Ciudadanía

ZÁPATAR EN EL PAIS DE LOS SONÁMBULOS

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Hace unos días oía de un dirigente sindical que la política social y económica que está llevando a cabo el Gobierno no es la del programa electoral socialista, sino la propia de un gobierno del partido popular, y que su responsable no es Zapatero sino el avatar de Zapatero por el color azul que está tomando su gestión.  Así que aproveché la manifestación del 29-S para preguntar a otros durante su transcurso sobre la posibilidad de encontrarnos con un Zapatero abducido por las fuerzas neoconservadoras.

Algunos se inclinaban por la posibilidad de que en aquella primera reunión del G-20 en que Sarkozy invitó a España a sentarse como octava potencia mundial, en realidad había sido el momento en que las fuerzas del mal, con el gestor de fondos de capital riesgo George Soros de interlocutor, le hicieron la admonición de que si no cambiaba la política económica España acabaría como en el corralito argentino. Fue el momento en que un Zapatero de talante beatífico pensó con horror lo que supondría dejar a España a los pies de los caballos,  y decidió someterse en todas sus consecuencias a los dictados del FMI. De ahí arrancaría el cambio de políticas económicas y sociales, pero aunque parece plausible este cambio radical no me quedé contentó, y decidí averiguar lo sucedido participando en una sesión de espiritismo en la que se invocó al maestro, el psiquiatra y periodista especializado en temas de misterio y parapsicología, Fernando Jiménez del Oso. Han sido seis horas de revelación y desasosiego que trataré de sintetizar en pocas líneas. Los expertos que me acompañaron podrán ratificarlo, pero dudo que quieran atestiguar cuanto averiguamos sobre los cambios que se han observado, no sólo en España sino en otros países de la Unión Europea.

Mucho antes que Zapatero fuera invitado al G-20, creo que a comienzos del milenio, el populista y xenófobo Jörg Haider llegó al Gobierno austriaco. En Francia, Jacques Chirac veía perder electorado a manos del ultra Jean-Marie Le Pen y el crecimiento de los grupos racistas en Europa amenazaba a los partidos tradicionales (populares, liberales y socialdemócratas) que hasta entonces se habían turnado en el poder. Se imponía tomar medidas contra este resurgir del racismo y la xenofobia y, no está del todo claro, en una cumbre de jefes de estado se decidió plantar cara a esta amenaza, adoptando los mensajes en los que se envolvía, quitándole fuerza en las urnas. Fue así como en 2008 Berlusconi se permitió el lujo de declarar la emergencia gitana. Un proyecto por el que se asociaba delincuencia con inmigración, adoptando medidas contra unos 150.000 rumanos gitanos a los que se cerraba las fronteras, invalidando el Tratado de Schengen para la libre circulación de ciudadanos. En aquella ocasión no hubo reacción de Zapatero, o al menos no más allá de cuando le reía las gracias sobre su apuesta por la igualdad de género y el gobierno rosa que el montaría con velinas, coristas y escorts a las que, por cierto, presentó en las listas de su partido a las elecciones europeas. Hace unas semanas, el presidente Sarkozy desmanteló centenares de campamentos gitanos y expulsó a miles de rumanos y búlgaros de esa etnia cual alumno aventajado de Le Pen. Ante esta desfachatez, la comisaria de Justicia Viviane Reding no se cortó al recordar el genocidio nazi de medio millón de gitanos. Fue entonces cuando llegó el respaldo de Zapatero a su colega Sarkozy en el Consejo Europeo sumándose al gallinero de críticas a la comisaria Reding.

Los populares no hace falta decir que no sólo se habían solidarizado con el narciso gabacho, sino que habían empezado su peculiar campaña en las calles de Badalona por si podían ampliar su caudal de votos extremistas. Del trío de las Azores al trío Romaní, pero ¿qué decían los ciudadanos? ¿Había movimientos de airados contra la exclusión, el racismo y la xenofobia? ¡No!, había una princesa del pueblo que bien podía disputar la presidencia del gobierno, admirada, envidiada, atendida, escuchada y repetida por un país de sonámbulos.

Vagamente empecé a urdir tanto hilo suelto. No eran los dirigentes europeos quienes se sometían a los dictados del FMI o del Bundesbank, era un país de sonámbulos al que se le podía recortar el salario, congelar sus pensiones, ampliar su periodo de cotización si quería cobrarlas, someter al dictado de los empresarios y la dictadura de las entidades financieras, y al mismo tiempo podía gritar con fuerza ¡VIVAN LAS CAENAS!

TRABAJO DE CHINOS

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Desde hace semanas vengo escuchando la misma cantinela en prensa, radio y televisión sobre el fracaso de la huelga general el 29 de septiembre, sobre el ambiente de desidia y desgana, de apatía y hasta decididamente contrario a la acción sindical. Los medios dicen reflejar lo que observan en la calle, pero lo cierto es que repiten consignas que les llegan desde los centros de poder político, financiero y empresarial, a la postre de sus dueños, amos y señores, que sin acuerdo previo han encontrado en la existencia de los sindicatos el chivo expiatorio a todos los males que aparentemente agobian a este país y sus ciudadanos.

Si escuchamos a los partidos políticos (exceptuando los partidos a la izquierda del gobierno), unos hablan de reforma laboral necesaria y otros añaden que insuficiente, y en todos anida la desregularización del trabajo. Más claros y expeditivos son los grupos financieros y las organizaciones empresariales, cuando señalan la rigidez del mercado laboral como el principal obstáculo para el crecimiento económico de sus rentas y cuentas de resultados y, por extensión, del conjunto del país.

