VIVIENDAS ASEQUIBLES

Hay que reconocer que el mercado inmobiliario está haciendo una magnífica labor educativa. Gracias a él, una generación entera ha aprendido conceptos que no figuraban en sus planes de estudio: rentabilidad por metro cuadrado, avales, fianzas, euríbor y esa misteriosa categoría de inmueble llamada «asequible», que suele significar que si estiras los brazos puedes tocar dos paredes a la vez.

Buscar un piso para vivir se ha convertido en una actividad parecida a buscar vida inteligente en otro planeta: hay anuncios, fotografías y muchas expectativas, pero las posibilidades de encontrar algo habitable a un precio razonable son aproximadamente las mismas. Una de las grandes innovaciones de nuestro tiempo, es que, si tienes dinero, puedes acceder a una casa; pero si no lo tienes, puedes demostrar que eres perfectamente capaz de pagarla durante los próximos treinta o cuarenta años, aunque eso ya parece una extravagancia.

El problema es que seguimos teniendo la absurda costumbre de querer vivir cerca del trabajo, incluso próximos a nuestros familiares y amigos. Qué falta de ambición. Con un poco de esfuerzo podríamos dormir perfectamente en otro pueblo o en otra provincia y dedicar horas diarias al desplazamiento.

Por su parte, alquilar exige ahora una pequeña ceremonia de iniciación. Nóminas, contrato, aval, referencias, depósitos y, si se tercia, una declaración jurada de que uno no tiene intención de vivir indefinidamente. Todo para demostrar que puede pagar una cantidad mensual que, curiosamente, se aproxima o supera el 50% de un salario completo.

Y mientras tanto seguimos utilizando la palabra «asequible» con una alegría admirable. Asequible para quién, sería una pregunta interesante. Quizá para un fondo de inversión. Quizá para alguien que considere normal pagar 900 euros por 70 metros cuadrados y describirlo como «una oportunidad».

Resulta extraño que pedir precios razonables se haya convertido en una exigencia radical. Se pide algo bastante menos ambicioso: un lugar digno donde vivir sin que el contrato de compra o alquiler se coma el futuro. Porque una ciudad no puede ser únicamente un escaparate de inmuebles que la mayoría mira desde fuera. Y quizá haya llegado el momento de recuperar una vieja idea, casi revolucionaria: que las casas sirvan para que la gente viva en ellas.

EL ALQUILER

La característica predominante de la exclusión social en España es su gran heterogeneidad, con diferentes y diversos itinerarios que cada vez se relacionan más. Es un fenómeno multicausal donde se combinan y asocian factores estructurales e individuales, y que en general ha sido categorizada a partir de las situaciones problemáticas de carácter laboral (pérdida de empleo, parados de larga duración, etc.), y social (discapacidad, divorcio, aislamiento, marginación, inadaptación, etc.). De entre todos ellos, la pérdida o ausencia de la vivienda ha sobresalido, pese a que en la última década (2015-2025), las ejecuciones hipotecarias y desahucios en España han mostrado una tendencia descendente generalizada tras el pico de la crisis financiera, aunque con repuntes puntuales.

Y si bien los desahucios hipotecarios han bajado, los derivados del impago del alquiler pasaron a ser mayoritarios, representando cerca del 75% del total recientemente. En La Rioja, en 2025, se registró el menor número de desahucios en más de una década y contabilizó 85 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual, la cifra más baja desde, al menos 2014, cuando fueron 333, lo que se traduce en un descenso en este periodo de cerca del 75%. Es más, el número no bajaba del centenar en todos estos años. Sin embargo, la portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja que sustituye a la Plataforma de afectados por la hipoteca destacaba que los desahucios por la falta de pago  de alquiler superan a los hipotecarios, respondiendo a la actual tendencia de un mayor número de viviendas en renta que en propiedad.

Y es que el mercado está experimentando una transición de un modelo tradicional de propiedad a uno con mayor presencia del arrendamiento, aunque continúa siendo minoritario en España. La exigua oferta de vivienda protegida en alquiler aumenta la insuficiencia de la vivienda social, que se constata en el esfuerzo económico de los inquilinos que destinan de media un tercio de sus ingresos netos al pago del alquiler, superando el 100% en zonas tensionadas como Madrid o Barcelona. Por su parte, el alquiler en La Rioja cerró 2025 con un aumento cercano al 10%. Y en Logroño, según el sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, una persona con ingresos de 2000€ dedica el 37,87% al alquiler.

