MOVILIDAD INSOSTENIBLE

Una mujer se quejaba de un grupo de mujeres que se habían parado para hablar en la calle y le molestaban en su tránsito. Me recordaba a la Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuando la policía daba la orden de “circulen” para evitar la reunión o concentración de tres o más personas. Y es que la calle para esta mujer, así como para la administración municipal, se ha convertido en un territorio que atravesar, por el que circular sin parar, todo lo más, en algún escaparate o en la terraza del café más cercano.

Quienes hemos conocido la ciudad de Logroño como un lugar estancial, donde las calles era el espacio de juego de los pequeños y de relación entre los vecinos y donde los vehículos más usuales eran los de transporte de mercancías, no podemos aceptar que nos dejen espacios mínimos llamados calles, donde nos arraciman y aprietan, sin poder detenernos y hablar, o sentarnos en un banco siempre que haya alguno dispuesto, o a la sombra de un árbol siempre que no lo hayan talado y hormigonado el alcorque. Sabemos que la administración municipal obtine réditos económicos del espacio público, bien por su venta mediante su privatización o bien a través del alquiler, pero debería entender que los espacios públicos tienen dimensiones, no sólo económicas, sino sociales, culturales y políticas, de contacto entre la gente, de relación e identificación, de organización y de actividad.

Es totalmente irracional que Logroño disponga de más de 92.000 vehículos para circular, cuando el número de hogares no supera las 78.000 familias, algunas de las cuales disponen de varios vehículos que exigen y demandan más espacio público por donde circular y aparcar, reduciendo a su mínima expresión el espacio estancial que es, o debería ser, de dominio público y sociabilidad y en el que confluyeran identidades diversas animadas por un uso social colectivo y democrático, y no básicamente privativo.

Así pues, a los gestores de la administración municipal, les digo que no se puede diseñar el espacio público tan sólo en beneficio de intereses privados, sean estos aparcamientos en superficie, o terrazas que jibarizan las aceras. El uso y gestión de lo público no debe hacerse sin la participación de los ciudadanos, sin su concurso, sin la integración de cuantos grupos y colectivos convergen y se relacionan en esos espacios. Logroño no se merece la actual movilidad insostenible.

PRECARIEDAD Y MONOPARENTALIDAD

La precariedad se ha incorporado en el lenguaje para definir, principalmente, aquello que tiene poca estabilidad, duración, que es inseguro, llegando en la actualidad a caracterizar muchos aspectos relativos a la vida cotidiana, como al hablar de un determinado tipo de coyuntura, situación o estado de cosas; de la estructura u organización; de los medios y recursos disponibles, así como de la infraestructura o equipamiento; de la ocupación o puesto de trabajo; del espacio, hábitat o lugar para vivir; de la estabilidad y otros estados análogos; de la existencia humana y, en definitiva, de los derechos o necesidades que se consideran básicos para la supervivencia o el desarrollo (salud, economía, nutrición, atención, asistencia, libertad, formación, educación, democracia, protección).

Lo precario se puede interpretar al menos en tres dimensiones: como condición (ser), como situación (estar, vivir, experimentar procesos de precarización), y como medio o recurso (actuar dentro de ámbitos de precarización). Y es en la monoparentalidad donde se dan las condiciones, situaciones y medios propios de la precariedad. Sabemos que las mujeres encabezan el 80% de las familias monoparentales y que estas duplican el riesgo de pobreza severa respecto a las que tienen dos progenitores.

Si la justicia social hace referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales, asegurando así la dignidad de todas las personas y la cohesión social, nos encontramos que son muchas, muchísimas las madres que en la actualidad están criando sin políticas mínimas y sin un marco de protección, negando esos derechos no sólo a los progenitores, si no de rebote a las niñas, niños y adolescentes que forman esas familias.

En La Rioja, la Ley de marzo de 2023, ya reconoce que “las familias monoparentales conllevan un importante factor de vulnerabilidad, superior al resto de estructuras familiares, ya que este tipo de familia está expuesta a un mayor riesgo de pobreza, a dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y a situaciones de exclusión social”. Sin embargo, el reconocimiento no ha conllevado el desarrollo de las medidas de apoyo necesarias y publicitadas en dicha ley, para superar la precariedad de las trece mil familias riojanas constituidas por un solo progenitor.

Y siguen. Y nos siguen vendiendo humo electoral hsta la próxima legislatura.

