Sin ambages, podemos afirmar que la vivienda ha pasado a convertirse en una mercancía y ha dejado de ser un derecho fundamental, tal y como señala el artículo veinticinco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ya sé que esta afirmación es compartida desde hace muchos años, pero como si fuera recurrente, desde que empezó 2026 venimos escuchando o leyendo situaciones relativas al derecho constitucional de una vivienda.
En enero, cuando se presentó el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, se observaba un aumento de la exclusión social severa. Esta exclusión social se crea y retroalimenta a partir de la vivienda y el empleo, a sabiendas de que un empleo no garantiza necesariamente la vivienda y una vida digna. De hecho, las personas en situación de sinhogarismo en la ciudad de Logroño han aumentado en los últimos cinco años.
Y esto nos lleva a dos noticias recientes, una relativa a las personas sin hogar en Logroño, cuando con la llegada del PP al Ayuntamiento de Logroño, el dispositivo de ola de frío para acogerles que se extendía de diciembre a marzo se desestacionalizó, marcando el umbral de cinco grados de temperatura para decidir cada día si hay o no dispositivo. De este modo, aquellas noches que la mínima prevista por la AEMET sea de seis grados, las personas sin hogar duermen en la calle, aunque haya plazas libres en los recursos habitacionales.
La siguiente noticia tiene que ver con la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO), también en Logroño, donde se ha denunciado falta de transparencia, publicidad y ausencia de sorteos públicos en la asignación de 104 viviendas por parte de promotoras privadas y empresas constructoras. Por su parte, el Gobierno local insiste en que el proceso cumple los requisitos legales y que las promotoras eligieron el sistema de adjudicación conforme al pliego de condiciones.
Estas y otras noticias, en su conjunto nos hablan de la falta de adecuación del mercado de la vivienda protegida en propiedad, a las necesidades residenciales de un amplio segmento de la población. Además, la vivienda en España se considera principalmente un bien de inversión, a disposición de un mercado de la construcción altamente especulativo.