Y esa rigidez la observan en la existencia de convenios sectoriales y colectivos, de acuerdo sindicales, de exigencias de los trabajadores, de cotizaciones a la Seguridad Social y, en definitiva, de todos los aspectos en los que se ven obligados a aceptar unas reglas del juego laboral, una regularización del empleo. Porque no les basta con que se les facilite el despido de trabajadores con empleo fijo a base de indemnizaciones que se amortizarán en muy poco tiempo con su sustitución por trabajadores más baratos, precisamente con la llegada de los que ahora se sostienen en la cuerda floja del empleo precario; y no les basta a pesar de haber situado a España en los puestos principales de este ranking estadístico de desempleo y precariedad, porque su verdadero y oscuro objeto del deseo es acabar con la intermediación en las relaciones laborales: ni gobierno (ni siquiera un jíbaro-gobierno), ni sindicatos.

Todo les iría mejor si las relaciones laborales se establecieran de manera directa y sin intermediaciones de ningún tipo, sin convenios colectivos, ni representantes de esos colectivos que vigilaran por sus derechos, que denunciaran los atropellos e impulsaran los beneficios sociales y la protección social. Qué bien les vendría la prohibición de la acción sindical o, para cumplir con la Constitución, la existencia de sindicatos amarillos controlados y sojuzgados, que abortaran la protesta de los trabajadores contra los abusos empresariales y les hicieran comulgar con recortes salariales que enjugaran el déficit estatal que habrían provocado con sus artes en ingeniería financiera. O que les convencieran para que aceptaran la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años con la promesa de una pensión de subsistencia (a veces ni eso), salvo que contrataran un seguro privado o un plan de pensiones en cualquiera de las entidades financieras propietarias de estos sindicatos amarillos.

A los que pertenecen a las clases sociales con rentas más altas de este país, qué bien le vendría acabar con los derechos laborales y sociales por los que lucharon generaciones de trabajadores en un movimiento sindical sin precedentes en la historia europea. Podríamos acabar como en China, cuyas tasas de crecimiento son de vértigo y donde los derechos de los trabajadores son un eufemismo. Por eso, para España también desean y se esfuerzan por un trabajo de chinos, pero sin chinos.

¡PODEMOS!

/ Joaquín Giró / 1 comentario

Podemos no es el grito de guerra mediático con el que se anima a la gente a participar del mundial de fútbol, sino la publicación gratuita para construir una verdadera soberanía popular en tiempos de crisis. Podemos vivir sin bancos, sin empresas multinacionales, sin dinero y sin clase política. Podemos, en definitiva, vivir sin capitalismo. El animador por antonomasia de Crisis? ¡Podemos! es Enric Durán (http://www.enricduran.cat/es/node/3313), que el miércoles tuvimos la suerte de tenerlo en Logroño, gracias al apoyo de la CGT en la Universidad de La Rioja-Grupo de Estudios Libertarios.

Para quienes no conozcan a Enric Durán no tienen más que teclear su nombre en Google y le aparecerán 287.000 resultados hablando del mismo, por lo que declino hacer ninguna glosa sobre su persona, tan solo citaré la acción por la que supimos de su existencia, el diecisiete de septiembre de 2008, cuando anunció que había estafado cerca de medio millón de euros a diferentes bancos y entidades financieras con el objetivo de denunciar el depredador sistema capitalista y de financiar movimientos sociales anticapitalistas. Y de movimiento social anticapitalista podría definirse la Cooperativa Integral de la que nos habló esa tarde.

La Cooperativa es un proyecto, desde hace dos meses en funcionamiento en Cataluña, que practica la autogestión económica y política con la participación igualitaria de sus miembros. Y es Integral porque junta todos los elementos básicos de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia y, al mismo tiempo, porque quiere integrar todos los sectores de actividad necesarios para vivir. El objetivo central es construir un entramado de relaciones económicas cooperativas y solidarias entre personas y empresas sociales, que salga de las reglas del mercado y que no sea controlado por el estado. Que sea un espacio para promocionar y hacer crecer productos ecológicos y locales, servicios realmente necesarios para nuestro día a día y nuevos proyectos de autoempleo vinculados a estas necesidades reales. A largo plazo puede convertirse en otra sociedad fuera del control capitalista, con su propio sistema de seguridad y previsión social, garante de las necesidades básicas de todos  en su trayectoria vital.

Más a corto plazo es una respuesta colectiva a la crisis del capitalismo, algo que ya se puede observar entre las redes y grupos locales participantes de la Cooperativa Integral en Cataluña, porque están reduciendo los gastos en euros ayudando a crecer las monedas sociales; porque han reducido el precio de los productos necesarios a través de compras colectivas; porque dan la opción de venta directa al productor; porque promueven el autoempleo digno e ilusionante a las personas que están en paro; porque dan una salida económica colectiva a todas las personas que han sido declaradas insolventes por la banca o el estado y porque dan una opción de ahorro comprometido a todas las personas.

Cooperativas Integrales y monedas sociales son instrumentos con los que se puede abrir una ventana hacia otra sociedad sin capitalismo y aunque en cada localidad, en cada territorio puedan tomar unas señas de identidad adecuadas a su realidad, lo cierto es que la extensión de los proyectos de autogestión permitirá avanzar hacia formas de existencia colectiva sin capitalismo. ¡Podemos!