TAUROMAQUIA

A modo de declaración personal, ni entiendo la tauromaquia, ni me gustan las corridas de toros. Tampoco creo que se pueda definir como fiesta nacional y mucho menos como cultura española, en todo caso como una actividad, una costumbre compartida por un grupo de españoles cada vez más reducido. Digo esto, al hilo de la polémica creada tras la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, en la que el ministro justificaba su decisión porque ha cambiado la sensibilidad social respecto al maltrato animal y «sólo el 2% de los españoles van a los toros».

Lo cierto es que ya hace unos años, cuando aún coordinaba los cursos de veranos en la UR, sobre “Derecho animal, ética y sociedad”, partíamos desde aquella vieja consideración de los animales como bienes al servicio del ser humano, a unos planteamientos más recientes en los que se reconoce a los animales como seres sintientes y, en consecuencia, merecedores de protección.

En su exposición de motivos, la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, señala que en las últimas décadas ha proliferado en las sociedades más civilizadas un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y defensa de la naturaleza en general y de los animales en particular, convirtiéndose en un asunto de índole cultural que importa al conjunto de la ciudadanía.

Hoy en día, y en nuestro país, se están dictando sentencias que implican privación de libertad para aquellos que cometen delitos de maltrato animal, desde que nuestro Código Civil dejó de considerar cosas a los animales para categorizarlos como seres dotados de sensibilidad. Sin embargo, parece que hablar de derecho animal, animalismo o antiespecismo estuviera acotado, como si la protección animal fuera un tema menor o insignificante.

Otras cuestiones se suman a este debate. Entre las más comunes siempre surge al calor de la discusión los que enarbolan la bandera de la libertad diciendo: a mí me gustan los toros, si a ti no te gustan no vayas, pero no pretendas prohibirlos. Sin embargo, ninguna libertad o derecho (tanto individual o colectivo) es ilimitado. Incluso los derechos y libertades fundamentales (los de nuestro texto constitucional) tienen límites y excepciones.

Es en este punto donde para abordar el debate de la protección animal desde una perspectiva ético-jurídica conviene tener en cuenta algunas consideraciones como la ideología política donde la protección animal nada tiene que ver con una cuestión de derechas o izquierdas, pese al rédito político que se pretenda obtener desde distintas filas, porque ni ser asiduo a las corridas o festejos taurinos te convierte automáticamente en ejemplo moral de español, ni ser antitaurino se traduce en antisistema. La pertenencia de un hecho cultural a la tradición histórica no implica que tenga que perpetuarse en el tiempo.

En el mercado, si la cría de animales para su venta o los espectáculos taurinos son actividades que generan riqueza, cada vez menos si no es por las subvenciones, no es menos cierto que la protección ambiental y animal es un nicho económico con mayor proyección de futuro. Por otro lado, sabemos que existen actividades en el mercado que mueven grandes cantidades de dinero y nadie duda de que son ilegales y/o inmorales (trata de seres humanos, comercio de armas, drogas, etc.).

Centrando el debate, y asumiendo que los animales son seres capaces de sentir dolor, cualquier argumentación que eluda la protección animal pasa por asumir que pudiendo optar por un sistema justo, elegimos otro, injusto. Así que, cuando se atenta contra el medioambiente y los seres vivos que forman parte de él, ya sabemos que se atenta contra la integridad del propio ser humano.

EL DISCIPLINAMIENTO DE LOS CUERPOS

A rebufo del particular mensaje del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que anunció diversas medidas antiabortistas a través de un protocolo de actuación que tendría por objetivo convencer a las mujeres que se plantearan abortar de no hacerlo, entre otras el apoyo psicológico clínico, las ecografías en 4D, el latido del bebé y mayores garantías de protección de datos en la objeción de conciencia, han surgido numerosas réplicas en editoriales y publicaciones de todo tipo, la mayoría vinculadas con la crítica ideológica al partido de extrema derecha VOX.

Sin embargo, muy pocas de estas réplicas han incidido en el hecho de que cualquier medida antiabortista o a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y, a partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre), en realidad están tratando del cuerpo de la mujer. Del cuerpo de la mujer que durante siglos se ha visto sometido a cambios y modificaciones relacionados con los contextos sociales e históricos en los que se desenvolvieron.

Viene esto a cuento de una relectura de Michel Foucault (Historia de la sexualidad. La voluntad de saber), donde se conjuga el ejercicio del poder con la disciplina de los cuerpos y la regulación de la población. El disciplinamiento es un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo. De las consecuencias de su aplicación no hay mejor exponente que la España del siglo XX cuando se proyectó una concepción que identificaba la sexualidad de modo funcional con la procreación, particularmente con la genitalidad, jurídicamente con el matrimonio, conductualmente con la heterosexualidad, genéricamente con el varón, y cronológicamente con el joven/adulto.