DISMINUIDOS

Tan sólo hace un año el Congreso de los diputados, con la abstención de Vox, avaló eliminar de la Constitución, en su artículo 49, el término “disminuidos” y sustituirlo por la expresión «personas con discapacidad».

Todas las personas con discapacidad a menudo han sido injustamente identificadas con limitaciones intelectuales o disfunciones psicológicas. Quizás por ello, se ha derivado un uso de terminología estigmatizadora y discriminadora para identificarlas. A ello se añade la imagen negativa de la discapacidad, a la que han contribuido significativamente los medios de comunicación social, presentando aspectos negativos o compasivos sobre estas personas que siempre presuponen su infelicidad o inadaptación social.

El campo de la discapacidad -entendiendo este término de manera extensiva a todas las personas con limitaciones físicas, sensoriales y mentales- se ha caracterizado por la mudanza terminológica en la asignación de nombres, etiquetas y denominaciones referidas tanto a las personas como al proceso de atención a las mismas. Entre los términos utilizados podemos destacar los siguientes:

a) Referidos a las personas con limitaciones psíquicas: idiotas, imbéciles, mongoles, oligofrénicos, subnormales, débiles mentales, dificultades de aprendizaje permanentes, necesidades especiales.

b) Referidos a las personas con limitaciones físicas y/o sensoriales: lisiados, tullidos, impedidos, inútiles, inválidos, desvalidos, mutilados, minusválidos, deficientes, incapacitados, discapacitados.

c) Referidos al proceso de atención: beneficencia, asistencia, prevención, reeducación, readaptación, rehabilitación, habilitación, tratamiento, educación, recuperación profesional.

Muchos de los términos citados, a pesar de ser representativos de concepciones médicas, psicológicas, educativas o sociales ya superadas o inadecuadas para los tiempos actuales, siguen utilizándose por un número considerable de profesionales. Es sorprendente comprobar hoy la frecuente falta de rigor o actualidad en el uso de denominaciones, etiquetas o diagnósticos. La causa no está por supuesto en las personas que hacen ese uso, al menos no de manera exclusiva, sino que probablemente proviene de una formación deficitaria y poco estructurada en el ámbito de las personas con discapacidad.

Cada uno de los cambios en las palabras con que denominamos a la población se suele presentar seriamente por profesionales de reconocido prestigio con el intento genuino de cambiar la imagen y el rol de las personas con discapacidad en esta sociedad. A cada una de estas reformas han seguido, años más tarde, nuevos y mejores nombres. El problema puede estar en que la sociedad estima excesivamente la inteligencia, la belleza y la capacidad de ganar dinero, rechazando a aquellas personas que no son inteligentes, atractivas o que son pobres.

La terminología expresa la evolución de las actitudes profesionales y sociales, pero los cambios de nombre dejan intactos los prejuicios de la mayor parte de las personas. Hemos de modificar los valores y actitudes que subyacen a esas expresiones, y no suponer que es un asunto meramente terminológico que sólo requiere un cambio de nombres.

LAS VACACIONES

Otra vez la duda de si nos vamos o nos quedamos. Todavía indecisos, nos movemos por impulsos colectivos que, alimentados por la publicidad, nos llevan y nos traen de un lugar a otro, y todo durante tres escasas semanas que son el mínimo reglamentado para los trabajadores activos. Trabajadores que hacen números con su paga extraordinaria a fin de dar salida a todas las manifestaciones de consumo con las que les han alimentado con anterioridad. Y así, según sea nuestro nivel adquisitivo y capacidad de afirmación, elegiremos un lugar del planeta, del continente, del país o de la provincia para sentar nuestros reales. Unos se irán a países lejanos y otros al pueblo cercano. Unos se moverán constantemente y otros se harán sedentarios en un lugar. Unos a la montaña y otros al mar. Solos o bien acompañados de nuestra pareja o de nuestra familia emprenderemos un viaje con retorno.

