PECADOS Y DELITOS

Este artículo se publicó en Rioja2.com el dieciséis de diciembre de 2009. Mi intención ha sido desenmascarar la peligrosa confusión a que somete la iglesia católica a sus feligreses al mixtificar pecado y delito.

Según nos enseñaron en religión (los que recibimos educación entre religiosos), los pecados son “delitos morales” significados por la trasgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos. Y como las normas y preceptos son innumerables (para su conocimiento y discernimiento están los especialistas formados por la Iglesia), también son un sin número los pecados, a los cuales se les otorga de forma gradiente una mayor o menor penitencia o castigo, tras el “ego te absolvo” del especialista. Por su parte (y no recibí formación en derecho), los delitos son conductas o comportamientos punibles; es decir, que la sociedad decide castigarlos por ir contra el Derecho y las leyes que sostienen la convivencia.

Pues bien, en plena ceremonia de la confusión, los pecados o delitos morales podrían llegar a convertirse en delitos civiles o penales, por obra y arte de los mensajes transmitidos por el Secretario general de la fundamentalista Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en las que avisaba a los políticos católicos de que si apoyan la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo “están objetivamente en pecado público” y no podrán “ser admitidos en la sagrada Comunión”. Esto como poco, porque los que practiquen o ayuden en la interrupción del embarazo están cometiendo un asesinato. O sea, una conducta tipificada en el código penal, aunque ahora se intente despenalizar a mujeres y ginecólogos autores de tales actos contra la vida.

No hace poco, a finales de noviembre, se publicó el  informe encargado por el Gobierno de Irlanda que analizaba las violaciones de menores perpetradas por sacerdotes en la archidiócesis de Dublín entre 1975 y 2004, los cuales abusaron de sus pupilos mientras los responsables de la Iglesia trasladaban a los religiosos involucrados a otras congregaciones en lugar de alertar a la policía y denunciar los casos de abuso para evitar escándalos. Los resultados coinciden con los de un dossier aún más detallado presentado en mayo según el cual, entre la década de los treinta y la de los noventa del siglo pasado, miles de niños que vivían en internados y estudiaban en escuelas católicas de la isla recibieron palizas, fueron violados y humillados por sacerdotes, monjas y monjes. La investigación aportaba evidencias de que el abuso de menores era una práctica generalizada.

“Es probable que sea precisamente el rol prominente de la Iglesia en la vida irlandesa lo que permitió que los abusos cometidos por una minoría de sus miembros fueran tolerados”, dice un fragmento del informe. El mismo argumento puede aplicarse a otros casos de abusos generalizados registrados, sobre todo en Australia, Austria, Canadá, Francia, Polonia y Estados Unidos, donde la Iglesia católica ha sido acusada de encubrir sistemáticamente los abusos y delitos cometidos por sus miembros.

En la cúpula española, el que fuera cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España, ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal y hoy cardenal Prefecto de la Congregación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Antonio Cañizares, consideró en su momento que “no es comparable” el caso de los abusos a menores en escuelas católicas irlandesas con el aborto, porque el primero afecta a “unos cuantos colegios” y el segundo supone que “más de 40 millones de seres humanos se han destruido legalmente” (las estadísticas no son su fuerte precisamente).

A su juicio, la culpa de que esos hechos ocurran “la tenemos todos” y es un crimen mayor interrumpir un embarazo que violar y torturar menores de edad sistemáticamente durante décadas, silenciarlo, y criminalizar socialmente  a las víctimas que se atrevían a contar algo para que su testimonio no fuese tenido en cuenta. Por que es cierto que hay gradientes en los pecados como existen gradientes en los delitos, y si un especialista en pecados considera mayor uno que otro en la jerarquía del pecado, ninguna autoridad civil puede desautorizarlo, ni decidir el tipo de castigo moral, o al modo que señalaba San Mateo para quienes abusaran de los niños: “Más le valdría que se le atase al cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar al que escandalizase a uno de estos pequeños”.

Pero para torpeza de abusadores, pedófilos y violadores de niños están los delitos contra el Derecho, su conducta está tipificada y conlleva castigos penales más allá de la condena moral de la Iglesia. Y para salvaguarda de las mujeres y a quienes les apoyaron en su decisión de interrumpir el embarazo, están las leyes que administra la Justicia con independencia del carácter moral que supone para la Iglesia y su tipificación del pecado. Amén

POR LA DIGNIDAD Y LA VIDA DE AMINETU HAIDAR

Este artículo se publicó en Rioja2.com el nueve de diciembre de 2009, cuando la postura inflexible de Aminetu Haidar, de dejarse morir si no se le devolvía su identidad saharahui, había movido las conciencias de políticos y diplomáticos empeñados en echar un montón de arena sobre el pueblo saharahui hasta hacerlo desaparecer.

