En días pasados se habló de la llegada del invierno demográfico, por la caída de la natalidad y el aumento de las expectativas de vida. Los analistas apuntan al conjunto de factores que intervienen en la caída de la natalidad y su complejidad para no ofrecer soluciones, si bien no pueden dejar de lado que son las mujeres quienes en definitiva son las protagonistas de este declive o crecimiento de la población, al ser quienes detentan la capacidad reproductora de la sociedad. Ahora bien, las mujeres no toman sus decisiones reproductivas a la ligera, si no que tienen en cuenta las circunstancias personales y de futuro a las que se deben enfrentar con el alumbramiento de un nuevo ser y, estas condiciones, solas o combinadas, son muchas y muy variadas y aquí no tengo espacio para dar cuenta de todas ellas, pero sí de aquellas que determinan las leyes, como la Ley de Familias, que supuestamente iba a ser aprobada en el último Consejo de ministros, pero que se ha quedado esperando en el cajón de futuros.

Esta ley que forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023, supondrá nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos y familiares que faciliten, especialmente a las mujeres trabajadoras, la conciliación familiar y la crianza de los hijos. Es tan sólo un pequeño apoyo, pero al menos reconoce la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran muchas familias en riesgo de exclusión.

Más necesario sería acabar con la injusta discriminación en el ámbito de las familias monoparentales. Esta discriminación respecto a las familias biparentales se muestra en los permisos de nacimiento que, si ya desde enero de 2021 igualaron las dieciséis semanas de la madre biológica con las del otro progenitor, no ocurre lo mismo en el caso de las familias monoparentales que deberían disponer de 32 semanas. La desigualdad en materia de derechos de las familias monoparentales sigue pendiente, pese a que con la ley de Familias se avance en el reconocimiento de éstas como familias numerosas cuando dispongan de dos hijos. En La Rioja llevamos ya un año en trámite parlamentario