LA VIVIENDA

Sin ambages, podemos afirmar que la vivienda ha pasado a convertirse en una mercancía y ha dejado de ser un derecho fundamental, tal y como señala el artículo veinticinco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ya sé que esta afirmación es compartida desde hace muchos años, pero como si fuera recurrente, desde que empezó 2026 venimos escuchando o leyendo situaciones relativas al derecho constitucional de una vivienda.

En enero, cuando se presentó el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, se observaba un aumento de la exclusión social severa. Esta exclusión social se crea y retroalimenta a partir de la vivienda y el empleo, a sabiendas de que un empleo no garantiza necesariamente la vivienda y una vida digna. De hecho, las personas en situación de sinhogarismo en la ciudad de Logroño han aumentado en los últimos cinco años.

Y esto nos lleva a dos noticias recientes, una relativa a las personas sin hogar en Logroño, cuando con la llegada del PP al Ayuntamiento de Logroño, el dispositivo de ola de frío para acogerles que se extendía de diciembre a marzo se desestacionalizó, marcando el umbral de cinco grados de temperatura para decidir cada día si hay o no dispositivo. De este modo, aquellas noches que la mínima prevista por la AEMET sea de seis grados, las personas sin hogar duermen en la calle, aunque haya plazas libres en los recursos habitacionales.

La siguiente noticia tiene que ver con la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO), también en Logroño, donde se ha denunciado falta de transparencia, publicidad y ausencia de sorteos públicos en la asignación de 104 viviendas por parte de promotoras privadas y empresas constructoras. Por su parte, el Gobierno local insiste en que el proceso cumple los requisitos legales y que las promotoras eligieron el sistema de adjudicación conforme al pliego de condiciones.

Estas y otras noticias, en su conjunto nos hablan de la falta de adecuación del mercado de la vivienda protegida en propiedad, a las necesidades residenciales de un amplio segmento de la población. Además, la vivienda en España se considera principalmente un bien de inversión, a disposición de un mercado de la construcción altamente especulativo.

¡QUE VIENE EL LOBO ¡

Estoy convencido que muchos de ustedes han leído o les han narrado aquella fábula tradicional, cuyo origen puede remontase hasta Esopo, y que nos habla de lo que aconteció a un pastorcito aburrido, que para divertirse gritaba: ¡Que viene el lobo, que viene el lobo¡, y a cuyos gritos sus vecinos acudían con palos y armas para defender el rebaño, descubriendo que todo era mentira y que habían sido engañados por el pastorcito. Y así sucesivamente en distintas ocasiones, hasta que un día, el lobo apareció de verdad y, a pesar de que el pastorcito gritó con todas sus fuerzas, nadie acudió en su ayuda porque creyeron que mentía otra vez. El desenlace fue que el lobo mató a todas las ovejas.

En política, el grito de que viene el lobo es el uso sistemático del miedo como herramienta de poder. Y miedo es lo que nos trasladan, día si y día también, todo tipo de medios, partidos y organizaciones que sostienen el sistema, exagerando las amenazas y normalizando el riesgo de vivir en comunidad. Al instrumentalizar el miedo frente a los otros, persiguen la adhesión de los ciudadanos o su apoyo militante y, en definitiva, su conformidad con una vida insegura y versátil, más propia de un equilibrista social.

Y si bien respondemos inicialmente a esos miedos (guerra y genocidio, aranceles y subida de precios, crisis climática, sanitaria, independentismo, migraciones, etc.), adaptándonos en la medida de nuestras posibilidades para hacerles frente, lo cierto es que, pasado un tiempo, que pueden ser años, y observando que el mundo no se acaba si no que tan sólo se transforma, surge el cansancio, el escepticismo y la apatía, hasta el punto de que una parte de la sociedad se radicaliza y otra se desmoviliza. Unos desean la muerte social del adversario y otros esperan impasibles el desenlace.

Y entonces, cuando el miedo se convierte en el único o en el principal argumento del pastor (el sistema), que miente y sólo busca reírse de nosotros, sucede la paradoja, y es que el lobo llega de verdad y nadie acude a ayudar, porque la sociedad está anestesiada, indiferente y cansada, de modo que el lobo devora nuestra economía, salud, derechos y bienestar con total impunidad.

MOVILIDAD INSOSTENIBLE

Una mujer se quejaba de un grupo de mujeres que se habían parado para hablar en la calle y le molestaban en su tránsito. Me recordaba a la Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuando la policía daba la orden de “circulen” para evitar la reunión o concentración de tres o más personas. Y es que la calle para esta mujer, así como para la administración municipal, se ha convertido en un territorio que atravesar, por el que circular sin parar, todo lo más, en algún escaparate o en la terraza del café más cercano.