Sólo quien se ponga en el lugar de Aminetu y asuma consecuentemente sus decisiones podrá opinar acerca de si hay que forzar su empeño de no alimentarse hasta recuperar el pasaporte (aquél que Marruecos tardó quince años en expedirle, y  que le impide volver a su casa donde le aguarda su madre española y sus hijos), o bien se debe cumplir su voluntad de no alimentarse, hasta la muerte si fuera necesario, mientras se le siga privando de sus derechos fundamentales.

Pero este no es el debate que atraviesa nuestras conciencias. No somos nosotros quienes debemos optar entre la vida o la dignidad de una persona; ni siquiera creo que ese sea el debate de los gobiernos (salvo quienes estén interesados en desviar la mirada de la conculcación de los derechos fundamentales de las personas).

El verdadero debate se encuentra en esa realidad dejada pudrir de todo un pueblo (el saharaui) abandonado a su suerte desde 1975 (en medio de la nada del desierto argelino) por gracia de un vergonzoso proceso de descolonización (España y Marruecos) en el que desde entonces han intervenido nuevos actores (Francia, Argelia, la ONU y EEUU), para sostener el enquistamiento de las partes hasta el sometimiento de la más débil.

Pero el más débil (el pueblo saharaui, que no el Frente Polisario), tiene el apoyo solidario del pueblo español, y este no admite el empecinamiento de su vecino del sur en no dar la autonomía suficiente (si la independencia ya no es posible en un contexto territorial mestizo de marroquíes y saharauis), y la libertad necesaria para el desarrollo y devenir de las generaciones que no conocieron la guerra de sus padres, y que no deben pagar por tanto sus errores.

Y la solidaridad con el pueblo saharaui y por extensión con Aminetu Haidar, hace que nos sintamos agredidos por nuestro gobierno al permitir la irregularidad y la ilegalidad de admitir la entrada de Haidar en el aeropuerto de Lanzarote tras su deportación marroquí; y que nos sintamos humillados por los años de expolio de la identidad histórica del pueblo saharahui, y ofendidos por la debilidad de nuestro gobierno ante sus vecinos del norte y del sur (Francia y Marruecos) para imponer un acuerdo de las partes y una solución justa a las demandas de unos y otros.

Este es el verdadero debate. El que nos indigna y nos mueve a solidarizarnos con Haidar para que le devuelvan el derecho a volver con los suyos sin estigmatizarla como apátrida o extranjera en su tierra. El que incumbe a todas las generaciones saharauis exiliadas y sin futuro, y a todos aquellos que gritan por la salvación de la vida y la dignidad de Aminetu Haidar.

CARA Y CRUZ DE LA EDUCACION

Este artículo se publicó en Rioja2.com el uno de diciembre de 2009. Mi intención era que la necesidad de firmar un pacto por la educación no desviara la mirada de la importancia de apoyar por encima de todo a la escuela pública y laica.

Escuchamos desde hace días, como si de un mantra se tratara, que es necesario firmar un gran pacto por la educación. Unos dicen que debe formalizarse entre los partidos políticos. Otros entienden que este pacto debe suscribirse entre gobierno central y gobiernos autonómicos que tienen transferida esta competencia. Otros abogan (el ministro entre otros), por un pacto que englobe a todos los agentes educativos incluyendo sindicatos y organizaciones profesionales, consejos escolares, asociaciones de padres y madres, de estudiantes y, por supuesto, grupos políticos insertos en el Parlamento. Pero claro, un pacto educativo en el que intervienen tantos actores y con intereses tan diversos es más bien la cuadratura del círculo, máxime cuando no existen por parte de casi ninguno objetivos generales, del bienestar general o del común de los ciudadanos, sino que cada uno busca satisfacer sus demandas o necesidades particulares, de poder, prestigio, dinero o status.