Por su parte, menores y jubilados se disponen a sufrir y gozar en este tiempo que se ha declarado como de descanso, y que contradictoriamente es de hiperactividad y trabajo para estos colectivos. Unos por la fuerza y el ímpetu de su juventud y otros por la demanda de apoyo solicitado por los familiares, que descargan en los mismos las labores cotidianas de las que se sienten responsables el resto del año. Al finalizar este periodo vacacional observamos cómo se distinguen los diferentes colectivos según se manifiesten disgusto, cansancio, ansiedad o satisfacción, porque para todos, la vuelta a la cotidianidad no significa lo mismo, dependiendo de las expectativas que tengan y de la experiencia acumulada en esas fechas.

Para quienes no se desplazan por cualquier motivo, como el muy habitual de no disponer de recursos económicos, puede ocurrir que, sin embargo, dispongan de un capital cultural que les permite transformar ese tiempo no laboral en ocio creativo, que les alimenta su espíritu tanto como los desplazados alimentan sus cuerpos. Aunque no olvidamos que España aún tiene un agujero negro de incultura basada principalmente en la televisión e Internet, que desgraciadamente no satisface ni llena, pero contenta con artilugios de entretenimiento fugaz.

EL DISCIPLINAMIENTO DE LOS CUERPOS

A rebufo del particular mensaje del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que anunció diversas medidas antiabortistas a través de un protocolo de actuación que tendría por objetivo convencer a las mujeres que se plantearan abortar de no hacerlo, entre otras el apoyo psicológico clínico, las ecografías en 4D, el latido del bebé y mayores garantías de protección de datos en la objeción de conciencia, han surgido numerosas réplicas en editoriales y publicaciones de todo tipo, la mayoría vinculadas con la crítica ideológica al partido de extrema derecha VOX.

Sin embargo, muy pocas de estas réplicas han incidido en el hecho de que cualquier medida antiabortista o a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y, a partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre), en realidad están tratando del cuerpo de la mujer. Del cuerpo de la mujer que durante siglos se ha visto sometido a cambios y modificaciones relacionados con los contextos sociales e históricos en los que se desenvolvieron.

Viene esto a cuento de una relectura de Michel Foucault (Historia de la sexualidad. La voluntad de saber), donde se conjuga el ejercicio del poder con la disciplina de los cuerpos y la regulación de la población. El disciplinamiento es un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo. De las consecuencias de su aplicación no hay mejor exponente que la España del siglo XX cuando se proyectó una concepción que identificaba la sexualidad de modo funcional con la procreación, particularmente con la genitalidad, jurídicamente con el matrimonio, conductualmente con la heterosexualidad, genéricamente con el varón, y cronológicamente con el joven/adulto.

A pesar de que un mínimo de conocimiento, contacto con la realidad y espíritu crítico desbancan estas limitaciones, no por ello dejamos de observar que la imposición social de los cuerpos ha permanecido y permanece. Seguimos dominados por una experiencia de siglos en los que se aprendió a disciplinar nuestros cuerpos y a restringir las opciones de nuestra sexualidad.

LEY FAMILIAS MONOPARENTALES

Hoy día sabemos que la tipología de familias no se concreta en la tradicional familia nuclear y familia numerosa, pues del mismo modo que la sociedad y la cultura han ido progresivamente dando paso a una gran diversidad, el concepto y la tipología de las familias también han ido variando en el último lustro, dando lugar a las familias biparentales, con y sin hijos, familias homoparentales, reconstituidas, familias de acogida, adoptivas, familias extensas y familias monoparentales.

Son estas últimas las que más han crecido (el 3% según la última Encuesta Continua de Hogares de 2020). Y son mayoritariamente (81,9%), sostenidas por mujeres, solas o con hijos, por lo que sería mejor denominarlos hogares “monomarentales”. Y son estos hogares donde más ha crecido la pobreza, según el Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España (2022), que señala como el 45,5% de todas las personas que viven en familias monoparentales están en riesgo de pobreza, cifra que es más del doble de la tasa media de todos los hogares. También en La Rioja ha habido un importante crecimiento de este tipo de familias (hasta 12.900 según la ECH de 2020), representando como en el resto del Estado una de las más vulnerables por el riesgo de exclusión social de sus componentes, en su mayoría mujeres con un hijo menor.

