Ciudadano

IDENTIDAD CIVICA, RACISMO Y DISCURSO ELECTORAL

/ Joaquín Giró / 1 comentario

Este artículo se publicó en Rioja2.com el veinte de enero de 2010. Entonces aparecieron dos ayuntamientos reclamando no empadronar a inmigrantes irregulares. Eso era un aperitivo por que sus verdaderas aspiraciones estaban próximas a las del Ku-Kus-Klan

No me considero parte de un colectivo que practica el buenismo. Soy más bien un malo con conciencia ciudadana o con identidad cívica, aunque el término puede que sea contradictorio. Por que los malos son siempre los cobardes y criminales con poder para someter a los ciudadanos, a los que consideran débiles piezas de un entramado socioeconómico que hay que disciplinar.

El caso es que no soy practicante del buenismo como me definen algunos amontillados y agrestes amigos, simplemente señalo con convicción que la discriminación y el racismo son hijos del miedo y la ignorancia. Miedo al otro, al diferente, al extranjero; e ignorancia y alienación por una representación de la inmigración plagada de estereotipos negativos, paternalistas y discriminatorios.

Se aduce que la identidad catalana, riojana, española o europea, se ha construido desde un pasado mítico que conjuga la democracia, el cristianismo, el mercado y el respeto a los derechos humanos; mientras que los otros, a los que se describe como enemigos de la democracia (terroristas), moros o judíos (principalmente musulmanes), pobres y practicantes de toda clase de infamias como poligamia, ablación, lapidaciones, etc., disponen de una identidad desconocida y por ello temida. Desde una perspectiva sociocultural, la identidad del otro se presenta como la un enemigo económico, político, social y cultural al que batir.

Es de este modo como el racismo cumple la función de categorizar, colocar y discriminar a ciertos grupos religiosos, étnicos o sociales; construyendo al mismo tiempo, un discurso que justifica, sostiene y legitima ciertas prácticas orientadas a segregarlos y excluirlos. A lo largo de la historia, los movimientos migratorios y las minorías étnicas han sido siempre objeto de estereotipos criminales, así como fuente de problemas de higiene, salud, contagio y contaminación cultural.

La propuesta de vergonzantes gobiernos municipales de no empadronar a los inmigrantes “sin visado” y clandestinizar a los inmigrantes irregulares, puede tener cierto éxito electoral en un contexto de crisis económica; pero aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. Al impedir el empadronamiento, no sólo se impide el acceso a los bienes y servicios públicos que los ciudadanos disponemos para el consumo de todos aquellos que los necesiten, sino que también se dinamita el puente que permite, que los que se encuentran en situación irregular, puedan acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva.

Uno de los discursos que mas daño esta haciendo a los inmigrantes, perjudicando su integración social y su relación armoniosa con la sociedad de acogida española, es el discurso de que los inmigrantes están sobreprotegidos y hacen un uso masivo e intensivo de los servicios públicos (son los que se quedan con las viviendas protegidas; como tienen muy mala salud colapsan centros y hospitales, y como además tienen muchos niños están ocupando las aulas de nuestros hijos).

Es un discurso que provoca peligrosamente el desarrollo del prejuicio xenófobo que acaba convirtiéndose en pura gasolina que utilizan en sus incendios los grupos racistas, pero que a efectos electorales vuelca el malestar de los ciudadanos pusilánimes, no contra los políticos como sucede actualmente, sino contra los débiles y oprimidos, contra los extranjeros e inmigrantes excluidos.

Ya  decía al principio que no pertenezco al colectivo que destaca por su buenismo, por que creo en el hombre, es cierto, pero no creo en la clase política. Como señalaba Mark Twain: “No conozco ningún grupo que sea criminal por naturaleza, con la posible excepción de la clase política”.

CARA Y CRUZ DE LA EDUCACION

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Este artículo se publicó en Rioja2.com el uno de diciembre de 2009. Mi intención era que la necesidad de firmar un pacto por la educación no desviara la mirada de la importancia de apoyar por encima de todo a la escuela pública y laica.

Escuchamos desde hace días, como si de un mantra se tratara, que es necesario firmar un gran pacto por la educación. Unos dicen que debe formalizarse entre los partidos políticos. Otros entienden que este pacto debe suscribirse entre gobierno central y gobiernos autonómicos que tienen transferida esta competencia. Otros abogan (el ministro entre otros), por un pacto que englobe a todos los agentes educativos incluyendo sindicatos y organizaciones profesionales, consejos escolares, asociaciones de padres y madres, de estudiantes y, por supuesto, grupos políticos insertos en el Parlamento. Pero claro, un pacto educativo en el que intervienen tantos actores y con intereses tan diversos es más bien la cuadratura del círculo, máxime cuando no existen por parte de casi ninguno objetivos generales, del bienestar general o del común de los ciudadanos, sino que cada uno busca satisfacer sus demandas o necesidades particulares, de poder, prestigio, dinero o status.

