del trabajo consumó la organización del espacio social en función del género.
Así mismo, el estado civil de la soltería era un estado que en el caso de las mujeres se avenía mal con la idea preponderante -con siglos de arraigo- de que el matrimonio significaba el éxito y la plenitud de la condición femenina, y la soltería el fracaso, por lo que no dejaba de difundirse que las mujeres no necesitaban para nada una autonomía económica y que no era conveniente un trabajo que la propiciara.
Sabemos que la adquisición por las mujeres de un estatus social en el ámbito público no se produjo de forma inmediata, sino que sucedió de forma paulatina, pues sin abandonar su estatus doméstico como mujer, esposa, madre o hija, fue profundizando en el ámbito extradoméstico, hasta que este espacio público comenzó a transformarse en un espacio común para hombres y mujeres.
El espacio educativo ha sido el espacio público por excelencia para la penetración de las mujeres en el ámbito productivo, que poco a poco han ido ocupando y ejerciendo cada una desde su campo de acción, pese a que en sus inicios fuese una educación excluyente del ámbito público, una instrucción diferenciada y particularizada que fijaba el status de subordinación de la mujer.
Con el auge de las derechas extremas, no sólo en nuestro país sino en buena parte del hemisferio occidental, los mensajes prejuiciosos, con especial ahinco en las redes sociales, que invitan a tomar por cierto que la identidad nacional está en peligro por la llegada de migrantes procedentes de otras naciones, con otras supuestamente culturas e identidades contrarias a la autóctona, no puedo evitar dar un mensaje de tranquilidad a cuantos participan y se hacen eco de tales prejuicios, quie no son otra cosa sino expresiones del racismo cultural.
El racismo cultural se manifiesta a través de explicaciones que se basan en la irreductibilidad de las diferencias culturales (si bien siempre se apostilla, para no declararse abiertamente racista, que deben respetarse), a causa de la situación de exclusión social de los inmigrantes. Esta postura, en la que se entremezclan prejuicios, presunciones y percepciones que no se ajustan totalmente a la realidad, puede resumirse en frases como “la cultura marroquí es…”, o «las mujeres bolivianas son…», etc.
Para empezar, la construcción de una ciudadanía europea no se realiza sobre la existencia de una homogeneidad cultural de sus ciudadanos, ni tampoco sobre unas relaciones de dominación / subordinación entre las diferentes identidades culturales o étnicas de las diferentes naciones que sustentan el espacio europeo. Es más, hoy día se buscan los lazos o se tienden los puentes necesarios para que la diversidad sea un patrimonio común enriquecedor, contrariamente a la idea de que una relación tan diversa es necesariamente una relación condenada al aislamiento. Tampoco la ciudadanía española está construida sobre una supuesta homogeneidad cultural como demuestran las diferencias de carácter regional tanto a nivel idiomático, como medioambiental o cultural. Valga como ejemplo el aumento en la diversidad de las estructuras familiares que está llevando a una modificación de las normas, y a una aceptación social de los cambios y la innovación (aunque no sin oposición), y que a su vez influyen e incentivan el cambio cultural.
En este sentido, la diversidad de las formas culturales de convivencia aportadas a través de la presencia de familias inmigrantes, no se subraya en oposición a unas estructuras familiares rígidas del país receptor, sino que se integra de manera legítima en la pluralidad de modelos familiares. Además, desconocemos, porque no está probado, qué sociedad resultaría más conflictiva, aquella cuya heterogeneidad se basa en las diferencias étnicas, o aquella cuya heterogeneidad se basa en diferencias de tipo económico o posición social.
La convivencia en la diversidad impele a la interacción entre las culturas, reconociendo derechos y valores de carácter universal como son los Derechos Fundamentales del Hombre. Nuestra cultura no es estática y estable, sino cambiante e interactiva, porque la concepción estática de la cultura deriva a menudo en el esencialismo y el fundamentalismo cultural; y éste es el origen frecuente de la generación de etiquetas y estereotipos culturales, que a su vez constituyen el germen del racismo.