A pesar de que un mínimo de conocimiento, contacto con la realidad y espíritu crítico desbancan estas limitaciones, no por ello dejamos de observar que la imposición social de los cuerpos ha permanecido y permanece. Seguimos dominados por una experiencia de siglos en los que se aprendió a disciplinar nuestros cuerpos y a restringir las opciones de nuestra sexualidad.

PLÁSTICOS Y ENVASES

Pese a que, con el nuevo año, en cumplimiento de los acuerdos con la UE en materia de prevención de residuos y economía circular, se incorpora un impuesto de 0,45€ por kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso (envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos como si se presentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancía), seguimos con una legislación de las más bajas de Europa en materia de fiscalidad verde.

Es una medida que va contra el uso excesivo del plástico de un solo uso entre las grandes cadenas de supermercados, pues se trata de fomentar la economía circular y, en esta dirección, se obliga igualmente a los fabricantes a financiar la recuperación de aquellos envases que aparezcan en los contenedores generales o las papeleras y los que se tiren en el entorno, quizás una medida más importante que la propia imposición de una tasa a la producción del plástico, pues de ese modo se obliga a los fabricantes a que asuman el coste integral de la gestión de este material incluso cuando se presenta en forma de residuo. Esta disposición, como opera contra los fabricantes, traerá una reducción significativa de los plásticos.

Menos atención ha recibido el conjunto de los envases (latas y botellas de plástico), cuyo reciclaje sigue en manos de las principales compañías productoras, a través del lobby empresarial de ECOEMBES, pese a que su sistema de reciclaje apenas llega, según sus datos, al 70% de los mismos. Ecoembes se opone frontalmente al sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), un sistema implantado en algunos países, como Alemania, con un éxito comprobado superior al 90% en la recuperación para su reutilización, gracias a contenedores donde las personas reciben una pequeña cantidad de dinero en el momento de su retorno. Lo más próximo que acepta es el sistema RECICLOS, por el que mediante una app se escanea el código de barras de la lata o botella de plástico a reciclar, y luego se escanea el código QR que hay en un contenedor, aunque el ciudadano digital no recibe dinero, pues se destina a ONGs

LEY FAMILIAS MONOPARENTALES

Hoy día sabemos que la tipología de familias no se concreta en la tradicional familia nuclear y familia numerosa, pues del mismo modo que la sociedad y la cultura han ido progresivamente dando paso a una gran diversidad, el concepto y la tipología de las familias también han ido variando en el último lustro, dando lugar a las familias biparentales, con y sin hijos, familias homoparentales, reconstituidas, familias de acogida, adoptivas, familias extensas y familias monoparentales.

Son estas últimas las que más han crecido (el 3% según la última Encuesta Continua de Hogares de 2020). Y son mayoritariamente (81,9%), sostenidas por mujeres, solas o con hijos, por lo que sería mejor denominarlos hogares “monomarentales”. Y son estos hogares donde más ha crecido la pobreza, según el Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España (2022), que señala como el 45,5% de todas las personas que viven en familias monoparentales están en riesgo de pobreza, cifra que es más del doble de la tasa media de todos los hogares. También en La Rioja ha habido un importante crecimiento de este tipo de familias (hasta 12.900 según la ECH de 2020), representando como en el resto del Estado una de las más vulnerables por el riesgo de exclusión social de sus componentes, en su mayoría mujeres con un hijo menor.

Precisamente y dada la falta de una legislación acorde a esta situación, el Gobierno de La Rioja aprobó hace un año (22 de diciembre de 2021), el Proyecto de Ley de Familias monoparentales, y lo remitió al Parlamento de La Rioja para su tramitación y aprobación con el fin de proteger mediante prestaciones sociales este tipo de familias, a la vez que atendía la manifiesta discriminación de género. Sin embargo, ha pasado un año de tramitación parlamentaria sin que este proyecto de ley haya sido debatido, y mucho menos aprobado. Y si tenemos en cuenta que en unos pocos meses se abrirá el periodo electoral, es muy posible que esta ley no vea la luz en esta legislatura, de modo que la desigualdad social y la discriminación de género persistirán sin visos claros de solución.