Conocedor el ministro Gabilondo de la vastedad de esta tarea de aunar voluntades en torno a un documento sobre el que estampar la firma, ha comenzado por lanzar, como si se tratara de una tormenta de ideas, algunas líneas, más vagas que concretas, sobre las que comenzar a elaborar ese documento. Por ejemplo, ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años y elevar el nivel de titulación obligatoria (ahí se encuentran algunas demandas en favor de disminuir la carga docente de la ESO y aumentar la del bachillerato), reformar la formación profesional elevando el nivel de sus exigencias hasta competir con los estudios universitarios, acabar con las reformas escolares y las leyes impulsadas en función del cambio de gobierno, y otras cuestiones que no son menores pero sí con menos impacto mediático, como reforzar la autoridad del maestro, dar una formación continua al profesorado desvinculándola de mejoras en el nivel retributivo, aumentar el grado de participación de las familias, elevar el gasto de la educación no universitaria por encima del gasto medio de la OCDE en relación al PIB, etc., etc.

Vale, un conjunto de buenos deseos alejados de la realidad del modelo educativo español, aún sujeto al pasado inmediato de la escuela nacional-católica basado en la segregación en función de la clase social, el género y la etnia, que distribuía a los niños en escuelas segregadas según fuera el nivel socioeconómico de las familias (en escuelas públicas o en centros religiosos –hoy concertados-), o según fueran niñas (en aulas distintas y separadas de los niños) y según fueran gitanos (hoy también los hijos de inmigrantes). El modelo educativo español tiene otras cosas que le separan aún más del conjunto de países europeos que los resultados que ofrece el Informe PISA, y es que con dinero público se financia la educación privada, elitista y religiosa (católica por supuesto). Por si esto fuera poco, dos tazas de caldo: la educación privada en España supone algo más del 30% del conjunto del sistema educativo, veinte puntos por encima de la media europea. Así, el resultado de esta situación especial si se quiere incrementar el gasto en educación y mejorar el sistema público educativo, es que a la vez hay que mejorar los resultados económicos de la segregacionista educación concertada.

Vaya dilema, si queremos ponernos a la altura de los países que mejor funcionan del mundo y donde los jóvenes salen mejor preparados para la vida, tendríamos que romper con el modelo segregacionista y retomar el modelo europeo de escuela pública y laica. Un modelo partidario de la educación para la ciudadanía y alejado del crucifico en las escuelas, como sentenció el tribunal de Estrasburgo el pasado tres de noviembre. Pero, según sentenció también el tribunal constitucional español, hay que garantizar la libertad de elección de centro de los padres, y para garantizar este derecho constitucional hay que financiar los centros privados y religiosos con dinero público que se detrae de la escuela pública y laica. Jesús, qué cruz.

LA COEDUCACIÓN

Este artículo se publicó en Rioja2.com el veintiséis de noviembre de 2009. Recuerdo que entonces estaba hablando con mis alumnos jóvenes y adultos sobre las relaciones de género y que pocos sabían nada acerca de la coeducación, lo cual me animó a establecer las bases de un debate con este texto.

Un juez de la Audiencia de Cantabria absolvió la pasada semana a un joven de catorce de años de un delito de violencia de género hacia su novia al considerar que era un enamoramiento propio de adolescentes, sin proyecto de futuro, y que por tanto no era equiparable a la relación de pareja que exige el Código Penal. Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, señalaba esta semana que la violencia de género no es una cuestión de edad, corroborándolo a través de datos como el hecho de que sean más del 32% las órdenes de protección que provienen de mujeres menores de treinta años, en casos de violencia de género, o que el 17,7% de los hombres menores de esa edad piensa que ser agresivo les hace más atractivos, una opinión compartida también por un 4% de las mujeres.

Si todos estos jóvenes han nacido en democracia y se han beneficiado de las conquistas sociales de sus padres en materia de igualdad, qué ocurre o qué ha ocurrido para que persistan las actitudes y comportamientos propios del más rancio machismo de los tiempos de la dictadura. A mi modo de ver falta formación, socialización en los valores propios de la coeducación.

Pero para que el modelo educativo igualitario, para que la coeducación tenga impronta entre los jóvenes, no es suficiente que alguien se encargue de impartir clases de igualdad, ni tampoco que se implante una asignatura sobre igualdad en un curso concreto, sino que es necesario que los valores de la igualdad impregnen los programas educativos de cada centro durante toda la vida escolar, de modo que la formación del alumnado tenga siempre un horizonte igualitario. Y también es necesario que en el seno de los hogares se negocie la participación corresponsable en todas las actividades desarrolladas en su interior sin distinción de sexo o edad, pues es en el interior de los hogares donde mejor se puede llevar a cabo esta formación, esta socialización en la igualdad.