Si hay algo que caracterizó al siglo XX fue la exaltación de la juventud, pese a que acabó dando el relevo a un siglo XXI cuya característica principal es el envejecimiento mundial de la población. Sin embargo, este nuevo siglo deudor del pasado, ha heredado el mismo culto a la juventud, a la imagen del cuerpo juvenil, saludable, que hace del mismo un icono cultural hacia el que se dirigen todas las miradas. La imagen y su tratamiento identitario es el dispositivo a partir del cual se organizan, no sólo las relaciones sociales sino la autoestima. Así, buena parte de la población desea retardar u ocultar su envejecimiento mediante la cosmética, el deporte, la medicina o la nutrición. La cirugía cosmética contra el envejecimiento pretende conseguir personas sin edad, en un proceso de reforma continua en el que a veces se pierde ante el espejo incluso la propia identidad.
En esta dirección se buscan soluciones prácticas para cualquier tipo de problema asociado a la vejez, incluidas las enfermedades degenerativas, que si hasta ahora se ocultaban o se consideraban una cuestión familiar, hoy son ya un problema de los poderes públicos y las organizaciones sanitarias de los países desarrollados. Sin embargo esta preocupación social por las enfermedades mentales, no se han resuelto satisfactoriamente los procesos de construcción identitaria de las personas afectadas, manteniendo como en el pasado un estigma que en ocasiones alcanza a los familiares del enfermo.
Si definimos la presencia del estigma a través de tres dimensiones (estereotipos, prejuicios y discriminación) observamos cómo en nuestra sociedad, varias o todas estas dimensiones se encuentran presentes cuando se identifica a una persona como afectada por una enfermedad mental. El estigma, a lo largo de la historia, además de estas dimensiones ha estado ligado fundamentalmente a la discriminación y la exclusión, marcando negativamente al enfermo mental y a su entorno personal y familiar.
En el pasado, las enfermedades mentales han sido tomadas como manifestaciones de carácter mágico o religioso, incluso no identificándolas como enfermedades y atribuyéndoles ese carácter espiritual de posesión por otros espíritus que se manifestaban a través de la persona poseída, en realidad el enfermo mental, al que despersonalizaban, es decir, le arrebataban su identidad.
En la actualidad, el estigma que sufren las personas aquejadas de una enfermedad mental obra sobre ellos despersonalizándolos y aislándolos de su entorno, pues ya no reciben el mismo trato. En general, las personas rechazamos aquello que por desconocido o por imprevisto tememos o nos produce incertidumbre. La ausencia de seguridad que mostramos por el modo de pensar, sentir y obrar de un enfermo mental, consigue la pérdida de relaciones y el aislamiento del mismo tras su inevitable estigmatización. Además, ante la vergüenza y la humillación del enfermo y sus familiares, provocamos que uno y otros adopten una posición de ocultamiento de la enfermedad o del enfermo, aislándolo y profundizando en el estigma con el que se le vincula y aumentando su sufrimiento. De este modo, la estrategia de ocultamiento utilizada a menudo por enfermos mentales o por su entorno familiar, no sólo no ha evitado el estigma sino que ha profundizado en el mismo. Otras estrategias igualmente frecuentes suelen ser la negación del problema, la normalización del mismo a través de intentar ver a los otros como semejantes, y la evitación de aquellas circunstancias que llamarían la atención sobre las diferencias del enfermo y que provocarían la estigmatización del mismo.
En general se desconoce el origen de las enfermedades mentales, y cuando se allega cierto conocimiento, este está contaminado por historias y narraciones de todo tipo más próximas al mito que a la realidad. Se hace uso de categorías como las de normalidad, demencia o cordura que permiten explicar las conductas y el comportamiento de las personas y por extensión reconstruyen su identidad. En estos casos, el etiquetaje es el instrumento utilizado para la identificación de las personas con una enfermedad mental, despersonalizándola, pues dejan de ser sujetos con características propias de la normalidad y se convierten en sujetos aquejados de una patología.
