Por primera vez en España, la esperanza de vida al nacer supera los 84 años. Este gran éxito vital que nos sitúa entre los principales países con longevidad elevada, junto a Japón, Corea o Suiza, se ve empañado por la agorera previsión de un país sin relevo generacional, dado que la natalidad sigue en un camino descendente.
Y aquí está la paradoja, pues un aumento de la esperanza de vida y, por tanto, descenso de la mortalidad, ha traído aparejado el descenso de la natalidad, del número de nacimientos, los cuales son cada vez más dilatados en el tiempo vital de las familias o de las mujeres. Y es que no hay un control de natalidad tan eficaz como el aumento de la educación y el trabajo de las mujeres fuera del ámbito doméstico, a los que se puede sumar la situación de precariedad económica y el periodo de edad fértil, cuestiones que han llevado a las mujeres a retrasar el nacimiento del primer hijo a una edad media superior a los 32 años, llegando este año al 10% las que tuvieron su primer hijo por encima de los 40 años.
En un momento dado, hubo quienes pensaron que la baja natalidad de las españolas podría ser compensada por la alta fertilidad de las mujeres extranjeras. De hecho, es cierto que la presencia de mujeres extranjeras ha contribuido de forma notable a los nacimientos en España. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres es el doble entre las extranjeras que entre las españolas (5,61 frente a 12,04). En 2024, representaron uno de cada cuatro nacimientos y, si consideramos a las madres nacidas fuera de España, la proporción es de uno por cada tres nacimientos.
Su nivel de fecundidad (1,27 hijos por mujer) es muy superior al de las madres españolas (1,07 hijos por mujer en edad fértil); sin embargo, ambas madres siguen colaborando en la baja natalidad española y al descenso demográfico estructural, pues los patrones reproductivos de las mujeres migrantes tienden a ser muy parecidos, y con el tiempo se van asimilando a los de la población autóctona del país que los recibe.
Que las mujeres son más longevas que los hombres es un fenómeno relativamente moderno, pues a principios del siglo XX no existían estas diferencias. Por entonces, la reducción de la mortalidad infantil fue decisiva para ampliar la esperanza de vida, pues las ganancias se libraron a edades tempranas y no como en la actualidad que se libran a edades avanzadas.
Todo parece indicar que los principales factores en la mejora en la esperanza de vida de las mujeres durante el siglo XX, aparte de las tendencias que afectan también a los hombres (nutrición y salubridad), pudieran atribuirse al descenso de la fecundidad, las mejoras en la atención al parto y la dedicación de las mujeres a tareas reproductivas.
Pero más allá del hecho de haber disminuido la mortalidad entre los españoles, se encuentra el debate sobre género y esperanza de vida proveniente de la distinción entre cantidad y calidad de vida, de manera que la diferencia de género en años por vivir no derivaría en ninguna ventaja para las mujeres si se tradujera en años vividos con enfermedad o discapacidad, o con impedimentos para desenvolverse de forma autónoma. Así lo muestran dos indicadores útiles, no para medir cuánto se vive, sino cómo se vive. Son indicadores sobre la esperanza de vida libre de enfermedad crónica y la esperanza de vida en buena salud, y ambas ofrecen resultados más favorables a los hombres.
Si esto es cierto, la diferencia en la autonomía de hombres y mujeres no sería real, sino completamente artificial o construida socialmente, en referencia a las expectativas sociales que pesan sobre uno y otro género, puesto que, si hay enfermedades sociales que se imponen como causas fundamentales de mortalidad, también habría dependencias sociales construidas en función del género.
El planteamiento objetivo sería conocer si estas variaciones entre las expectativas de vida de hombres y mujeres son diferencias, es decir, si se deben a su mera condición biológica de ser hombres y mujeres; o si por el contrario son desigualdades, es decir, si es una cuestión de género acerca de cómo se ha organizado históricamente el trabajo reproductivo.
¿Cómo explicar que ahora las mujeres sean más resistentes que en 1900? La respuesta es que la razón de que la esperanza de vida varíe entre los sexos con el tiempo, se encuentra en los procesos de construcción histórica.
Hasta la primera mitad del siglo XX se atribuyeron las diferencias a que los hombres trabajaban duro y en condiciones penosas; e incluso se creyó que la incorporación de la mujer a la vida laboral acortaría distancias, pues al abandonar la seguridad del ámbito de lo doméstico participaría de los riesgos y peligros propios del ámbito de lo público, reservado hasta entonces a los hombres. Se postulaba que las mujeres, al participar en el trabajo productivo, de alguna manera se masculinizaban adquiriendo hábitos y conductas masculinas, fumando, bebiendo, conduciendo automóviles, sometiéndose a la doble jornada en el trabajo, etc.