Precisamente y dada la falta de una legislación acorde a esta situación, el Gobierno de La Rioja aprobó hace un año (22 de diciembre de 2021), el Proyecto de Ley de Familias monoparentales, y lo remitió al Parlamento de La Rioja para su tramitación y aprobación con el fin de proteger mediante prestaciones sociales este tipo de familias, a la vez que atendía la manifiesta discriminación de género. Sin embargo, ha pasado un año de tramitación parlamentaria sin que este proyecto de ley haya sido debatido, y mucho menos aprobado. Y si tenemos en cuenta que en unos pocos meses se abrirá el periodo electoral, es muy posible que esta ley no vea la luz en esta legislatura, de modo que la desigualdad social y la discriminación de género persistirán sin visos claros de solución.

FAMILIAS Y LEYES

En días pasados se habló de la llegada del invierno demográfico, por la caída de la natalidad y el aumento de las expectativas de vida. Los analistas apuntan al conjunto de factores que intervienen en la caída de la natalidad y su complejidad para no ofrecer soluciones, si bien no pueden dejar de lado que son las mujeres quienes en definitiva son las protagonistas de este declive o crecimiento de la población, al ser quienes detentan la capacidad reproductora de la sociedad. Ahora bien, las mujeres no toman sus decisiones reproductivas a la ligera, si no que tienen en cuenta las circunstancias personales y de futuro a las que se deben enfrentar con el alumbramiento de un nuevo ser y, estas condiciones, solas o combinadas, son muchas y muy variadas y aquí no tengo espacio para dar cuenta de todas ellas, pero sí de aquellas que determinan las leyes, como la Ley de Familias, que supuestamente iba a ser aprobada en el último Consejo de ministros, pero que se ha quedado esperando en el cajón de futuros.

Esta ley que forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023, supondrá nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos y familiares que faciliten, especialmente a las mujeres trabajadoras, la conciliación familiar y la crianza de los hijos. Es tan sólo un pequeño apoyo, pero al menos reconoce la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran muchas familias en riesgo de exclusión.

Más necesario sería acabar con la injusta discriminación en el ámbito de las familias monoparentales. Esta discriminación respecto a las familias biparentales se muestra en los permisos de nacimiento que, si ya desde enero de 2021 igualaron las dieciséis semanas de la madre biológica con las del otro progenitor, no ocurre lo mismo en el caso de las familias monoparentales que deberían disponer de 32 semanas. La desigualdad en materia de derechos de las familias monoparentales sigue pendiente, pese a que con la ley de Familias se avance en el reconocimiento de éstas como familias numerosas cuando dispongan de dos hijos. En La Rioja llevamos ya un año en trámite parlamentario

EL RECELO DEL POLITICO

Desde hace unas semanas estamos asistiendo a la puesta en escena con la que los partidos políticos nos regalan cada cuatro años, siempre en vísperas de elecciones cuando tienen que revalidar la confianza en su gestión. En esta ocasión gracias a la modificación de la ley electoral no vamos a soportar la interminable lista de inauguraciones, cortes de cinta y recorridos por obras e instalaciones incluso sin finalizar, como ya ocurrió la semana pasada en Logroño cuando se declaró el día de visitas sin casco, tal y como ocurrió en el CCR (Centro de Cultura del Rioja), ese monumento pretencioso a base de hormigón y plástico, pero ojo, que respeta cuatro piedras pegadas al hormigón que para eso está enclavado en la parte vieja de la ciudad. Aquí no van a alicatar con plaquitas que simulan la piedra el hormigón, como ya se experimentó en ese paño de muralla kitsch del Cubo del Revellín.

Están muy inquietos los partidos políticos porque no se encuentran ni satisfechos ni convencidos de haber cumplido las expectativas de la ciudadanía, porque durante mucho tiempo se alejaron y pusieron distancia en el devenir cotidiano de la gente. Por eso, ahora quieren hacerse perdonar el olvido permanente notificando con gran estruendo la apertura de edificios, pese a que no tienen ningún uso ni prestan ningún servicio, aunque lo presentan como una promesa de futuro para la ciudadanía.

Los partidos políticos, mejor dicho la clase política que gobierna, quiere hacerse perdonar y ofrecen estos regalos de última hora para que olvidemos su total desprecio por los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos en el día a día, y que nada tiene que ver con sus magníficas construcciones ni con sus promesas incumplidas sobre empleo, vivienda, transporte, salud, educación, cultura, integración y cohesión. Se tomaron el ejercicio de la política como los negocios, donde lo importante son la cifras, los números y los euros.