OJO POR OJO

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Imaginemos por un momento que aquellos que entienden que otro mundo es posible, hartos de la inoperancia de los organismos multinacionales, deciden actuar por su cuenta contra la política del estado de Israel asentada en la fuerza de las armas y la violencia contra el pueblo palestino, y específicamente en el boicot y cierre de la franja de Gaza donde se aprisiona a la población civil y no se permite la llegada de la ayuda internacional.

Si bien el estado de Israel ha encontrado en la conculcación de los derechos humanos y del derecho internacional su legitimidad (dada la normalidad con que es acogida esta política por los países y organismos internacionales que avalan su política de expansión y colonización), también buena parte de las organizaciones, asociaciones y grupos que conforman la sociedad civil europea deciden poner freno a estas políticas mediante el ejercicio de la ley mosaica del Talión, cuya expresión más famosa porque expresa la proporcionalidad entre el daño producido y el castigo recibido, es la de “ojo por ojo y diente por diente”, pero no en el plano militar que tanto gusta a la sociedad israelí (no se trata de ocupar territorios israelíes, encerrar tras un muro de hormigón a su población y con frecuencia bombardear y destruir sus infraestructuras, sus servicios, su economía y sus vidas), sino en el plano simbólico y pacífico del boicot.

El objetivo sería hacer reflexionar a la sociedad civil con gestos simbólicos hasta que esta obligara a sus gobiernos a cambiar de política. Los antecedentes hay que buscarlos en el boicot realizado contra el apartheid sudafricano que si bien fue iniciado por personas y grupos independientes al final se convirtió en un boicot total que obligó a Sudáfrica a cambiar de política (el resto, desde Mandela hasta el Mundial de Futbol de estos días ya lo conocemos). Uno de estos actos simbólicos lo hemos observado en la exclusión de la carroza de Tel Aviv del desfile que el día internacional del Orgullo LGTB (lesbiana, gay, bisexual y trans), se celebrará en Madrid el 3 de julio, a causa del asalto del ejército israelí a la flotilla solidaria que intentó llevar a Gaza ayuda humanitaria y que acabó con la vida de nueve de sus integrantes así como con numerosos heridos. No lo han entendido así ni la organización gay israelí ni la derecha española que sacaron a relucir como crítica a esta decisión de boicot, la homofobia en países musulmanes.

La semana pasada, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid impidieron el Encuentro de energías renovables y cleantech hispano-israelí, donde el embajador de Israel Raphael Schutz tenía la intención de establecer relaciones comerciales-empresariales entre ambos países. Este lunes leíamos en la prensa que integrantes del movimiento “Rompamos el silencio” habían boicoteado las jornadas de la red Innova en un hotel de Madrid por la participación de la Cámara de Comercio España-Israel y la Casa Sefarad-Israel.

Seguidores de la competición europea de baloncesto se preparan para boicotear al Maccavi de Tel Aviv del mismo modo que ocurre en otras competiciones deportivas europeas donde la presencia de un equipo israelí está presente. En esta línea, algunos organizadores y promotores de eventos musicales, cinematográficos, televisivos, literarios, artísticos y culturales están pensando en excluir a los judíos salvo que den muestras de repudio hacia la política militar de ocupación de los territorios palestinos como ocurre en el caso del maestro Daniel Barenboim, el primer ciudadano del mundo con ciudadanía israelí y palestina.

Todos esos gestos simbólicos han llevado a una mayor concienciación de la sociedad europea y aunque en la israelí algo se ha empezado a mover, todavía triunfa la idea de pueblo perseguido por cristianos, musulmanes, gentiles y paganos. Por esto hacía falta una vuelta de tuerca más y esta ha llegado de aquello que sustenta y da alas al sionismo: el dinero. Primero de forma tímida se dejaron de comprar algunos productos Carmel de importación israelí (como mangos y melones), pero luego con fuerza se ha destacado desde el 2002 la campaña del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (http://www.nodo50.org/csca) para la identificación y boicot a los productos y empresas israelíes en el Estado español y empresas españolas que comercian en Israel, dando lugar a que amplios sectores de la sociedad israelí perciban que la ocupación de Palestina y el boicot a la franja de Gaza no es ignorada ni vista con indiferencia por la sociedad civil española, y que no serán tratados con normalidad mientras esta perdure. A nivel europeo se ha comenzado a discriminar aquellos productos en los que bajo su código de barras aparece el número setecientos veintinueve (729) que indica que este artículo ha pasado por Israel en algún momento del proceso de producción o distribución; y todo parece indicar que, como señala la ley del Talión del ojo por ojo, la sociedad israelí no quiere vivir en la ceguera.

MOVILIZACIÓN

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Creo que a nadie se le escapa que la crisis económica en la que estamos sumidos los españoles y buena parte del planeta tiene su origen en las malas prácticas del capitalismo financiero y especulador, que aprovechó la falta de principios éticos para crear burbujas de aire y venderlas como riqueza; en la entronización de los valores propios del depredador (de hombres y naturaleza); en la ideología neoliberal que desde los tiempos de Margaret Thatcher preconizaba la reducción del Estado hasta su práctica desaparición (aunque manteniendo los elementos de control interno como la policía y el ejército) y, finalmente, en el sometimiento de los gobiernos a las directrices que enviaban los grandes organismos económicos mundiales, como la ya manida reducción del déficit público hasta el 3% del PIB mediante el rigor presupuestario.