Quienes hemos conocido la ciudad de Logroño como un lugar estancial, donde las calles era el espacio de juego de los pequeños y de relación entre los vecinos y donde los vehículos más usuales eran los de transporte de mercancías, no podemos aceptar que nos dejen espacios mínimos llamados calles, donde nos arraciman y aprietan, sin poder detenernos y hablar, o sentarnos en un banco siempre que haya alguno dispuesto, o a la sombra de un árbol siempre que no lo hayan talado y hormigonado el alcorque. Sabemos que la administración municipal obtine réditos económicos del espacio público, bien por su venta mediante su privatización o bien a través del alquiler, pero debería entender que los espacios públicos tienen dimensiones, no sólo económicas, sino sociales, culturales y políticas, de contacto entre la gente, de relación e identificación, de organización y de actividad.

Es totalmente irracional que Logroño disponga de más de 92.000 vehículos para circular, cuando el número de hogares no supera las 78.000 familias, algunas de las cuales disponen de varios vehículos que exigen y demandan más espacio público por donde circular y aparcar, reduciendo a su mínima expresión el espacio estancial que es, o debería ser, de dominio público y sociabilidad y en el que confluyeran identidades diversas animadas por un uso social colectivo y democrático, y no básicamente privativo.

Así pues, a los gestores de la administración municipal, les digo que no se puede diseñar el espacio público tan sólo en beneficio de intereses privados, sean estos aparcamientos en superficie, o terrazas que jibarizan las aceras. El uso y gestión de lo público no debe hacerse sin la participación de los ciudadanos, sin su concurso, sin la integración de cuantos grupos y colectivos convergen y se relacionan en esos espacios. Logroño no se merece la actual movilidad insostenible.

PRECARIEDAD Y MONOPARENTALIDAD

La precariedad se ha incorporado en el lenguaje para definir, principalmente, aquello que tiene poca estabilidad, duración, que es inseguro, llegando en la actualidad a caracterizar muchos aspectos relativos a la vida cotidiana, como al hablar de un determinado tipo de coyuntura, situación o estado de cosas; de la estructura u organización; de los medios y recursos disponibles, así como de la infraestructura o equipamiento; de la ocupación o puesto de trabajo; del espacio, hábitat o lugar para vivir; de la estabilidad y otros estados análogos; de la existencia humana y, en definitiva, de los derechos o necesidades que se consideran básicos para la supervivencia o el desarrollo (salud, economía, nutrición, atención, asistencia, libertad, formación, educación, democracia, protección).

Lo precario se puede interpretar al menos en tres dimensiones: como condición (ser), como situación (estar, vivir, experimentar procesos de precarización), y como medio o recurso (actuar dentro de ámbitos de precarización). Y es en la monoparentalidad donde se dan las condiciones, situaciones y medios propios de la precariedad. Sabemos que las mujeres encabezan el 80% de las familias monoparentales y que estas duplican el riesgo de pobreza severa respecto a las que tienen dos progenitores.

Si la justicia social hace referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales, asegurando así la dignidad de todas las personas y la cohesión social, nos encontramos que son muchas, muchísimas las madres que en la actualidad están criando sin políticas mínimas y sin un marco de protección, negando esos derechos no sólo a los progenitores, si no de rebote a las niñas, niños y adolescentes que forman esas familias.

En La Rioja, la Ley de marzo de 2023, ya reconoce que “las familias monoparentales conllevan un importante factor de vulnerabilidad, superior al resto de estructuras familiares, ya que este tipo de familia está expuesta a un mayor riesgo de pobreza, a dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y a situaciones de exclusión social”. Sin embargo, el reconocimiento no ha conllevado el desarrollo de las medidas de apoyo necesarias y publicitadas en dicha ley, para superar la precariedad de las trece mil familias riojanas constituidas por un solo progenitor.

Y siguen. Y nos siguen vendiendo humo electoral hsta la próxima legislatura.

DISMINUIDOS

Tan sólo hace un año el Congreso de los diputados, con la abstención de Vox, avaló eliminar de la Constitución, en su artículo 49, el término “disminuidos” y sustituirlo por la expresión «personas con discapacidad».

Todas las personas con discapacidad a menudo han sido injustamente identificadas con limitaciones intelectuales o disfunciones psicológicas. Quizás por ello, se ha derivado un uso de terminología estigmatizadora y discriminadora para identificarlas. A ello se añade la imagen negativa de la discapacidad, a la que han contribuido significativamente los medios de comunicación social, presentando aspectos negativos o compasivos sobre estas personas que siempre presuponen su infelicidad o inadaptación social.