Para los familiares, las conductas, los comportamientos, la pérdida de memoria, la necesidad de cuidado continuo, entre otros, son algunos de los atributos que vuelven diferentes y extrañas a las personas enfermas, que dejan de ser ellas mismas ya que ni siquiera logran autoidentificarse. Al enfermo se le reconoce porque deja de comunicar su realidad personal, sus necesidades, sus intereses; y deja de expresar sus sentimientos, sus afectos o sus gustos para ser sujetos identificados exclusivamente con la posesión de una enfermedad.
Una vez que la persona atraviesa el umbral de lo considerado como normal, deja de ser identificado por su vida o su personalidad para ser tratado como sujeto de una enfermedad despersonalizadora y deshumanizadora que le impide ser él mismo. Y es en este punto cuando el sujeto toma la forma de un cuerpo sin voluntad al que hay que conservar y cuidar. El punto en que deja de ser uno mismo para ser la persona que sus cuidadores deciden que sea; una persona que piensa y actúa por intermediación de sus cuidadores, de acuerdo con la interpretación que hacen estos de su identidad. Hay quien señala que esta forma de actuar de los cuidadores, de carácter despersonalizador para el paciente, puede llegar a considerar el enfermo como carente de las necesidades de las que podría disponer en una situación de normalidad, anulándolo y no dándole satisfacción a cuanto pudiera necesitar realmente. Esta actitud, además se ve reforzada por el discurso del propio colectivo médico que apoya la despersonalización del sujeto enfermo con su diagnóstico.
Algunos cuidadores proceden a tomar la parte por el todo; es decir, hacen extensiva la enfermedad mental al conjunto de la persona, inutilizándola como ser autónomo, independiente y con características propias. Es como si toda su identidad social fuera determinada por la parte significada en el diagnóstico médico. Toman la categoría médica como punto de partida para interactuar y explicar lo que sucede a la persona enferma, relegando la voz del paciente a su cuidado.
Sin embargo, esto no ha ocurrido con la demencia senil, que como nuevo síndrome patológico se inventó la medicina con el fin de representar los desvaríos de la vejez. En este caso, las representaciones populares sobre la enfermedad y el enfermo fueron inicialmente contrarias al etiquetaje médico, pues los desvaríos se encuentran dentro de lo considerado normal dentro de la vejez; y encuentran que es propio de los viejos chochear, desvariar, perder memoria, hacer cosas extrañas. Para los familiares, los aquejados con demencia tienen una enfermedad, pero no entran en la categoría de enfermos, pues la salud de su cuerpo es la normal, la reconocida como normal dentro de las circunstancias personales.
Hoy día sabemos que la tipología de familias no se concreta en la tradicional familia nuclear y familia numerosa, pues del mismo modo que la sociedad y la cultura han ido progresivamente dando paso a una gran diversidad, el concepto y la tipología de las familias también han ido variando en el último lustro, dando lugar a las familias biparentales, con y sin hijos, familias homoparentales, reconstituidas, familias de acogida, adoptivas, familias extensas y familias monoparentales.
Son estas últimas las que más han crecido (el 3% según la última Encuesta Continua de Hogares de 2020). Y son mayoritariamente (81,9%), sostenidas por mujeres, solas o con hijos, por lo que sería mejor denominarlos hogares “monomarentales”. Y son estos hogares donde más ha crecido la pobreza, según el Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España (2022), que señala como el 45,5% de todas las personas que viven en familias monoparentales están en riesgo de pobreza, cifra que es más del doble de la tasa media de todos los hogares. También en La Rioja ha habido un importante crecimiento de este tipo de familias (hasta 12.900 según la ECH de 2020), representando como en el resto del Estado una de las más vulnerables por el riesgo de exclusión social de sus componentes, en su mayoría mujeres con un hijo menor.