Y nadie desconoce que las medidas que han tomado los gobiernos se han fijado en primer lugar en la masa cautiva de asalariados y pensionistas dependientes de esos presupuestos; es decir, la reducción del déficit ha comenzado por el recorte de los salarios y pensiones de funcionarios y pensionistas, antes que por la exigencia de responsabilidades a quienes promovieron este déficit. Otros recortes seguirán a este primer paquete pero sobre todo se envía el mensaje a la sociedad de que todos debemos pagar los excesos de unos pocos (esto lo arreglamos entre todos).

Hay una vaga promesa de, en el futuro, meter mano o regular un poquito a las grandes corporaciones financieras, armamentísticas o farmacéuticas, pero sin pasarse, pues cuentan con aliados globales y controlan los mercados de valores; así que ¡ojo!, que ellos siempre apuestan por caballo ganador aunque muera reventado tras la carrera.

En estas estamos cuando acabo de recibir dos comunicados, uno del gerente donde me avisa que mi salario base mileurista se reduce desde este mes un 9,72%, y  los complementos e incentivos de productividad que hace años nos presentaron como el medio para recuperar algo de nuestro maltrecho poder adquisitivo tras la congelación de salarios de los populares señores Aznar y Rato, hasta un 5%. El otro comunicado recibido, más bien los otros comunicados, son los de las centrales sindicales que me instan, no a la movilización, sino a participar en una huelga de 24 horas el ocho de junio.

He leído que con el recorte salarial a los trabajadores de la Universidad de La Rioja el déficit de la misma descenderá en aproximadamente 1.600.000 euros, a los que habría que sumar la aportación extraordinaria de las 24 horas de esta huelga convencional. Y esto me hace pensar que si declaramos huelga, no un solo día sino una semana (o lo que estime oportuno el gerente), por ejemplo aprovechando las fiestas locales de San Bernabé y el día de La Rioja en que no hay clases, podríamos finiquitar la deuda casi en su totalidad.

Porque se trata de eso, de ayudar al país, cada uno en la medida de sus posibilidades ¿no es así? Por ejemplo, los componentes del Gobierno de La Rioja se van a recortar sus salarios un 10% y van a tener que malvivir con apenas siete u ocho mil euros mensuales (menos mal que los gastos de protocolo no se los rebajan), y además dice el Presidente que los asesores colocados a dedo con cargo al erario público no son el centenar que dice el jefe de la oposición (algunos se han colocado por méritos propios y por eso no se cuentan). Aquí unos pocos arrimamos el hombro para enjugar el déficit, cada uno con sus medios; unos mediante la huelga convencional de 24 horas y otros mediante gestos simbólicos y cara a la galería, y siempre para al sostenimiento del status quo, para el sostenimiento de un sistema que no va a cambiar su modo de obrar.

Pero claro, si los millones de parados despiertan, si los millones de extranjeros se rebelan contra su exclusión y si la ciudadanía da un paso adelante se podría realizar, no una huelga de 24 horas sino una huelga general contra esta política y estos políticos, contra este sistema y las corporaciones que lo alimentan, contra la corrupción y a favor de la democracia. Y entonces, y sólo entonces, hablaríamos de movilización de todos, entre todos y para todos.

OTRA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ES POSIBLE

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

A pesar que nadie se cree que la situación del déficit de las cuentas públicas tiene su origen en el desarrollo del Estado del Bienestar, es decir, en la consolidación de los derechos de educación, salud, pensiones y autonomía personal, todo parece indicar que el ajuste presupuestario impuesto por los grandes organismos económicos mundiales camina en el sentido de restar y adelgazar la expansión y el desarrollo de esos derechos.

España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB antes de 2013. Eso va a obligar al Gobierno a recortar 15.000 millones en gastos en dos años. La solución vendría de una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, de modo que la brecha abierta y cada día más grande entre la ciudadanía y unos pocos, la terrible desigualdad existente entre los más ricos y la generalidad, se amortiguara levemente. Sin embargo, hay una justificación para no poner en marcha o dilatar esta reforma fiscal que acabe con tanta injusticia económica, y es que los efectos sobre la deuda pública no tendrían efecto hasta 2012 mientras que las exigencias del mercado señalan reducciones drásticas desde ahora mismo.

Sabemos que el origen de la deuda pública ha sido generada por la estafa y el saqueo de las arcas públicas cometido por las grandes corporaciones financieras, farmacéuticas y armamentísticas y, sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno parecen ir en la dirección contraria al ajuste de cuentas con estos delincuentes, reduciendo los servicios y precarizando la vida de la ciudadanía, principalmente jubilados y funcionarios. La medida de ajuste más impactante, dado el incumplimiento del Pacto de Toledo, ha sido la congelación de las pensiones en 2011, sin menoscabo de la reducción de un 5% en el salario que perciben los empleados públicos o el recorte de la inversión pública.

Como no creo que estas medidas de ajuste sean las únicas que se pueden tomar en este momento, he ido buscando y encontrando algunas de aplicación más sencilla y con más garantía social. Son medidas que promueven profesores de Economía (Público.es de 16 de mayo) que han reflexionado sobre cómo realizar la reducción del déficit sin afectar a la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de los derechos sociales. Piensan que todos los recortes del gasto público son en realidad recortes al PIB y un modo de prolongar la recesión, por lo que se debería destinar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob),  dotado en 2009 con 6.750 millones para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria, y destinarlo a inversión pública. Tan sólo algunas cajas han demandado algo de este Fondo, pero los grandes bancos como el Santander (2.215 millones de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 5,7% más que el año pasado) o el BBVA (1.240 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 0,2% más que el año pasado), no parecen necesitar de este Fondo que hay que dotar con nuevas emisiones de deuda pública hasta llegar a los 90.000 millones previstos. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas (privatización de los beneficios) y sus pérdidas socializadas/estatalizadas.