El campo de la discapacidad -entendiendo este término de manera extensiva a todas las personas con limitaciones físicas, sensoriales y mentales- se ha caracterizado por la mudanza terminológica en la asignación de nombres, etiquetas y denominaciones referidas tanto a las personas como al proceso de atención a las mismas. Entre los términos utilizados podemos destacar los siguientes:

a) Referidos a las personas con limitaciones psíquicas: idiotas, imbéciles, mongoles, oligofrénicos, subnormales, débiles mentales, dificultades de aprendizaje permanentes, necesidades especiales.

b) Referidos a las personas con limitaciones físicas y/o sensoriales: lisiados, tullidos, impedidos, inútiles, inválidos, desvalidos, mutilados, minusválidos, deficientes, incapacitados, discapacitados.

c) Referidos al proceso de atención: beneficencia, asistencia, prevención, reeducación, readaptación, rehabilitación, habilitación, tratamiento, educación, recuperación profesional.

Muchos de los términos citados, a pesar de ser representativos de concepciones médicas, psicológicas, educativas o sociales ya superadas o inadecuadas para los tiempos actuales, siguen utilizándose por un número considerable de profesionales. Es sorprendente comprobar hoy la frecuente falta de rigor o actualidad en el uso de denominaciones, etiquetas o diagnósticos. La causa no está por supuesto en las personas que hacen ese uso, al menos no de manera exclusiva, sino que probablemente proviene de una formación deficitaria y poco estructurada en el ámbito de las personas con discapacidad.

Cada uno de los cambios en las palabras con que denominamos a la población se suele presentar seriamente por profesionales de reconocido prestigio con el intento genuino de cambiar la imagen y el rol de las personas con discapacidad en esta sociedad. A cada una de estas reformas han seguido, años más tarde, nuevos y mejores nombres. El problema puede estar en que la sociedad estima excesivamente la inteligencia, la belleza y la capacidad de ganar dinero, rechazando a aquellas personas que no son inteligentes, atractivas o que son pobres.

La terminología expresa la evolución de las actitudes profesionales y sociales, pero los cambios de nombre dejan intactos los prejuicios de la mayor parte de las personas. Hemos de modificar los valores y actitudes que subyacen a esas expresiones, y no suponer que es un asunto meramente terminológico que sólo requiere un cambio de nombres.

A VUELTAS CON LA NATALIDAD

Andaba yo preocupado con los gastos que supone la crianza de un hijo, mucho más acuciantes en las familias monoparentales por la falta de empatía de la Administración, que si bien por un lado se asusta ante lo que ellos llaman invierno demográfico, apenas actúan para mejorar la situación de las madres en disposición de tener un hijo y criarlo, pues ante las dificultades económicas derivadas de empleos precarios o mal pagados, de acceso a una vivienda digna, o de seguridad emocional, se suma la incertidumbre en la capacidad económica para criar un hijo, es decir, alimentarlo, vestirlo y darle educación, cuidar su salud y medio ambiente, sin un ápice de colaboración institucional en ese largo periodo que va desde el nacimiento hasta cierta independencia juvenil.

Más allá de la supuesta gratuidad del sistema educativo o del sistema de salud, o los mil euros que recibe la madre por nacimiento, no hay ayudas económicas reales para la crianza y desarrollo de los hijos y, no, no hay empatía por parte de la Administración, que sigue pensando que el descenso de la natalidad es un fenómeno propio de una sociedad moderna que deja en manos de las mujeres la decisión de tener un hijo casi al límite de su edad fértil, allá por los 45 años.

Para enfrentar la cuestión de la natalidad hay que partir del aparente antagonismo que es el envejecimiento. Desde un punto de vista positivo, el envejecimiento se considera como un éxito de la sociedad que a su vez se combina con un punto de vista negativo que es la disminución de las tasas de natalidad, es decir el número de nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes durante un año determinado (en La Rioja 6,18 hijos).

Y aquí está la paradoja, pues un aumento de la esperanza de vida y, por tanto, descenso de la mortalidad, ha traído aparejado el descenso de la natalidad, del número de nacimientos, los cuales son cada vez más dilatados en el tiempo vital de las familias o de las mujeres. Y es que no hay un control de natalidad tan eficaz como el aumento de la educación y el trabajo de las mujeres fuera del ámbito doméstico.