Precisamente y dada la falta de una legislación acorde a esta situación, el Gobierno de La Rioja aprobó hace un año (22 de diciembre de 2021), el Proyecto de Ley de Familias monoparentales, y lo remitió al Parlamento de La Rioja para su tramitación y aprobación con el fin de proteger mediante prestaciones sociales este tipo de familias, a la vez que atendía la manifiesta discriminación de género. Sin embargo, ha pasado un año de tramitación parlamentaria sin que este proyecto de ley haya sido debatido, y mucho menos aprobado. Y si tenemos en cuenta que en unos pocos meses se abrirá el periodo electoral, es muy posible que esta ley no vea la luz en esta legislatura, de modo que la desigualdad social y la discriminación de género persistirán sin visos claros de solución.
En días pasados se habló de la llegada del invierno demográfico, por la caída de la natalidad y el aumento de las expectativas de vida. Los analistas apuntan al conjunto de factores que intervienen en la caída de la natalidad y su complejidad para no ofrecer soluciones, si bien no pueden dejar de lado que son las mujeres quienes en definitiva son las protagonistas de este declive o crecimiento de la población, al ser quienes detentan la capacidad reproductora de la sociedad. Ahora bien, las mujeres no toman sus decisiones reproductivas a la ligera, si no que tienen en cuenta las circunstancias personales y de futuro a las que se deben enfrentar con el alumbramiento de un nuevo ser y, estas condiciones, solas o combinadas, son muchas y muy variadas y aquí no tengo espacio para dar cuenta de todas ellas, pero sí de aquellas que determinan las leyes, como la Ley de Familias, que supuestamente iba a ser aprobada en el último Consejo de ministros, pero que se ha quedado esperando en el cajón de futuros.
Esta ley que forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023, supondrá nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos y familiares que faciliten, especialmente a las mujeres trabajadoras, la conciliación familiar y la crianza de los hijos. Es tan sólo un pequeño apoyo, pero al menos reconoce la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran muchas familias en riesgo de exclusión.
Más necesario sería acabar con la injusta discriminación en el ámbito de las familias monoparentales. Esta discriminación respecto a las familias biparentales se muestra en los permisos de nacimiento que, si ya desde enero de 2021 igualaron las dieciséis semanas de la madre biológica con las del otro progenitor, no ocurre lo mismo en el caso de las familias monoparentales que deberían disponer de 32 semanas. La desigualdad en materia de derechos de las familias monoparentales sigue pendiente, pese a que con la ley de Familias se avance en el reconocimiento de éstas como familias numerosas cuando dispongan de dos hijos. En La Rioja llevamos ya un año en trámite parlamentario
Viajar es para quienes pueden viajar, porque de entrada no todos pueden viajar, sólo los occidentales y los ciudadanos de países reconocidos por éstos, y aun éstos últimos con dificultades, pues sus gobiernos pueden denegarles el pasaporte, y los gobiernos de los países de destino el visado. Y si pasan esos filtros administrativos, aun tienen otros que salvar como demostrar solvencia económica, adquirir plazas hoteleras y todo aquello que permita valorar que no se van a quedar una vez finalice el plazo establecido en el visado de entrada. Todos sabemos que los papeles que rellenamos en frontera no son sino una sarta de mentiras que necesariamente hay que firmar y que justifican la mala gestión administrativa, y así y sin empacho podemos decir que aceptamos todas las normas consuetudinarias, que no somos extremistas ni fundamentalistas, que venimos de visita y no a trabajar, así como todo lo que les venga en gana a sus iluminados consejeros. Lo importante es declarar nuestro ánimo de contribuir a las arcas del país al que te diriges y que una vez agotados los recursos económicos nos iremos por donde llegamos porque de lo contrario nos declararán ilegales, carne de cárcel y expulsión.