Recientemente se preguntó a más de doscientos jóvenes universitarios de entre 18 y 29 años por su participación en las tareas domésticas, y especialmente en la limpieza de los cuartos de aseo y baño, y más de la mitad (hombres y mujeres) no habían llegado a ningún acuerdo de corresponsabilización en dichas tareas, principalmente entre los más jóvenes. Tan sólo entre aquellos que habían iniciado una relación de pareja habían negociado su participación en el desarrollo de estas tareas, sin adscribirlas a un determinado sexo, como sí ocurría entre los más jóvenes, que declaraban no haber realizado otras que las asumidas por mandato. Pero aún hay más, cuando se les inquiere por su educación sentimental y afectivo sexual, pocos, muy pocos la han recibido en sus hogares y ninguno en el sistema educativo, si obviamos las charlas de una hora o los folletos que se dieron en algunos centros.

Hay un gran desconocimiento del valor de la coeducación y sobre todo no hay una praxis de la misma, dejando todo, como la economía, al socaire del mercado que sigue promoviendo el sexismo para la venta de sus productos. Y al socaire de los fundamentalistas de aquellas organizaciones religiosas contrarias a la igualdad, que imparten doctrina, no desde los púlpitos, sino desde los estrados de las escuelas, imponiendo un modelo que hunde sus raíces en la discriminación en función del sexo. Por todo ello es bueno que haya materias cívicas, de moral y ética cívica, como cuando se desarrolle y extienda por todo el curriculum escolar la “Educación para la ciudadanía”, pero también que los principios y los valores de la coeducación impregnen todo el sistema educativo, extendiéndose finalmente a los hogares y las familias.

En cierta ocasión (Giró, 2005) señalaba que la coeducación acepta la diferencia de hombres y mujeres y parte de ellas, pero no las jerarquiza. Integra los aspectos valiosos de ambos géneros y fomenta el desarrollo de todas las personas. En este sentido, la coeducación se fundamenta en el desarrollo de las habilidades para la vida tanto en las chicas como en los chicos, de forma que se puedan compartir corresponsablemente los espacios públicos y privados. Que las chicas asuman los conocimientos que precisan para desenvolverse con éxito en la vida pública, como que los chicos adquieran aquellas habilidades que son imprescindibles para actuar de manera autónoma y solidaria en las distintas esferas de la vida privada. Porque la coeducación es educar a los chicos y chicas de modo que puedan establecer en su momento unas relaciones sin que se genere dependencia de ningún tipo, ni de cuidado personal, ni emocional, y promoviendo que desde la autonomía personal se pueda vivir una interdependencia sana y adulta.

EVIDENCIAS Y SENTIDO COMÚN

Este artículo se publicó en Rioja2.com el 19 de noviembre de 2009. Mi intención fue evidenciar que los políticos hacen alrde de cosas de sentido común entre la ciudadanía, como si con sus anuncios nos cayéramos de un guindo.

No hay nada más sorprendente entre las noticias que ofrecen los medios de comunicación que el modo de presentarlas. La oferta de una visión extraordinaria de cuanto acontece en la vida cotidiana, como si la ciudadanía no se percibiera de los aspectos que la rodean, es apelar a su carencia de juicio, o a su déficit intelectual. Es como si aquellas cosas que forman parte del denominado sentido común, tuvieran que ser tratadas como los objetos propios de una investigación sociológica o como si se tratara de acercarse a un fenómeno insólito e inimaginable.

Los ciudadanos, cuando contemplamos los fenómenos sociales nos contemplamos también a nosotros mismos por cuanto formamos parte de ese mundo. Vivimos en él y lo miramos y nos expresamos sobre él con imágenes y signos que tienen, en cierta forma, una existencia separada de nosotros, pero que constituyen parte de la percepción que tenemos de la realidad y de nosotros mismos con ella. Son, por así decirlo, los componentes fundamentales del sentido común con que nos conducimos en nuestra vida social cotidiana.