Otra corporación dedicada a saquear el arca pública, la armamentística, basada en el mantenimiento de la guerra como negocio mediante la ocupación de países, puede ahora contribuir a reducir el déficit a partir de la retirada de las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones), así como recortando los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este mismo año. Hay quien sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para veinticuatro helicópteros de combate Tigre.

El recorte a la poderosa corporación farmacéutica (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis, ha sido bien visto por todos, aunque después del bluff de la compra masiva de vacunas para la gripe A y la disposición de esta corporación a propagar a través de la OMS el temor a la enfermedad global, le permite afrontar con tranquilidad estas medidas contractuales y en el futuro encontrar otros medios para utilizar los medicamentos como productos generadores de inmensos beneficios. Otro recorte que ha sido bien recibido, salvo por la demagogia popular, ha sido la supresión del cheque-bebé, que asignaba injustamente la misma ayuda a cualquier nivel de renta, aunque habrá que buscar incentivos a la natalidad que tengan en cuenta las desigualdades.

Otras medidas de ajuste podrían realizarse de inmediato como la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones. Quizás entonces el señor Fabra y su mujer no habrían tenido tanta suerte y tantos premios en tan poco tiempo (en 2008 ganó dos millones de euros con el premio Gordo de la Lotería del Niño). Por supuesto, la supresión de cargos de libre designación y asesores que los políticos designan a dedo para colocación de amigos, familiares y políticos en situación de paro (hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 sin impacto laboral). El cálculo dice que si el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, la supresión supondría un ahorro de 1.120 millones al año, sin contar el ahorro en comidas, viajes y demás actos protocolarios.

Pero hay una manera de ahorrar más de 250 millones al año que no exige subir impuestos ni eliminar ningún servicio ni prestación, y es la supresión de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Incluso es posible que en estos momentos el Estado deje de ingresar casi mil millones de euros por desembolsos fiscales no realizados, dado el acuerdo del Estado español con el Vaticano porque el que se exime de tributar el IVA a la iglesia católica. No es de recibo que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio estén financiadas por el Estado, sino financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

Estas y las otras medidas señaladas nos hacen pensar que otra reducción del déficit de las cuentas públicas es posible, y que el mantenimiento de los derechos sociales y la inversión también son posibles.

VIGILAR Y CASTIGAR MENORES

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Hace pocos días tuvo lugar una pequeña manifestación en el pueblo de Seseña (Toledo), en protesta por la muerte de la adolescente de trece años Cristina Martín a manos de otro adolescente de su edad, y en la que se quejaban de la supuesta impunidad que tienen los delitos cometidos por menores.

Fue una manifestación de protesta que ya se ha repetido puntualmente en casos parecidos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, y siempre enarbolando la petición de modificar la ley del menor con el objetivo de que se rebaje la edad penal de los menores y adolescentes, o bien que cumplan condenas de cárcel una vez adquieran la mayoría de edad a los dieciocho años. Incluso hay quienes han solicitado la aplicación de la ley de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas, para que los delitos de los menores sean considerados a la misma altura que los terroristas o el crimen organizado. Y en la línea del ingenioso y sarcástico Federico Trillo, los hay que demandan la cadena perpetua condicionada, todo un homenaje al disparate nacional arropado por la imaginación de un legislador inquisidor.

A pesar de que la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, desde que se publicara en enero de 2000 ha sufrido hasta cinco modificaciones, casi a una por cada ocasión de alarma social (más bien alarma mediática y partidaria), la petición de endurecimiento de las penas se ha mantenido constante frente a la demanda de medidas de carácter preventivo o protector. Tal parece que los menores y adolescentes del siglo XXI se han convertido en una amenaza para el orden social de los adultos, como ya ocurriera en los siglos más oscuros de la historia social en los que la consideración acerca de los niños como seres angelicales e inocentes se transformó en la apreciación de ángeles oscuros o demonios, capaces de las mayores crueldades. Sobre esta base de que los niños no son tan inocentes  se encuentra la justificación de los doce años como edad suficiente para considerar sus acciones, como iguales a las de un adulto al que castigar por sus faltas y delitos con penas de cárcel y encierro en recintos adecuados.

Lo curioso y desalentador de esta forma de entender leyes y normas punitivas, virtud de una mentalidad de siglos anteriores, es que se pretendan aplicar sobre niños del siglo XXI. Una realidad de adultos aplicada a una realidad de niños y adolescentes, en la que mientras unos juegan con el espacio físico, la economía y el futuro de la tierra, los otros juegan a la Play, el móvil o Internet. Realidades enfrentadas y hasta contradictorias, pues mientras unos se sienten creadores, otros proyectan su creación; unos son adultos conscientes y definidos y otros son menores con imaginación y sin identidad o, en todo caso, con una identidad en construcción donde los modelos ya no son sólo los adultos (padres, familia, escuela, religión), sino los que imaginan que son como adultos, sus colegas de Tuenti o de cualquier otra red social.