Es verdad que hay muchos que consiguen pasaporte, visado y hasta disponen de recursos económicos para viajar seguros, pero sabemos que según sea el origen nacional algunos tienen vedados aeropuertos, puertos y estaciones. En este caso toman la incierta aventura de la inmigración irregular, pagan a los coyotes que les embarcan en botes inundables o piragüas de la muerte encomendándose a la naturaleza con la vana esperanza de llegar a la Europa que tanto han contemplado en las televisiones, gracias a los satélites de esas mismas potencias que ahora les niegan el paso.
Yo quería ir al Golfo de Guinea, concretamente a Douala (Camerún) y el viaje barato (low cost) consistía en coger la compañía Turkish Airlines que además de financiar el mundial de fútbol parece que también tenía dinero para una revista de papel couche de alto gramaje y fotografías a color de gran tamaño con el desarrollo del autogolpe militar de Recep Tayyip Erdoğan ofreciendo a los pasajeros de la línea un recorrido visual desde las primeras noticias que aparecieron en occidente hasta el triunfo del eufemísticamente denominado moderado islamista Erdoğan. Toda la revista es patética y se encuentra en la línea publicitaria con la que se envuelven otros moderados dictadores y/o militares. Pobres millones de viajeros que una vez pensaron llegar a Europa y se quedaron a vivir en los campos de concentración turcos.
Me dicen que gracias a los vuelos baratos hay más gente que viaja a otros lugares del mundo, y puede ser cierto porque en los viajeros se cifra el beneficio de las compañías aéreas, pues aumentando la clientela lograron competir con ventaja frente a los compañías tradicionales cuyos resultados no están sólo función del número de pasajeros sino en función de los servicios prestados, por ejemplo mediante la distribución de los asientos creando un espacio por butaca superior a las lineas low cost, o destinos sin escalas o bien un tratamiento individualizado de los pasajeros, eso sí, distinto a los VIP, y los menús. Una estrategia reconocida fue limitar el número de aceitunas en los menús, lo que permitió un ahorro sustancioso en las cuentas de resultados al cabo de un año. Curiosamente me fijé en que Turkish Airlines utilizaba en su menú dos aceitunas, una verde y una negra, todo medido con exactitud matemática para que las plusvalías sean las más ajustadas según criterios financieros de cada compañía.
Hoy día, con la crisis financiera muchas de aquellas compañías tradicionales cambian de estrategia y deciden la fusión entre ellas o su diversificación estructural uniendo a su flota de vuelos tradicionales otra flota de vuelos low cost, de modo que todas compiten en las mismas condiciones, con sus flotas de locos y de vuelos tradicionales, de modo que se organizan en torno a la demanda de dos tipos de pasajeros en función de su capacidad adquisitiva. A unos los consideran como de valor añadido y a otros los consideran de segunda clase embutiéndolos en paquetes turísticos del «Todo incluido».
Y luego están los aeropuertos, elementos que hasta ahora se consideraban subsidiarios de la implantación de líneas aéreas o vuelos regulares, pero que con la publicidad del miedo y la paranoia del terrorismo han pasado a ser un elemento crucial en el gran negocio del viajar. Todos los pasajeros nos hemos visto de un modo u otro obligados a pasar por controles infames y humillantes y además obligados a pasar varias horas del viaje en estos interminables hormigueros humanos cuya única salida es la llamada del embarque, y donde la única opción vital que se ofrece es la del consumo. Con una clientela fidelizada durante horas, los aeropuertos se han convertido en un objetivo financiero y comercial de primer orden. Además el negocio estaba asegurado desde el momento en que construidos y pagados por los contribuyentes han sido malvendidos a grupos financieros, unas veces aduciendo pérdidas y otras ensalzando la eficaz gestión privada, ahora bien, sin la pesada carga de los trabajadores, los cuáles nunca entran en los acuerdos como no sea para atender a sus despidos.