Todo este chorreo acerca del sentido común y de cómo éste nos permite discernir acerca de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, viene al caso de la noticia que ofrecía esta semana el Consejero de Hacienda sobre la bondad de la inmigración en el desarrollo socioeconómico de La Rioja, tras publicar su primer estudio estadístico. Quizás debiera darle un resumen a su patrón el Presidente Sanz, cuando este manifestaba en vísperas electorales que habrá que limitar la llegada de extranjeros si no queríamos agotar los recursos de nuestros servicios de bienestar. Pues bien, ahora resulta lo evidente, lo que no veía el mensaje populista en sus invitaciones a la xenofobia: que los inmigrantes y extranjeros residentes en La Rioja consumen recursos sociales en menor cuantía que los autóctonos, y que su aportación a las arcas del común de ciudadanos riojanos es muy superior a sus gastos.

Gracias a ellos crece nuestra productividad, nuestro bienestar y nuestro futuro. Y todo esto lo sabíamos desde el momento en que aprovechamos su llegada para solventar la regresión demográfica y cubrir las deficiencias de nuestro sistema de distribución de recursos sociales y de bienestar, como la atención a las personas dependientes, la ocupación de los roles tradicionales de género cuando las mujeres autóctonas se incorporaron al mercado laboral, el empleo indeseado por los trabajadores riojanos, principalmente en la agricultura, la construcción y ciertos servicios, así como su mestizaje a través de los matrimonios mixtos, la diversidad en la escuela, y los elementos de su cultura más favorables a la penetración entre nosotros, como la gastronomía, la música, el baile, etc.

Todo ello son evidencias, propias del sentido común, de un mejor entendimiento y conocimiento de la realidad social y de nosotros mismos. Así que, si alguien descubre el Mediterráneo, que se moje.

GOBERNAR O BERLUSCONIZAR LA INMIGRACIÓN

Este artículo se publicó en Rioja2.com elcinco de noviembre de 2009 y lo escribí pensando en la reforma de la ley de extranjería.

Hablar de migraciones es entender de un fenómeno lleno de contradicciones, de ambivalencias, de sentidos y resultados contrarios, de esquemas binarios y opuestos; en muchos casos es hablar desde un esencialismo maniqueo que nos permita pasar de una orilla a su opuesta sin mojarnos nunca. Esto es en definitiva lo que está ocurriendo en la manera de pensar y obrar de los españoles, ante un fenómeno que nos sobrepasó ayer y nos sobrepasa en el presente, y al que no hemos sabido jamás como hincar el diente.

El hecho de que en pocos años el volumen de las personas inmigrantes que llegaron a establecerse en España fuera tan alto y tan diverso; que nos preocupáramos hasta aparecer en las encuestas del CIS al mismo nivel que el terrorismo o el paro; que nos sobresaltáramos con las manifestaciones racistas del Ejido; que en pleno ciclo de crecimiento económico se creara unas bolsas de irregularidad como la demostrada en 2005 con el proceso de regularización de más de 600.000 extranjeros; todo ello, bien sazonado por una prensa abierta a las noticias de impacto emocional, nos hizo creer que nosotros solitos nos habíamos convertido en la primera potencia que entendía y sabía mejor del fenómeno, precisamente por nuestro pasado migratorio; y que ahora, como país receptor, no necesitábamos aprender de las enseñanzas de otros países con gran tradición migratoria.

Así, nos convertimos por arte de birlibirloque en campeones antirracistas, multiculturales, expertos en integración ciudadana, interculturalidad, codesarrollo, multireligiosidad, plurilingüismo, etc., sin que esto viniera acompañado por un auténtico trato igualitario, no discriminatorio e integrador, o simplemente de normalización en las relaciones ciudadanas entre autóctonos y extranjeros.

Esta falta de conocimiento acerca de la realidad; acerca de cómo nos relacionamos (o no nos relacionamos) verdaderamente con la población inmigrante, ha permitido que las políticas inmigratorias del resto de los países europeos fueran precisadas en nuestra conciencia como ajenas al sentido ciudadano y solidario de los españoles, autodeclarados mil veces como no-racistas. Por eso nos sorprende que ahora mismo se acepte sin un atisbo de vergüenza el endurecimiento de la ley de extranjería, al estilo de lo aprobado por el gobierno italiano que criminaliza a la población inmigrante con medidas claramente racistas y discriminatorias, y que sólo las organizaciones humanitarias y de apoyo a la población inmigrante hayan dado el grito de alarma sobre una ley que nos va a igualar con los intereses de la racista y xenófoba Liga Norte italiana, o su adalid el momificado Berlusconi. Y qué intereses preferentes sostienen estos movimientos racistas: el cierre selectivo de fronteras al inmigrante económico y la expulsión de los irregulares.