Curiosamente las dos niñas implicadas en el caso de Seseña chateaban en Tuenti pese a que eran menores de catorce años; es decir, se habían inventado y construido una identidad falsa con la que se integraron en la red. En la red, las niñas, niños y adolescentes reinventan su identidad de forma gratuita sin el concurso de los adultos, que sólo consiguen hacerse visibles y ocupar un lugar en el mundo mediante la compra del mismo. Tanto en la red Tuenti como en Facebook, se han creado grupos que propugnan justicia en sus muros, destacando con textos, fotos y videos el carácter angelical de la víctima y el carácter demoniaco de la agresora, azuzándose los miembros de dichos grupos en petición de venganza con toda clase de historias, improperios y solidaridad con las familias de las víctimas. Incluso cobra fuerza en estos grupos la sospecha de que fue la invitación de amistad en la red a un chico, lo que pudo originar la disputa entre estas niñas que trágicamente acabó con la muerte de una de ellas.

Mas dejando de lado la configuración, construcción y modelación del niño que, desde luego, no ha sido uniforme ni continua a lo largo de la historia, nos encontramos con la existencia de establecimientos donde se encierra a los niños, niñas y adolescentes con un afán punitivo que repugna a la conciencia de los adultos sensibles a los derechos fundamentales de los mismos. Los centros de reforma, de protección de menores y de acogida a menores inmigrantes no acompañados, se han convertido poco a poco en establecimientos carcelarios de los que, incluso el Defensor del Pueblo, llegó a denunciar cuanto habían expuesto públicamente en numerosas ocasiones las asociaciones, ONGs y organizaciones de apoyo a la infancia y la juventud, a propósito de las innumerables irregularidades (producidas principalmente en establecimientos con gestión privada), como la excesiva rigurosidad en los métodos de contención, incluyendo el uso de violencia física; el uso abusivo e indiscriminado de medicación, la intimidación psicológica, el aislamiento en celdas, etc.

Pese a que el debate social ha mostrado su oposición a que estos establecimientos se encuentren gestionados por entidades privadas, en el huerto riojano se riega contracorriente y la consejera para la privatización de los servicios sociales acomete sin apenas despeinarse la tarea encomendada. Resulta cuando menos irónico que fuera la diputada del PSOE Inmaculada Ortega, actualmente expulsada del hemiciclo por su carácter desafiante al PP (más o menos como si expulsaran de La Rioja a unos cuantos miles de riojanos por defender puntos de vista contrarios), quien el pasado mes de marzo presentara una proposición no de ley sobre la privatización de la Residencia Iregua y recibiera como respuesta, que el propósito de las críticas a las entidades privadas Diagrama y O´Belen interesadas en su gestión están orquestadas por los sindicatos.

Vamos, que la falta de eficiencia de la gestión privada que puede llevar a gastos superiores al millón de euros al año, que el despido de trabajadores en activo con formación y experiencia suficiente, y que la pérdida de los objetivos de protección a menores aplicando criterios educativos de reinserción, no son mas que insidias sindicales; por que lo relevante es la política de externalización de los servicios públicos mediante su privatización. El dinero debe fluir del conjunto de todos los bolsillos riojanos a la caja fuerte de unos pocos empresarios y, para conseguir apoyos, nada mejor que excitar los instintos de venganza y castigo. Parafraseando el libro de Michel Foucault, se trata de vigilar y castigar menores.

A VUELTAS CON GARZÓN

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Esto lo escribí el dieciocho de marzo de 2010

En los últimos meses nos hemos habituado a las noticias que señalan al juez Baltasar Garzón, no como el  juez de la Audiencia Nacional que a lo largo de veinte años se ha dedicado a someter a la justicia los crímenes de Pinochet, el terrorismo de ETA y el fundamentalismo islámico, el narcotráfico, la delincuencia económica, las mafias organizadas, la corrupción política y los crímenes de Estado; sino como el juez sometido a una campaña política y judicial sin precedentes, dirigida a deshacerse de él y evitar que continúe con su actividad. Precisamente en estos momentos, el Tribunal Supremo está considerando el procesamiento y la suspensión del Juez Baltasar Garzón.

El Tribunal Supremo ha admitido hasta tres querellas en su contra. La primera querella por un posible delito de prevaricación, fue admitida a trámite en mayo de 2009 por acusación del sindicato ultraderechista Manos Limpias, a propósito de la investigación abierta por Garzón para averiguar posibles delitos cometidos por el franquismo y durante la guerra civil, y está relacionada con la exhumación de decenas de miles de víctimas de la represión franquista. En esta querella, a Garzón se le acusa de incumplir la Ley de Amnistía de diciembre 1977, que hizo posible la elaboración de la Constitución de 1978 y su aprobación en Referéndum. Sin embargo, numerosos juristas sostienen que el derecho internacional es claro al respecto, y que ni los crímenes contra la humanidad ni los presuntos autores de tales delitos pueden ampararse en leyes de amnistía nacionales, pese a que estas leyes han podido servir en su momento para alcanzar una situación de paz social o de transición, como ocurrió en nuestro país con el paso de la dictadura a la democracia.

Una segunda querella por prevaricación (según el orden temporal de admisión por el Supremo) se formuló a propósito de unos cursos académicos organizados en Nueva York con financiación parcial del banco Santander. Las declaraciones de las entidades han dejado fuera de toda sospecha al juez por lo que es de esperar que esta querella no prospere.

Finalmente, el Supremo ha admitido en pocos meses la tercera querella por prevaricación contra Garzón, esta vez a causa del procedimiento por el que ordenó las escuchas en la cárcel de las conversaciones mantenidas entre los letrados del caso Gürtel y sus clientes imputados, y en la que se ha personado el mismísimo presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Tiene narices que una de las mayores tramas de corrupción política de nuestra historia sea capaz de librarse de la justicia porque el juez que instruye su causa, puede ser encausado a su vez por los mismos delincuentes que pretendía juzgar.