El éxito del envejecimiento proviene de la mejora de la asistencia sanitaria y el progreso de la medicina, en la superación de enfermedades y la contención de las epidemias, auténtico obstáculo que frenaba el descenso de la mortalidad, principalmente la infantil. También, el envejecimiento y el aumento en las expectativas de vida han posibilitado un mayor conocimiento y conciencia sobre la planificación y el control de la natalidad permitiendo un cambio en las expectativas que los padres depositaban sobre los hijos, pues estos ya no son considerados como el seguro de vejez.

Además, esto está permitiendo por una vez, y puede que definitivamente, el aumento del nivel educativo y de la actividad profesional de las mujeres, las cuáles reclamaban la igualdad de género y la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos, o mejor dicho del hijo deseado.

En este contexto de baja natalidad, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, propuso en el último pleno del Parlamento regional matar moscas a cañonazos, es decir, la ampliación de la edad máxima para acceder a tratamientos de fertilidad en la sanidad pública de los cuarenta a los cuarenta y dos años, olvidando que además de parir un hijo hay que criarlo, y esto sí que necesita ayudas institucionales.

A VUELTAS CON LA NATALIDAD

Cada poco tiempo, cuando se publican estadísticas demográficas, asistimos a un sinnúmero de mensajes plagados de tópicos que apuntan a una supuesta crisis demográfica, mediante una imagen alarmista que aparece dibujada a través de una sociedad sin niños y en la que no se podrán sostener y pagar las pensiones, cuando lo cierto es que estamos asistiendo a una auténtica revolución reproductiva.

Si observamos el cambio en la estructura piramidal de la sociedad, vemos que los niños que nacen ahora en La Rioja no se mueren como antes (en 1975 eran diecisiete por cada mil nacidos vivos mientras que en 2022 han sido cuatro). Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento es mucho más alta (al principio del siglo XX no llegaba a los 35 años, mientras que en 2022 alcanzó los 83 años). Al aumentar la esperanza de vida ya no es necesaria la natalidad de antaño. Cuando se han ganado años de calidad de vida, la población rejuvenece. la reproducción debe leerse no sólo como la fecundidad, sino también como los años vividos y en este sentido ha habido una revolución.

Hoy los padres se vuelcan en el cuidado de los hijos en todos los aspectos, y estos hijos se volcarán a la vez en el cuidado de los suyos, hasta que las generaciones apenas pierdan efectivos antes de llegar a la vejez, de modo que las altas fecundidades del pasado se vuelven innecesarias y la mujer se ve liberada de aquella “obligación” reproductora, añadiendo un valor altísimo a cada nueva vida traída al mundo.

Lo que sí nos sigue faltando en esta revolución reproductiva son políticas de conciliación, cambios en el sistema laboral que atiendan a la carrera profesional de las mujeres, al desempleo y la precariedad, a las desigualdades de género y, sobre todo, a políticas públicas que redistribuyan de forma más equitativa los costes asociados a la crianza de los hijos/as –sobre todo en los primeros años– entre las familias y la sociedad, y que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados de mujeres y hombres. Pero ese es otro cantar.

PROYECTO DESTRUCTIVO

Saludamos con normalidad la alternancia política en el gobierno de nuestras instituciones porque esto permite acceder a cambios y variaciones en nuestro modo de relacionarnos, y es un medio habitual en el ejercicio del poder político para implementar nuevos proyectos que amplíen de forma beneficiosa nuestra forma de vida en comunidad.

Sin embargo, asistimos con pesadumbre a una situación que sigue un curso, un camino por el que no se avanza, sino que se retrocede. Esto está ocurriendo en diversos lugares de nuestro país donde se ha producido un cambio en la toma de poder de las instituciones, pero para no extendernos sobre todos ellos nos fijamos en lo que sucede en la ciudad de Logroño donde el Partido Popular ha alcanzado el poder sustituyendo al Partido Socialista.

Y lo que está presentando el nuevo gobierno municipal no son proyectos novedosos que mejoren la convivencia en una ciudad tan necesitada de espacios relacionales donde se exprese la tolerancia de sus habitantes, si no una disposición a destruir los proyectos iniciados por el anterior equipo de gobierno. Y esto es muy grave porque nos indica que no disponen de ningún proyecto político propio, sino que su plan y diseño político es la reestructuración y reforma de los proyectos ajenos, en un afán de destrucción de cuanto suponía una mejora para el conjunto de la ciudad, al menos para los más de treinta mil ciudadanos que manifestaron con su voto el acuerdo a los proyectos iniciados o dispuestos en la legislatura anterior. Y que ahora, supuestamente, los treinta y seis mil votos al partido popular que le otorgaron el gobierno son para que se dedique a destruir cuanto se hizo y proyectó, desentendiéndose de crear o presentar nuevos proyectos que, tal parece, nunca existieron. Volverán las dobles filas, los ruidos y la contaminación, la inseguridad de peatones y ciclistas, estrechamiento de aceras para manejo de cuatro vías de calzada dos dedicadas a aparcamientos y dos a circulación, junto a un carril bici jibarizado y de donde son expulsados los vehículos de movilidad personal y bicicletas de carga; en definitiva, un proyecto destructivo.