Y cómo se gobierna para dar satisfacción a los intereses demográficos, sociales y económicos que demanda Europa (y España no menos que el conjunto de la UE), si es cierto que en los próximos años debería acogerse a más del doble de la población inmigrante llegada hasta hoy, y si de verdad se quiere acceder a un nuevo ciclo de crecimiento económico y de bienestar, cuando al mismo tiempo se endurecen las políticas migratorias mediante medidas policiales; se precariza las condiciones de vida de los inmigrantes hasta lograr su marginalidad laboral y su exclusión social; se impide el reagrupamiento familiar y se segrega a sus hijos en las instituciones escolares; se recela y nos parece indeseable su acceso a los servicios básicos y de salud porque lo colapsan y agotan y, además, se les estigmatiza por sus características étnicas o culturales.

La respuesta es la Reforma de la Ley de Extranjería que actualmente se encuentra en esa sala de políticos jubilados y estómagos agradecidos que es el Senado. Sólo faltan el cavalieri y sus cicciolinas.

DE LA MUERTE Y TODOS LOS MUERTOS

El 30 de octubre de 2009 se publicó este artículo en Rioja2.com

Estamos a las puertas del día de los muertos. Del día que celebramos a todos los muertos. Ya han comenzado las campañas de venta y adquisición de flores. A los niños y adolescentes, para su formación, se les recuerda que el próximo uno de noviembre se girará visita al cementerio donde se encuentran aquellos parientes fallecidos y que apenas conocieron, pero que es necesario recordar para mantenerlos vivos, al menos en la memoria. Nuestra intención es familiarizarlos con la existencia de la muerte (ellos que disfrutan de tanta vida), pero también familiarizarnos nosotros mismos con el destino, un destino que no nombramos pero cuyo encuentro no podemos soslayar. Y es que hablar de la muerte exige hoy día vencer muchísimas resistencias, pues salvo para góticos y otras tribus reconocidas por los halloween anglosajones, la muerte es un tabú, como lo fue el sexo para las generaciones sometidas a la dictadura y el catolicismo ultramontano.

Tampoco el consumo se ve estimulado a tratar la muerte si entendemos de la fugacidad del tiempo y la vida. Los intereses comerciales promueven la imagen de la eterna juventud y rechazan el proceso de la vida natural, con su inevitable decrepitud, deterioro y desaparición. El único cadáver aceptable es el “exquisito”, protagonizado por aquellas estrellas suicidas de drogas o coches estrellados, que les permite alimentar el mito en forma de iconos de toda especie, que se prodigarán desde los almacenes al por mayor hasta las grandes superficies o las tiendas exclusivas.

Sin embargo, la muerte no es un acto instantáneo y voluntario como el que puedan representar estos cadáveres exquisitos, sino un largo proceso. Un proceso que se inicia desde el mismo momento de nuestra gestación y que nos llevará a un estado diferente de ser, como en una transición. Van Gennep consideraba la muerte como un “rite de passage”, y es que efectivamente, la muerte física marca el comienzo de un nuevo proceso que continúa después, a posteriori. Porque a priori, la muerte está en la propia vida, y el proceso de morir en la determinación de la enfermedad.

Hoy día parece que podemos elegirlo todo, menos la forma y el momento de morir (salvo entre los suicidas). Por medio se encuentran los familiares y los profesionales de la medicina que se inmiscuyen en el proceso de morir de las personas. La muerte no sólo implica al que se va sino también a los que se quedan. Y los que se quedan tratan de burlar a la parca, como si esta tuviera algún sentido en sus decisiones, o como si quien se va a morir no fuera capaz de tomar la decisión acertada o deseada.

Recuerdo que en el pensamiento de mis mayores se oponían dos clases de muerte: la buena y la mala muerte. Una buena muerte se caracterizaba, entre otras cosas, por la rapidez del desenlace, por la inmediatez, por lo inesperado, mientras que la muerte mala significaba semanas, meses o aun años de lenta agonía. La buena muerte, o la muerte feliz, es la que sobreviene sin estridencias durante el sueño, sin que se entere el afortunado. Recuerdo que mi madre, afectada en sus últimos años de una enfermedad respiratoria, sonreía cuando le contaba que podía morir sin darse cuenta a causa de un proceso que comenzaría con una especie de sopor causado por el anhídrido carbónico que le saturaría los pulmones, y acabaría con su vida en un sueño eterno del que no despertaría. Para ella esa era la muerte deseada. Una muerte sin dolor, corta o inesperada, una muerte sin agonía. Porque aún en el caso de que sea una muerte violenta, deseamos que ésta se produzca de manera rápida y sin dolor, porque lo que realmente nos asusta, no es tanto la propia muerte, como el dolor, el sufrimiento o la agonía.