Los euros, ay los euros! qué bien que nos vienen a todos, más a quien no responde por su gestión dolosa y criminal, más a quien sabe que no le pesará como una hipoteca porque para eso está la ciudadanía, para pagar el déficit y el saqueo de las arcas públicas. Bueno, habría que decir el maleteo porque ahora roban los euros con maletines no con sacos. Tú me prorrogas esta concesión de autopista y yo te hago un hombre. Tú me das esta contrata y yo te jubilo. Tú me recalificas este terreno y yo te hago de la familia. Tú me votas y yo te atiendo en el despacho.

Qué felicidad esto del manejo de los euros ajenos gastándolos en protocolo, vehículos de alta gama, publicidad y autobombo en revistas de papel couché. Pero ahora, cuando llegan las elecciones y nos piden el voto, qué miedos y qué recelos, porque saben que de modo tozudo las encuestas del CIS señalan a los partidos políticos (la clase política, la casta gobernante, no el militante desconocido) como el tercer principal problema de los españoles, por detrás de la economía y el paro. Y este es un dato que lleva mucho tiempo repitiéndose, marcando una tendencia de desapego de la ciudadanía hacia las cosas que dicen estos políticos profesionales, aunque no de las que hacen que aún hay memoria, lo cual invita a pensar que más pronto que tarde serán las organizaciones sociales y las asociaciones ciudadanas quienes tomen el lugar de estos políticos para dirigir sus propios destinos, participando directamente en la administración de la vida pública, sin la intervención de tan problemáticos y recelosos intermediarios.

 

CUANDO EL RIO SUENA AGUA LLEVA

En un informe procedente del grupo mundial sobre migración, integrado por doce agencias de la ONU, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Migraciones, se denuncia la situación de los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular (Statement of the Global Migration Group on the Human Rights of Migrants in Irregular Situation). En su comunicado manifiesta la preocupación por el incumplimiento de tales derechos en numerosas ocasiones, con especial preocupación para la situación de los menores y de las mujeres. Insisten en  la importancia de que todos los Estados velen por el respeto de los derechos humanos, independientemente de la situación administrativa del migrante, evitando los abusos de autoridad que se producen desde los poderes públicos. Es decir, constatan que además del incumplimiento de respetar y aplicar los derechos humanos entre la población en situación administrativa irregular, se producen habitualmente abusos de autoridad

Por otra parte se ha  publicado el Informe (http://www.eurocities.eu/main.php) que la organización Eurocities ha elaborado sobre exclusión social y desigualdades en las ciudades europeas. Es un trabajo de investigación que sobre la base de más de veinte ciudades europeas, explora cuestiones como el desempleo, la pobreza y la exclusión digital, y donde se describen las medidas concretas que las ciudades están adoptando para responder a estos desafíos. En el Informe se recuerda que la pobreza y la exclusión social son fenómenos complejos, con diferentes dimensiones muy relacionadas entre si, en las que se combinan el desempleo, la mala calidad de la vivienda, las bajas cualificaciones de la persona, peores condiciones de salud y poca participación social, destacando como víctimas de esta situación a la población inmigrante. El Informe recuerda que las ciudades tienen por si solas poco control sobre estas situaciones y llama a una mayor coordinación entre las diferentes administraciones y sectores implicados. Es decir, coordinación entre las diferentes administraciones públicas; en nuestro caso entre la central, autonómica y local.

Continúo. La última semana de septiembre se celebraron en La Rioja las XXV Jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo, sobre “el impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas”,  de donde se han derivado unas interesantes conclusiones en las que se realiza un perfil sobre las personas que acuden a ellos (entre los que se encuentra la población inmigrante), el tipo de quejas y consultas que se realizan por éstas, así como un diagnóstico sobre las consecuencias sociales producto de la crisis. Entre otras conclusiones los Defensores del Pueblo señalan que “debe mantenerse el acceso de las personas inmigrantes a los derechos sociales y a todos los servicios públicos universales evitando todo brote de xenofobia y racismo”. Más claro agua, y entiendo que algunas  administraciones o autoridades públicas ponen en entredicho los derechos sociales o el acceso a los servicios públicos desde consideraciones como la vestimenta, residencia, irregularidad o desempleo.