FAMILIAS Y LEYES

En días pasados se habló de la llegada del invierno demográfico, por la caída de la natalidad y el aumento de las expectativas de vida. Los analistas apuntan al conjunto de factores que intervienen en la caída de la natalidad y su complejidad para no ofrecer soluciones, si bien no pueden dejar de lado que son las mujeres quienes en definitiva son las protagonistas de este declive o crecimiento de la población, al ser quienes detentan la capacidad reproductora de la sociedad. Ahora bien, las mujeres no toman sus decisiones reproductivas a la ligera, si no que tienen en cuenta las circunstancias personales y de futuro a las que se deben enfrentar con el alumbramiento de un nuevo ser y, estas condiciones, solas o combinadas, son muchas y muy variadas y aquí no tengo espacio para dar cuenta de todas ellas, pero sí de aquellas que determinan las leyes, como la Ley de Familias, que supuestamente iba a ser aprobada en el último Consejo de ministros, pero que se ha quedado esperando en el cajón de futuros.

Esta ley que forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023, supondrá nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos y familiares que faciliten, especialmente a las mujeres trabajadoras, la conciliación familiar y la crianza de los hijos. Es tan sólo un pequeño apoyo, pero al menos reconoce la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran muchas familias en riesgo de exclusión.

Más necesario sería acabar con la injusta discriminación en el ámbito de las familias monoparentales. Esta discriminación respecto a las familias biparentales se muestra en los permisos de nacimiento que, si ya desde enero de 2021 igualaron las dieciséis semanas de la madre biológica con las del otro progenitor, no ocurre lo mismo en el caso de las familias monoparentales que deberían disponer de 32 semanas. La desigualdad en materia de derechos de las familias monoparentales sigue pendiente, pese a que con la ley de Familias se avance en el reconocimiento de éstas como familias numerosas cuando dispongan de dos hijos. En La Rioja llevamos ya un año en trámite parlamentario

LA PRENSA RIOJANA ENMUDECIDA Y/O AMORDAZADA

LA PRENSA RIOJANA ESTA ENMUDECIDA O AMORDAZADA cuando se trata de comunicar lo que pensamos las personas. Verdes de La Rioja-ECOLO envío una nota de prensa a propósito del decreto del Gobierno que regula los espectáculos taurinos y que ningún medio se ha atrevido a insertar. La nota decía así:

«El cabeza de lista al Parlamento riojano por Verdes de La Rioja – ECOLO, el doctor Joaquín Giró, lamenta profundamente el nuevo decreto de espectáculos taurinos que acaba de aprobar el Gobierno del Partido Popular.

Afortunadamente, cada vez somos más las personas que vemos la necesidad de relacionarnos con la naturaleza -y especialmente con los animales- de una manera más respetuosa, ética y empática, y por ello consideramos inaceptable la promoción institucional del maltrato y del abuso de animales, en este caso concreto, de “reses de raza bovina de lidia para el recreo y fomento de la afición, sin que la muerte del animal se produzca en presencia del público”, tal y como reza el decreto aprobado.

Verdes de La Rioja – ECOLO muestra su firme compromiso por el respeto también hacia los animales, y por ello no sólo no promocionará ni subvencionará espectáculos con animales, sino que prohibirá cualquier práctica que comporte tortura animal. Además, propiciará una educación no-especista en las escuelas y realizará campañas de sensibilización sobre relaciones justas entre personas y animales, con el fin de potenciar la empatía con todos los seres sintientes y fomentar el amor hacia toda la naturaleza.

Por último, Verdes de La Rioja – ECOLO considera que es necesario adoptar medidas para proteger y cuidar a los animales, de acuerdo con el sentir de la gran mayoría de la sociedad. Además, constituye un paso imprescindible para caminar hacia una humanidad más consciente y justa».

Esta era la nota que las agencias silenciaron y que ahora buscamos extender por la red. Es inadmisible que el Gobierno de La Rioja diga mediante un Decreto que va a regular la realidad actual de los espectáculos taurinos en La Rioja y contribuir a fomentar la afición taurina en nuestra comunidad. Desconoce la realidad, desconoce los valores y la consciencia de los riojanos. Fomentar la violencia y el maltrato animal es propio de quien no tiene sólidos principios morales.