Quien fuera mi profesora de Antropología, María Cátedra, decía que la buena muerte sucede a una cierta edad, cuando el individuo ha completado su ciclo vital (morir de viejo), y el desenlace ocurre sin enfermedades ni violencias, es decir, de una manera «natural». Los que mueren de viejos no padecen una enfermedad específica, sino que simplemente se terminan, es decir, se acaban. Éste tipo de muerte de vejez, o natural, representa a nivel humano la continuación del ciclo general de la naturaleza. Con la vejez empiezan a desaparecer los miedos a la muerte aunque, dependiendo de las circunstancias, se dan diferentes actitudes. Así ciertos ancianos pierden la consciencia total de su próxima muerte, en cuyo caso «no la sienten»; otros, en cambio, se resignan e incluso aceptan la idea y, por último, los que padecen fuertes dolores «piden la muerte».

La aceptación de nuestra humanidad, nos permitirá la consciencia y el conocimiento de la muerte y todos los muertos. In memoriam de todos ellos.

PACTO POR LA EDUCACIÓN

El once de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este artículo sobre el Pacto por la educación y el interés de la jerarquía católica por seguir controlando este instrumento fundamental de socialización.

La educación ha sido considerada desde los orígenes del pensamiento occidental un instrumento esencial para el mantenimiento del orden social, es decir, para la reproducción de la diferenciación social de los ciudadanos. El proceso de socialización de las personas que se lleva a cabo en las aulas, es decir, el proceso de transmisión de la cultura, es esencial para el mantenimiento y la reproducción del orden social. Puede afirmarse que la cultura y el sistema social, una vez integrados en la personalidad de las personas, pasan a convertirse, en una obligación moral, en la regla de conciencia y en la manera de obrar, de pensar o de sentir que parece «natural» o «normal».

Y es que la función política de la escuela ha sido manifiesta desde que el Estado asumió la responsabilidad de la formación del ciudadano, es decir, desde que asumió la regulación y control de la población por cauces diferentes a la mera coacción directa propia de las fórmulas del Antiguo Régimen, donde la Iglesia ejercía su predominio socializador. Antes de la industrialización existieron, sí, instituciones como los hospicios, las escuelas parroquiales y dominicales, antecedentes de la enseñanza primaria actual en el disciplinamiento del pueblo llano, pero ni su presencia era algo determinante en la vida de la mayoría de los individuos, ni su función era la de formar ciudadanos. En cuanto a la Universidad, no cabe duda de que fue la institución estelar de la concepción estática e inmovilista del saber que presidió los siglos de vigencia de la sociedad estamental; precisamente por ello, fue el centro de las críticas de los ilustrados del siglo XVIII y de la nueva concepción del saber.

Una de las ideas centrales de ese movimiento de reforma fue la nueva concepción utilitarista de una educación garantizada por el Estado que sería la clave de la prosperidad de una nación. Como resultado del desarrollo de esta idea y paralelamente a las primeras legislaciones contemporáneas sobre la educación básica y obligatoria, surgieron los nuevos planes de estudio, los primeros intentos de crear currículos nacionales, libros de texto y manuales. Todos ellos son elementos integrantes de un proceso de sistematización de la enseñanza, que el sociólogo riojano Carlos Lerena resumió en cuatro características mutuamente interdependientes: uniformización, secularización, centralización y estatalización.

No muy lejos de este excursus sociohistórico, el presidente de la conferencia episcopal española, Antonio María Rouco Varela, aseguraba la semana pasada, cuando inauguró el curso académico en la Universidad Pontificia de Salamanca, que la Iglesia «debe estar presente» en el pacto por la educación, puesto que el Estado «no puede ser el dueño monopolizador de la educación y debe contar con la sociedad». Rouco Varela aseguró que «la Iglesia debería estar en el pacto por la educación y en todas las realidades sociales que tienen que ver con la educación».