Precisamente el desempleo entre la población inmigrante (en septiembre de 2010 ascendió a 573.210 personas: 181.630 eran comunitarios y 391.580 extracomunitarios, con un  incremento interanual y mensual de 71.892 y 4.351 personas), es muy superior a la de los autóctonos, tal y como muestra el Boletín Económico del Banco de España que publica un informe sobre la evolución del empleo y del paro a partir de los datos de la EPA del segundo trimestre de 2010. En este informe se destaca la estabilidad en el volumen de las entradas y salidas de la población inmigrante, en comparación con el notable descenso del flujo de entradas en 2009. En la población activa siguió el descenso de la población masculina, mientras que se mantuvo el de la femenina, estando la tasa de actividad de los extranjeros en más de diecinueve puntos por encima de la española (76,9 y 57,7 %). También la tasa de desempleo fue doce puntos superior entre la población trabajadora extranjera (30,2 y 18,2 % respectivamente).

Cifras e Informes que aunque suenan no hacen mucho ruido, pero nos señalan el peligro cierto, que la lasitud de los poderes públicos ante los mensajes racistas y xenófobos y su protagonismo en la conculcación de derechos humanos o sociales, entraña para la convivencia y la cohesión social de la ciudadanía democrática.

TRABAJO DE CHINOS

Desde hace semanas vengo escuchando la misma cantinela en prensa, radio y televisión sobre el fracaso de la huelga general el 29 de septiembre, sobre el ambiente de desidia y desgana, de apatía y hasta decididamente contrario a la acción sindical. Los medios dicen reflejar lo que observan en la calle, pero lo cierto es que repiten consignas que les llegan desde los centros de poder político, financiero y empresarial, a la postre de sus dueños, amos y señores, que sin acuerdo previo han encontrado en la existencia de los sindicatos el chivo expiatorio a todos los males que aparentemente agobian a este país y sus ciudadanos.

Si escuchamos a los partidos políticos (exceptuando los partidos a la izquierda del gobierno), unos hablan de reforma laboral necesaria y otros añaden que insuficiente, y en todos anida la desregularización del trabajo. Más claros y expeditivos son los grupos financieros y las organizaciones empresariales, cuando señalan la rigidez del mercado laboral como el principal obstáculo para el crecimiento económico de sus rentas y cuentas de resultados y, por extensión, del conjunto del país.

Y esa rigidez la observan en la existencia de convenios sectoriales y colectivos, de acuerdo sindicales, de exigencias de los trabajadores, de cotizaciones a la Seguridad Social y, en definitiva, de todos los aspectos en los que se ven obligados a aceptar unas reglas del juego laboral, una regularización del empleo. Porque no les basta con que se les facilite el despido de trabajadores con empleo fijo a base de indemnizaciones que se amortizarán en muy poco tiempo con su sustitución por trabajadores más baratos, precisamente con la llegada de los que ahora se sostienen en la cuerda floja del empleo precario; y no les basta a pesar de haber situado a España en los puestos principales de este ranking estadístico de desempleo y precariedad, porque su verdadero y oscuro objeto del deseo es acabar con la intermediación en las relaciones laborales: ni gobierno (ni siquiera un jíbaro-gobierno), ni sindicatos.

Todo les iría mejor si las relaciones laborales se establecieran de manera directa y sin intermediaciones de ningún tipo, sin convenios colectivos, ni representantes de esos colectivos que vigilaran por sus derechos, que denunciaran los atropellos e impulsaran los beneficios sociales y la protección social. Qué bien les vendría la prohibición de la acción sindical o, para cumplir con la Constitución, la existencia de sindicatos amarillos controlados y sojuzgados, que abortaran la protesta de los trabajadores contra los abusos empresariales y les hicieran comulgar con recortes salariales que enjugaran el déficit estatal que habrían provocado con sus artes en ingeniería financiera. O que les convencieran para que aceptaran la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años con la promesa de una pensión de subsistencia (a veces ni eso), salvo que contrataran un seguro privado o un plan de pensiones en cualquiera de las entidades financieras propietarias de estos sindicatos amarillos.

A los que pertenecen a las clases sociales con rentas más altas de este país, qué bien le vendría acabar con los derechos laborales y sociales por los que lucharon generaciones de trabajadores en un movimiento sindical sin precedentes en la historia europea. Podríamos acabar como en China, cuyas tasas de crecimiento son de vértigo y donde los derechos de los trabajadores son un eufemismo. Por eso, para España también desean y se esfuerzan por un trabajo de chinos, pero sin chinos.