ESPACIO PÚBLICO Y GÉNERO

La organización social de las relaciones de género se ha fundamentado en la ideología patriarcal, que al considerar como trabajo tan sólo las actividades productivas, apropiadas por y para los hombres, excluía de este modo las tareas de reproducción que adjudicaba a las mujeres. Mediante esta ideología se asignó como actividad pública a todas las tareas de carácter productivo y como actividades privadas a aquellas tareas de carácter reproductivo.

El espacio social determinado por lo público y lo privado, con sus actividades de carácter productivo y reproductivo, y su correspondiente asignación de roles masculinos y femeninos, constriñó lo privado al interior de la casa, del hogar y de la familia nuclear, donde las mujeres realizaron las tareas de cuidado de las personas y las cosas que se encontraban en su interior, mientras los hombres se adjudicaron las tareas productivas en el espacio público. De este modo, la división social del trabajo consumó la organización del espacio social en función del género.

Así mismo, el estado civil de la soltería era un estado que en el caso de las mujeres se avenía mal con la idea preponderante -con siglos de arraigo- de que el matrimonio significaba el éxito y la plenitud de la condición femenina, y la soltería el fracaso, por lo que no dejaba de difundirse que las mujeres no necesitaban para nada una autonomía económica y que no era conveniente un trabajo que la propiciara.

Sabemos que la adquisición por las mujeres de un estatus social en el ámbito público no se produjo de forma inmediata, sino que sucedió de forma paulatina, pues sin abandonar su estatus doméstico como mujer, esposa, madre o hija, fue profundizando en el ámbito extradoméstico, hasta que este espacio público comenzó a transformarse en un espacio común para hombres y mujeres.

El espacio educativo ha sido el espacio público por excelencia para la penetración de las mujeres en el ámbito productivo, que poco a poco han ido ocupando y ejerciendo cada una desde su campo de acción, pese a que en sus inicios fuese una educación excluyente del ámbito público, una instrucción diferenciada y particularizada que fijaba el status de subordinación de la mujer.

FAMILIAS Y LEYES

En días pasados se habló de la llegada del invierno demográfico, por la caída de la natalidad y el aumento de las expectativas de vida. Los analistas apuntan al conjunto de factores que intervienen en la caída de la natalidad y su complejidad para no ofrecer soluciones, si bien no pueden dejar de lado que son las mujeres quienes en definitiva son las protagonistas de este declive o crecimiento de la población, al ser quienes detentan la capacidad reproductora de la sociedad. Ahora bien, las mujeres no toman sus decisiones reproductivas a la ligera, si no que tienen en cuenta las circunstancias personales y de futuro a las que se deben enfrentar con el alumbramiento de un nuevo ser y, estas condiciones, solas o combinadas, son muchas y muy variadas y aquí no tengo espacio para dar cuenta de todas ellas, pero sí de aquellas que determinan las leyes, como la Ley de Familias, que supuestamente iba a ser aprobada en el último Consejo de ministros, pero que se ha quedado esperando en el cajón de futuros.

Esta ley que forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023, supondrá nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos y familiares que faciliten, especialmente a las mujeres trabajadoras, la conciliación familiar y la crianza de los hijos. Es tan sólo un pequeño apoyo, pero al menos reconoce la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran muchas familias en riesgo de exclusión.

Más necesario sería acabar con la injusta discriminación en el ámbito de las familias monoparentales. Esta discriminación respecto a las familias biparentales se muestra en los permisos de nacimiento que, si ya desde enero de 2021 igualaron las dieciséis semanas de la madre biológica con las del otro progenitor, no ocurre lo mismo en el caso de las familias monoparentales que deberían disponer de 32 semanas. La desigualdad en materia de derechos de las familias monoparentales sigue pendiente, pese a que con la ley de Familias se avance en el reconocimiento de éstas como familias numerosas cuando dispongan de dos hijos. En La Rioja llevamos ya un año en trámite parlamentario