Una vez más la Iglesia quiere seguir presente en la escuela, pero no sólo como mera transmisora de conocimientos y habilidades que se integran en el currículum; su verdadero interés es el de la transmisión del programa ideológico, de las actividades y valores subyacentes que se inculcan a los alumnos en la práctica educativa. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia subyacente entre estudiar asignaturas como “el hecho religioso” o “la religión católica”: con la primera podríamos «conocer» las creencias de la religión católica, mientras que con la segunda “participaríamos” de ellas.

Tiene razón el lince señor Rouco y sus organizaciones fundamentalistas cuando piden estar en cualquier pacto por la educación. Como ellas podrían operar las Madrás islámicas o las Ieshivot judías y así conseguir un país multireligioso, pleno de vocaciones. Lástima que España sea un país laico y democrático. Mecagüen…

ESPACIO PÚBLICO SIN CIUDADANOS

El 22 de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este atículo a propósito de la intención de un concejal de cargarse el poco espacio público existente en el centro de Logroño  en beneficio de los coches.

Allá por la época del desarrollismo franquista, cuando un equipo de tecnólogos opusdeistas ocupó los resortes del poder, se creó la vana ilusión de que la posesión de un coche era un signo de prosperidad que otorgaba un estatus de prestigio a quien lo poseyera. Con la extensión de las clases medias y el aumento del consumo creció el parque móvil en España creándose ad hoc espacios para la circulación y depósito de los vehículos en las ciudades. En este empeño se ampliaron las avenidas, se talaron los árboles, se redujeron las aceras y se estrecharon los parques y plazas públicas hasta la jibarización del espacio público.

Y ya en la postmodernidad de la burocracia municipal, el ideario urbanizador persigue que los vehículos particulares puedan llegar hasta el mismo centro de las ciudades. Sin embargo, no hay que presumir de inteligencia para saber, que si quisiéramos llenar el casco antiguo de las ciudades de circulación y tráfico de coches, aun manteniendo su peatonalización, lo fundamental sería crear un gran parking; por ejemplo, en el subsuelo de la Plaza del Mercado de Logroño. De ese modo aseguraríamos la entrada de vehículos por la calle Mayor, Portales y Sagasta en dirección a dicho parking, ocasionando un tráfico rodado que expulsaría sin remedio al ciudadano.

Pues bien, hace unos días el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Logroño anunciaba que en el subsuelo del escaso espacio público de El Espolón (donde la rosaleda y las fuentes con ranitas) se iba a construir un nuevo aparcamiento para satisfacer intereses individuales y privados, augurando más circulación de vehículos, contaminación ambiental y deterioro (aún más si cabe) de las actividades sociales y de esparcimiento, culturales e incluso comerciales de los ciudadanos en dicho espacio.

Todo proviene de un contexto histórico en el que la superficie urbana fue totalmente dominada por el tráfico de vehículos. Es en ese momento cuando parecen descubrir que todavía hay un espacio público sin explotar: el subsuelo. De este modo, en la ciudad de Logroño, lo que había sido el entramado ferroviario entregado para uso de la ciudadanía logroñesa, se cedió graciosamente para la explotación privada de un parking. Otro tanto ocurrió con el recinto militar donde hoy se erige el Ayuntamiento, en cuyo subsuelo una empresa privada hace su negocio. Finalmente, pero no los únicos, el Espolón, espacio central de la vida social logroñesa, también fue entregado a beneficio de una empresa privada.

En la intervención de estos subsuelos públicos, cómo no, también se talaron hileras de árboles o se sustituyeron por chapaferros como el que se erige frente al palacete de Gobierno, recordando los dos magníficos cedros que lo ocupaban, restando y destruyendo espacio para la convivencia. Porque los espacios públicos tienen dimensiones, no sólo económicas, sino sociales, culturales y políticas, de contacto entre la gente, de relación e identificación, de organización y de actividad. Por esto, el diseño, uso y gestión de lo público no puede hacerse sin la participación de los ciudadanos, sin su concurso, sin la integración de cuantos grupos y colectivos convergen y se relacionan en esos espacios.

Lefebvre, Habermas, Arendt, Beck, Sennet, entre otros, han tratado el concepto de espacio público desde diferentes ópticas aplicadas a contextos diferentes, sin embargo en todos se aprecia lo público por su capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. El espacio público es un espacio de sociabilidad y en él confluyen identidades diversas animadas por el uso social colectivo y democrático del dominio público. Es, por tanto, una construcción social y no privativa de la administración burocrática o de los intereses privados. Menos movilidad sobre cuatro ruedas y más lugares al sol.