Estos argumentos se basan en la pretendida existencia de un efecto protector de la reclusión doméstica de las mujeres (las reinas del hogar); y la asunción de postulados androcéntricos, ya que plantea dos justicias distributivas diferentes, una para el trabajo productivo y otra para el reproductivo. Tratar de explicar la eventual pérdida de la salud de las mujeres por su participación en el sistema productivo, es como intentar argumentar que la culpa es de la víctima por abandonar las tareas reproductivas que socialmente se le habían reservado. Una explicación más justa, consistiría en preguntarnos por la responsabilidad de los varones en la reproducción, lo que podríamos llamar el síndrome de inhibición doméstica de los varones.
La pretendida masculinización de las mujeres, su acceso a la producción está matizada precisamente por el mantenimiento de su vinculación al ámbito doméstico. La doble jornada o jornada interminable, sería el factor más certero en la profundización sobre las desigualdades en las expectativas de vida.
Así pues, si añadimos un poco más de justicia a nuestras sociedades y a nuestras casas, consiguiendo no sólo democracia en lo político sino democracia en lo doméstico, se podría lograr una mejoría sensible en las expectativas de vida. La ganancia en términos de salud y esperanza de vida para ambos géneros sería enorme.
Cada poco tiempo, cuando se publican estadísticas demográficas, asistimos a un sinnúmero de mensajes plagados de tópicos que apuntan a una supuesta crisis demográfica, mediante una imagen alarmista que aparece dibujada a través de una sociedad sin niños y en la que no se podrán sostener y pagar las pensiones, cuando lo cierto es que estamos asistiendo a una auténtica revolución reproductiva.
Si observamos el cambio en la estructura piramidal de la sociedad, vemos que los niños que nacen ahora en La Rioja no se mueren como antes (en 1975 eran diecisiete por cada mil nacidos vivos mientras que en 2022 han sido cuatro). Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento es mucho más alta (al principio del siglo XX no llegaba a los 35 años, mientras que en 2022 alcanzó los 83 años). Al aumentar la esperanza de vida ya no es necesaria la natalidad de antaño. Cuando se han ganado años de calidad de vida, la población rejuvenece. la reproducción debe leerse no sólo como la fecundidad, sino también como los años vividos y en este sentido ha habido una revolución.
Hoy los padres se vuelcan en el cuidado de los hijos en todos los aspectos, y estos hijos se volcarán a la vez en el cuidado de los suyos, hasta que las generaciones apenas pierdan efectivos antes de llegar a la vejez, de modo que las altas fecundidades del pasado se vuelven innecesarias y la mujer se ve liberada de aquella “obligación” reproductora, añadiendo un valor altísimo a cada nueva vida traída al mundo.
Lo que sí nos sigue faltando en esta revolución reproductiva son políticas de conciliación, cambios en el sistema laboral que atiendan a la carrera profesional de las mujeres, al desempleo y la precariedad, a las desigualdades de género y, sobre todo, a políticas públicas que redistribuyan de forma más equitativa los costes asociados a la crianza de los hijos/as –sobre todo en los primeros años– entre las familias y la sociedad, y que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados de mujeres y hombres. Pero ese es otro cantar.
En días pasados se habló de la llegada del invierno demográfico, por la caída de la natalidad y el aumento de las expectativas de vida. Los analistas apuntan al conjunto de factores que intervienen en la caída de la natalidad y su complejidad para no ofrecer soluciones, si bien no pueden dejar de lado que son las mujeres quienes en definitiva son las protagonistas de este declive o crecimiento de la población, al ser quienes detentan la capacidad reproductora de la sociedad. Ahora bien, las mujeres no toman sus decisiones reproductivas a la ligera, si no que tienen en cuenta las circunstancias personales y de futuro a las que se deben enfrentar con el alumbramiento de un nuevo ser y, estas condiciones, solas o combinadas, son muchas y muy variadas y aquí no tengo espacio para dar cuenta de todas ellas, pero sí de aquellas que determinan las leyes, como la Ley de Familias, que supuestamente iba a ser aprobada en el último Consejo de ministros, pero que se ha quedado esperando en el cajón de futuros.
Esta ley que forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023, supondrá nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos y familiares que faciliten, especialmente a las mujeres trabajadoras, la conciliación familiar y la crianza de los hijos. Es tan sólo un pequeño apoyo, pero al menos reconoce la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran muchas familias en riesgo de exclusión.
Más necesario sería acabar con la injusta discriminación en el ámbito de las familias monoparentales. Esta discriminación respecto a las familias biparentales se muestra en los permisos de nacimiento que, si ya desde enero de 2021 igualaron las dieciséis semanas de la madre biológica con las del otro progenitor, no ocurre lo mismo en el caso de las familias monoparentales que deberían disponer de 32 semanas. La desigualdad en materia de derechos de las familias monoparentales sigue pendiente, pese a que con la ley de Familias se avance en el reconocimiento de éstas como familias numerosas cuando dispongan de dos hijos. En La Rioja llevamos ya un año en trámite parlamentario