A este paso todos los mafiosos del mundo, los criminales, los narcotraficantes, dictadores y asesinos buscarán refugio en España, sabedores de que si son detenidos y es Garzón quien instruye, podrán contar con el respaldo y el apoyo de jueces y políticos o, mejor dicho, jueces politizados y políticos amigos de la judicialización de la política, que desbaratarán las acciones de Garzón hasta dejarlos libres y con honores.

Los políticos que no hacen política, ajenos al sentir de la ciudadanía y cada vez más lejos de la realidad ciudadana son considerados uno de los principales problemas que tenemos en España. La próxima encuesta del CIS es posible que mejore la posición de los políticos pero será a costa de la creciente crítica a la Justicia y del descrédito del poder judicial, por su clara politización, por su inmersión en la ciénaga en el que se amalgaman intereses personales, envidias corporativas y fidelización partidaria, que dejará muy lejos el Espíritu de Montesquieu y el dogma del constitucionalismo liberal acerca de la separación de poderes.

DAÑOS COLATERALES

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Los daños colaterales de la crisis son reales, muy reales, y no son un eufemismo militar con el que se justifican las matanzas de civiles. Sabemos que esta crisis (económica, financiera, de empleo) está ocasionando daños en primer lugar entre los más expuestos, los más vulnerables, los más débiles: la población inmigrante. Y en segundo lugar entre el resto de la ciudadanía que ve como la oportunidad de integrar, incorporar este paisaje diverso a sus vidas, a la estructura social, se desvanece en beneficio de quienes exhiben con impudor los mensajes xenófobos de que los inmigrantes roban el trabajo a los autóctonos y se aprovechan de los recursos de un Estado del Bienestar, aún en mantillas.

Y resulta cuando menos curioso, que el mensaje “Esto lo arreglamos entre todos” a iniciativa de la Fundación Confianza formada por las Cámaras de Comercio y las principales empresas del Ibex 35, haga uso en su campaña publicitaria de personajes y personas que supuestamente son una imagen representativa de la sociedad, pero donde casualmente no aparece ningún inmigrante, auténtico emprendedor donde los haya, si tenemos en cuenta que es capaz de salir de su país, aprender otro idioma, habituarse a otras costumbres y realizar un sin fin de ocupaciones, dentro de un proceso de movilidad laboral como nunca han conocido los trabajadores europeos. Estos emprendedores, pese a que constituyen el 12% de la población española, han sido escamoteados e invisibilizados de la campaña de “entre todos”.

Para visibilizarlos se encuentran las políticas migratorias, que en tiempos de crisis ponen el énfasis en los retornos y el cierre de fronteras cuando la realidad migratoria nos habla de inmigrantes arraigados que buscan un futuro pese a las nuevas adversidades laborales o de empleo, que buscan reagrupar a su familia frente a las leyes que se inclinan por la separación y la división, y que intentan utilizar sus habilidades y capacidades pese a que las ofertas de empleo son siempre de poca o escasa cualificación, ignorando y despreciando el gran capital humano que a coste cero se ofrece al desarrollo del país.

La diferencia cuantitativa entre los que entran y salen, pese a que sigue siendo positiva, está muy lejos de cuanto ocurría hace tres años. Hoy son muchísimos menos y los desplazamientos son más por el interior del país. Y es que las corrientes migratorias son autónomas y responden a otro tipo de impulsos no necesariamente vinculados a la situación económica o de empleo de los países de destino. En estos momentos, las personas que llegan a España vienen con el afán de quedarse, reagrupar a la familia y asegurar el porvenir de las siguientes generaciones. No lo tienen fácil, pues mientras que la tasa de paro de los españoles alcanza el 17% de la población activa, la cifra se sitúa en el 30% entre los extranjeros.

La crisis les afecta mucho más que a los trabajadores autóctonos y ocasiona graves daños en su salud. El pasado viernes cinco de marzo, en el III Encuentro Internacional sobre Migraciones celebrado en la Universidad de La Rioja, escuchaba en una mesa integrada por representantes de asociaciones algunos relatos personales, como el de Fátima que tras años de trabajar en España donde tuvo a sus tres hijos le planteaban que volviera a su país. Qué debo hacer se preguntaba. Y aún recordaba que peor situación tenían otras personas que ayudaban con sus exiguas remesas a la familia que había quedado en el país de origen y, que al interrumpir los envíos, sospechaban que habían dejado de quererles o importarles su suerte.

En peores circunstancias se reconocía Zephirin, pues tras dieciséis años en España sin  haber visto una sola vez a su familia, y sin poder ayudarles en este momento, sufría porque tampoco podía volver con la sensación de fracaso, de haber perdido los años sin haber conseguido una pequeña meta que justificara ante los suyos tantos años de ausencia. La vergüenza del fracaso le producía depresión y ansiedad.

Tan sólo Nargis demostraba cierta entereza al hablar de la oportunidad que la crisis había traído a las mujeres de su comunidad, encerradas en sus casas al cuidado y crianza de los hijos, pero que en este momento necesitaban trabajar y, para ello, habín dispuesto aprender el idioma que hasta entonces no habían necesitado.