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IGUALES PARA HOY

Y no, no es del cupón de la ONCE, y no voy a tratar de aquellos vendedores ciegos que voceaban la tira de iguales que llevaban prendida en la solapa con un alfiler. Me quiero referir a la letanía sobre la igualdad que desde hace meses predican los videntes del Partido Popular, y con la que como un martillo pilón nos machacan desde todos los medios a su alcance, que no son pocos, hasta lograr que se tatúe en nuestro cerebro la palabra Igualdad. Igualdad formal y sin significantes, porque no se trata de igualdad material, ni de igualdad de género, o de oportunidades, o económicas, ni de igualdad social, cultural o política.

Y ni siquiera se puede creer que prediquen realmente la Igualdad formal, fundamentada en el artículo 14 de la Constitución Española, cuando dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues la realidad como muy bien conoce el acervo popular, ese conjunto de bienes morales y culturales acumulados por tradición, la justicia es ciega y no es igual para todos, tal y como bien se puede explicitar en numerosísimos ejemplos de discriminación y privilegio, quizás el más palmario aquel con el que se identifica al emérito jefe del Estado.

Por supuesto que nunca se acompañará la Igualdad de cualquiera de sus significantes, porque eso delataría al orador en sus pretensiones, ya que, por más que lo intentara, la desigualdad material en cualquiera de sus acepciones es manifiesta y, en todo caso, debería pronunciarse en el mismo sentido que señala la Constitución de remover los obstáculos que impiden la igualdad real en cualquiera de sus manifestaciones.

Pero lo más curioso es que la divisa republicana de libertad, igualdad y fraternidad que representa la lucha contra la desigualdad y el abuso de poder en la Revolución Francesa, está en nuestro país adoptada por la derecha (Ayuso Libertad, Feijóo Igualdad), y quizás muy pronto por la extrema derecha, que bien podría utilizar en futuras convocatorias la exaltación de la fraternidad.

SUCESIÓN FAMILIAR

Quiero aclarar que no voy a hacer ningún comentario sobre Successión, esa serie televisiva sobre una familia disfuncional y poderosa que narra las vicisitudes del patriarca y sus cuatro hijos acerca de quién será el sucesor de este y, por tanto, se hará con el control del poderoso holding de empresas audiovisuales y medios de comunicación que posee. Ni tampoco se trata de comentar nada acerca de la sucesión en la Jefatura del Estado, que como todos conocemos sería la princesa de Asturias Leonor de Borbón.

No, yo quiero hablar de la sucesión política o, mejor dicho, del traspaso de liderazgo político a los miembros de la familia del líder o lideresa. Me estoy refiriendo a lo ocurrido en la organización de la izquierda unida de Henar Moreno, que desde que accedió a dicha organización como coordinadora en 2008, se ha aplicado en patrimonializar el poder casi de modo autocrático, donde las figuras emergentes en las luchas de poder eran inmediatamente sometidas o expulsadas (el caso más reciente lo protagonizó el joven periodista y concejal del ayuntamiento de Logroño, Gonzalo Peña).

Izquierda Unida ha sido un grupo extraparlamentario que no llegaba al mínimo electoral necesario para entrar en el Parlamento riojano, hasta que optó por la estrategia de unirse a la declinante organización de Podemos, que le ha permitido por fin acceder al estatuto de diputada, con esta su segunda legislatura, casi al borde del mínimo necesario para entrar (5,09%).

Sumar, por su parte, es un proyecto de la mayoría de las fuerzas de izquierdas, pero para Henar Moreno no caben otras fuerzas que la suya y la de Podemos, y ésta en segunda fila, que es como decir os queremos, pero lejos.  Por esto, sin realizar la necesaria y sana autocrítica por los pésimos resultados obtenidos y viéndose en la necesidad de organizar las candidaturas para las elecciones generales, Henar Moreno se ha rodeado de los fieles escuderos que aceptan su liderazgo sin cuestionarlo, para legitimar en dicho entorno político un sorprendente proyecto de sucesión familiar, como es colocar a marido e hija en las candidaturas de Sumar para las próximas elecciones generales.