A VUELTAS CON GARZÓN

Esto lo escribí el dieciocho de marzo de 2010

En los últimos meses nos hemos habituado a las noticias que señalan al juez Baltasar Garzón, no como el  juez de la Audiencia Nacional que a lo largo de veinte años se ha dedicado a someter a la justicia los crímenes de Pinochet, el terrorismo de ETA y el fundamentalismo islámico, el narcotráfico, la delincuencia económica, las mafias organizadas, la corrupción política y los crímenes de Estado; sino como el juez sometido a una campaña política y judicial sin precedentes, dirigida a deshacerse de él y evitar que continúe con su actividad. Precisamente en estos momentos, el Tribunal Supremo está considerando el procesamiento y la suspensión del Juez Baltasar Garzón.

El Tribunal Supremo ha admitido hasta tres querellas en su contra. La primera querella por un posible delito de prevaricación, fue admitida a trámite en mayo de 2009 por acusación del sindicato ultraderechista Manos Limpias, a propósito de la investigación abierta por Garzón para averiguar posibles delitos cometidos por el franquismo y durante la guerra civil, y está relacionada con la exhumación de decenas de miles de víctimas de la represión franquista. En esta querella, a Garzón se le acusa de incumplir la Ley de Amnistía de diciembre 1977, que hizo posible la elaboración de la Constitución de 1978 y su aprobación en Referéndum. Sin embargo, numerosos juristas sostienen que el derecho internacional es claro al respecto, y que ni los crímenes contra la humanidad ni los presuntos autores de tales delitos pueden ampararse en leyes de amnistía nacionales, pese a que estas leyes han podido servir en su momento para alcanzar una situación de paz social o de transición, como ocurrió en nuestro país con el paso de la dictadura a la democracia.

Una segunda querella por prevaricación (según el orden temporal de admisión por el Supremo) se formuló a propósito de unos cursos académicos organizados en Nueva York con financiación parcial del banco Santander. Las declaraciones de las entidades han dejado fuera de toda sospecha al juez por lo que es de esperar que esta querella no prospere.

Finalmente, el Supremo ha admitido en pocos meses la tercera querella por prevaricación contra Garzón, esta vez a causa del procedimiento por el que ordenó las escuchas en la cárcel de las conversaciones mantenidas entre los letrados del caso Gürtel y sus clientes imputados, y en la que se ha personado el mismísimo presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Tiene narices que una de las mayores tramas de corrupción política de nuestra historia sea capaz de librarse de la justicia porque el juez que instruye su causa, puede ser encausado a su vez por los mismos delincuentes que pretendía juzgar.

A este paso todos los mafiosos del mundo, los criminales, los narcotraficantes, dictadores y asesinos buscarán refugio en España, sabedores de que si son detenidos y es Garzón quien instruye, podrán contar con el respaldo y el apoyo de jueces y políticos o, mejor dicho, jueces politizados y políticos amigos de la judicialización de la política, que desbaratarán las acciones de Garzón hasta dejarlos libres y con honores.

Los políticos que no hacen política, ajenos al sentir de la ciudadanía y cada vez más lejos de la realidad ciudadana son considerados uno de los principales problemas que tenemos en España. La próxima encuesta del CIS es posible que mejore la posición de los políticos pero será a costa de la creciente crítica a la Justicia y del descrédito del poder judicial, por su clara politización, por su inmersión en la ciénaga en el que se amalgaman intereses personales, envidias corporativas y fidelización partidaria, que dejará muy lejos el Espíritu de Montesquieu y el dogma del constitucionalismo liberal acerca de la separación de poderes.

SOBRE DERECHOS DE JUBILACION Y PENSIONES

Este artículo se publicó en Rioja2.com el dos de febrero de 2010. Por entonces soltaron el anzuelo cíclico de que la Seguridad social puede hacer crack en unos años y, como siempre, sacaron entre otras medidas la de prolongar el periodo de cotización y jubilarse más tarde.

Ahora que cierro un nuevo libro sobre Envejecimiento, donde hablo sobre las prejubilaciones y las jubilaciones en relación a la oportunidad única de acceder  a un futuro de desarrollo personal, libre de las obligaciones propias del trabajo asalariado, va el Gobierno y la OCDE y destapan de nuevo el tarro de las esencias del capitalismo liberal. Hace años,  en la década de los noventa, se oían las voces de aquellos analistas económicos del capitalismo ultraliberal, que apoyados en las proyecciones de los demógrafos, como si de matemáticas exactas se trataran, amenazaban con el fin del Estado del Bienestar y de la prestación de los seguros (principalmente salud y pensiones). Los Informes apocalípticos señalaban con inquietud la llegada de las generaciones de trabajadores más numerosas, las del baby-boom de EEUU y Europa, a su edad de jubilación.