Pequeñas historias que recrean la coyuntura de la crisis en el campo de los ciudadanos más vulnerables, más precarios, más excluidos. Algunos con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises); con desarraigo social y sin apoyo familiar o de la comunidad de origen. Otros trabajando con alto riesgo para su salud o sin contrato, y con la responsabilidad de mantener a la familia que dejaron. Con problemas de comunicación o de costumbres, huyendo del choque cultural o del mestizaje. Con desconocimiento del alcance de los sistemas de protección social. Con problemas para regularizar su situación administrativa de una vez para siempre (unos disfrutan del estatuto comunitario por nacimiento o matrimonio mientras que otros se someten al régimen general o extracomunitario). Con problemas para reagrupar a su familia o para evitar su expulsión. Inestabilidad legal, fragilidad, segmentación, discriminación. Los daños colaterales de la crisis.

EL BURKA Y LA IDENTIDAD PERDIDA

/ Joaquín Giró / 3 comentarios

Este artículo se publicó en Rioja2.com el diez de febrero de 2010. Sobre la Grandeur y monsieur Sarkozy y totalmente de acuerdo con Sami Naïr:

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Burka/elpepiint/20100227elpepiint_9/Tes

Hace unos días, el primer ministro francés, François Fillon, mostraba una serie de medidas patrióticas con el fin de reforzar la identidad gala. Una identidad perdida, según el gobierno francés, ante la llegada de extranjeros que no han hecho suyos los símbolos y valores de la República, y que la atacan y socavan con sus manifestaciones antipatriotas, como se considera a las pitadas y silbadas de la Marsellesa cada vez que la selección nacional de fútbol juega contra un equipo magrebí, pese a que entre sus filas cuente o haya contado con jugadores de la talla de Zidane, verdadero icono de la juventud francesa de origen argelino.

Hace unos meses, el presidente Sarkozy estimuló un debate acerca de prohibir el uso de la vestimenta femenina, como el burka o el niqab, que es una prenda que sólo deja descubiertos los ojos, entre las integrantes de corrientes religiosas islamistas fundamentalistas, al advertir que el burka “no es bienvenido en Francia”. Sarkozy aprovechaba una decisión antecedente del Ministerio de Inmigración  e Identidad Nacional, de denegar la nacionalidad a un hombre que obligaba a su mujer francesa a vestir el burka. Ya en 2008, también se había denegado la nacionalidad francesa a una mujer marroquí, de la corriente salafista, que vestía con el velo integral.

Los parlamentarios de la mayoritaria UMP, consideraron que este tipo de manifestaciones públicas (vestidos y silbidos), deberían ser prohibidos en el espacio público, pues van contra  las señas de identidad francesa. Pero si bien la vestimenta es fácil de reglamentar su uso, más difícil lo tienen contra la voluntad libre de expresarse mediante silbidos, pitos y cuchufletas. De ahí que mediante el ardid del ministro de Inmigración e Identidad Nacional, al crear una página web para que los franceses se expresaran acerca de lo que entendían por identitario, y tras diferentes sondeos de opinión pública en los que más de la mitad de los encuestados se manifestaron en contra del uso del burka, el gobierno se sintiera respaldado para sacar una lista provisional de medidas en defensa de la identidad nacional.

Son medidas provisionales, pero que denotan el verdadero objetivo que enmascaran, que no es otro que la lucha contra el establecimiento de una sociedad multicultural y la imposición de una cultura homogénea, bajo el paraguas de la República. ¿O es que no resulta ridículo que una identidad tan poderosa como la francesa, que ha sometido bajo su bandera, su himno –la Marsellesa- y los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, a numerosos pueblos y naciones, pueda sentirse ahora amenazada por algo menos de dos mil mujeres musulmanas que utilizaban como vestimenta el burka?

Como en los aeropuertos, podría restringirse el uso de ciertas prendas si estas atentan contra la seguridad, o bien si se trata de prevenir la violencia o la delincuencia; pero nunca como un medio de limitar la libertad de las personas con el justificante de que van contra los valores culturales de la identidad. Por que los valores culturales son subjetivos y pertenecen a los ciudadanos y a los grupos de ciudadanos que los comparten, pero nunca al Estado, ni a su supuesta y falsa identidad colectiva. Ni siquiera es atribuible esta restricción a la supuesta defensa de las mujeres, pues para muchas mujeres musulmanas la vestimenta que las cubre parcial o totalmente es un signo de identidad y no un signo de sumisión. ¿Qué restricción podría imponerse a las mujeres que muestran y no cubren su cuerpo, parcial o totalmente? ¿Habría que obligarlas a cubrirse para no demostrar sumisión a los intereses libidinosos de los hombres? Resulta ridículo, casi tan ridículo como cuando se impuso la moda entre los adolescentes de mostrar su ropa interior, un modo más de construir su identidad, y algunos centros escolares impusieron sanciones por esta forma de vestir. Al final se impuso la voluntad individual de los jóvenes, y las normas acerca de lo que se entendía por corrección en el vestir se guardaron en el cajón demodé.

La identidad no puede forjarse restringiendo las libertades individuales, o los referentes que la soportan si estos son múltiples y variables. En suma, no se deben enfrentar las personas y las comunidades a las que se adscriben, por muy profundas que sean las diferencias étnicas, religiosas, de lengua, vestido o alimentación, etc. Hay que construir esa identidad mediante políticas inclusivas, que reconozcan a todos los mismos derechos, entre otros el de vivir y relacionarse en una sociedad que asuma los cambios culturales y la pluralidad de sus manifestaciones. Lo demás es practicar la búsqueda del santo grial, perdón, la búsqueda de la identidad perdida.