Incluso tuvo un gran éxito editorial el periodista Frank Schirrmacher con su libro El complot de Matusalén (2004), donde advertía que la generación para la que se acuñó el término teenager no había cambiado el mundo con la guerra, sino con su mera existencia. No sólo habían ingerido alimentos, sino que habían modificado los bares, los restaurantes y los supermercados. No sólo habían llevado ropa, sino que habían cambiado la industria de la moda. No sólo habían comprado coches, sino que habían transformado la industria del automóvil. No sólo habían tenido citas, sino que habían alterado los roles y las prácticas sexuales. No sólo habían ido a trabajar, sino que habían revolucionado el lugar de trabajo. No sólo se habían casado después de miles de años, sino que habían transformado la naturaleza de las relaciones humanas y sus instituciones. No sólo habían pedido préstamos, sino que habían cambiado los mercados financieros. No sólo habían utilizado ordenadores, sino que habían modificado las tecnologías.

Los teenager de ayer se convirtieron en los babyboomer de hoy, y la sociedad se enfrentaba a una nueva amenaza. Este pánico a la llegada de los viejos, con el poder de su número y, en un periodo de crisis económica como la de los años noventa, puso todos los decibelios existentes de la OCDE en el altavoz de las pensiones y las jubilaciones. Se amenazó con prorrogar el periodo laboral hasta los setenta años, y como en un mercadillo comenzó la negociación para dejar a todos insatisfechos en un término medio de 67 a 68 años. Y también es cierto que, como ahora, se permitió el aumento de las prejubilaciones como medida económica que proporcionaba enormes ingresos a las grandes empresas, pues nunca sustituyó por población joven la población retirada anticipadamente del trabajo. Y es cierto que se aprovechó para despedir trabajadores y deslocalizar empresas con la misma excusa de la crisis internacional, favoreciendo el trabajo sumergido, principalmente de trabajadores inmigrantes sin regularizar.

Sin embargo, las proyecciones catastrofistas se abandonaron tras un nuevo periodo de crecimiento, que para España supuso la llegada y regularización de jóvenes trabajadores inmigrantes, responsables casi absolutos de los últimos cinco millones sumados al censo. Gracias a estos inmigrantes, se han recuperado relativamente los índices de fecundidad (los nacimientos de madre extranjera en 2006 ascendieron al 20% del total de nacimientos habidos en España), uno de los caballos de batalla de los demógrafos en sus registros de tasas de dependencia.

Pero claro, si se quiere que las españolas tengan más hijos, habrá que poner remedio a las causas por las que han dejado de tenerlos; por ejemplo, la posibilidad de conciliar vida  laboral y familiar, o la posibilidad de adquirir una cierta autonomía económica mediante un trabajo. Por que no olvidemos que la población activa, la población en edad de trabajar sobre la que recae el esfuerzo fiscal para el mantenimiento de la seguridad social, es una población activa devaluada, donde tan sólo participa el 51% de las mujeres. El 49% restante se queda en casa (ni trabaja ni busca trabajo). Posiblemente hace las labores propias de un Estado del Bienestar desarrollado (cuida de las personas dependientes, incluso del marido).

Y los hombres no les van a la zaga, pues aun sin descontar todos aquellos que se encuentran entre los cuatro millones de desempleados, tan sólo cuentan como población activa al 68% de los mismos. Es decir, un 32% viven de las rentas o malviven, pero desde luego no trabajan. En suma, tenemos que cinco de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres ni trabajan ni están en las cifras de desempleo; y sin embargo, nadie se pregunta por ellos, sino por los que quieren hacer uso de su derecho a descansar del trabajo asalariado a los sesenta y cinco años.

Y ahora mismo, a estos viejos que están transformando el mundo simplemente por ser muchos, porque han accedido a una esperanza de vida como nunca existió en la historia de la humanidad, se les quiere recortar sus pensiones o el cálculo de sus miserables pensiones (muy por debajo del gasto medio por hogar, y de la media de la UE). Y se quiere recortar los derechos a dejar de trabajar a los sesenta y cinco años (ahora mismo la jubilación real de los españoles es a los sesenta y tres años y diez meses, la más alta de la UE).

Qué nos deparará el futuro inmediato a los hijos del baby boom? No lo se. No se si triunfarán las tesis del capitalismo liberal y perderemos derechos, pero desde luego, cuando esta generación muera, habrá dado paso a una nueva cultura que dejará marcada para siempre a la sociedad del futuro. Y esto no es una predicción ni una proyección. Es una certidumbre.