Conocedor el ministro Gabilondo de la vastedad de esta tarea de aunar voluntades en torno a un documento sobre el que estampar la firma, ha comenzado por lanzar, como si se tratara de una tormenta de ideas, algunas líneas, más vagas que concretas, sobre las que comenzar a elaborar ese documento. Por ejemplo, ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años y elevar el nivel de titulación obligatoria (ahí se encuentran algunas demandas en favor de disminuir la carga docente de la ESO y aumentar la del bachillerato), reformar la formación profesional elevando el nivel de sus exigencias hasta competir con los estudios universitarios, acabar con las reformas escolares y las leyes impulsadas en función del cambio de gobierno, y otras cuestiones que no son menores pero sí con menos impacto mediático, como reforzar la autoridad del maestro, dar una formación continua al profesorado desvinculándola de mejoras en el nivel retributivo, aumentar el grado de participación de las familias, elevar el gasto de la educación no universitaria por encima del gasto medio de la OCDE en relación al PIB, etc., etc.

Vale, un conjunto de buenos deseos alejados de la realidad del modelo educativo español, aún sujeto al pasado inmediato de la escuela nacional-católica basado en la segregación en función de la clase social, el género y la etnia, que distribuía a los niños en escuelas segregadas según fuera el nivel socioeconómico de las familias (en escuelas públicas o en centros religiosos –hoy concertados-), o según fueran niñas (en aulas distintas y separadas de los niños) y según fueran gitanos (hoy también los hijos de inmigrantes). El modelo educativo español tiene otras cosas que le separan aún más del conjunto de países europeos que los resultados que ofrece el Informe PISA, y es que con dinero público se financia la educación privada, elitista y religiosa (católica por supuesto). Por si esto fuera poco, dos tazas de caldo: la educación privada en España supone algo más del 30% del conjunto del sistema educativo, veinte puntos por encima de la media europea. Así, el resultado de esta situación especial si se quiere incrementar el gasto en educación y mejorar el sistema público educativo, es que a la vez hay que mejorar los resultados económicos de la segregacionista educación concertada.

Vaya dilema, si queremos ponernos a la altura de los países que mejor funcionan del mundo y donde los jóvenes salen mejor preparados para la vida, tendríamos que romper con el modelo segregacionista y retomar el modelo europeo de escuela pública y laica. Un modelo partidario de la educación para la ciudadanía y alejado del crucifico en las escuelas, como sentenció el tribunal de Estrasburgo el pasado tres de noviembre. Pero, según sentenció también el tribunal constitucional español, hay que garantizar la libertad de elección de centro de los padres, y para garantizar este derecho constitucional hay que financiar los centros privados y religiosos con dinero público que se detrae de la escuela pública y laica. Jesús, qué cruz.

GOBERNAR O BERLUSCONIZAR LA INMIGRACIÓN

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

Este artículo se publicó en Rioja2.com elcinco de noviembre de 2009 y lo escribí pensando en la reforma de la ley de extranjería.

Hablar de migraciones es entender de un fenómeno lleno de contradicciones, de ambivalencias, de sentidos y resultados contrarios, de esquemas binarios y opuestos; en muchos casos es hablar desde un esencialismo maniqueo que nos permita pasar de una orilla a su opuesta sin mojarnos nunca. Esto es en definitiva lo que está ocurriendo en la manera de pensar y obrar de los españoles, ante un fenómeno que nos sobrepasó ayer y nos sobrepasa en el presente, y al que no hemos sabido jamás como hincar el diente.

El hecho de que en pocos años el volumen de las personas inmigrantes que llegaron a establecerse en España fuera tan alto y tan diverso; que nos preocupáramos hasta aparecer en las encuestas del CIS al mismo nivel que el terrorismo o el paro; que nos sobresaltáramos con las manifestaciones racistas del Ejido; que en pleno ciclo de crecimiento económico se creara unas bolsas de irregularidad como la demostrada en 2005 con el proceso de regularización de más de 600.000 extranjeros; todo ello, bien sazonado por una prensa abierta a las noticias de impacto emocional, nos hizo creer que nosotros solitos nos habíamos convertido en la primera potencia que entendía y sabía mejor del fenómeno, precisamente por nuestro pasado migratorio; y que ahora, como país receptor, no necesitábamos aprender de las enseñanzas de otros países con gran tradición migratoria.

Así, nos convertimos por arte de birlibirloque en campeones antirracistas, multiculturales, expertos en integración ciudadana, interculturalidad, codesarrollo, multireligiosidad, plurilingüismo, etc., sin que esto viniera acompañado por un auténtico trato igualitario, no discriminatorio e integrador, o simplemente de normalización en las relaciones ciudadanas entre autóctonos y extranjeros.

Esta falta de conocimiento acerca de la realidad; acerca de cómo nos relacionamos (o no nos relacionamos) verdaderamente con la población inmigrante, ha permitido que las políticas inmigratorias del resto de los países europeos fueran precisadas en nuestra conciencia como ajenas al sentido ciudadano y solidario de los españoles, autodeclarados mil veces como no-racistas. Por eso nos sorprende que ahora mismo se acepte sin un atisbo de vergüenza el endurecimiento de la ley de extranjería, al estilo de lo aprobado por el gobierno italiano que criminaliza a la población inmigrante con medidas claramente racistas y discriminatorias, y que sólo las organizaciones humanitarias y de apoyo a la población inmigrante hayan dado el grito de alarma sobre una ley que nos va a igualar con los intereses de la racista y xenófoba Liga Norte italiana, o su adalid el momificado Berlusconi. Y qué intereses preferentes sostienen estos movimientos racistas: el cierre selectivo de fronteras al inmigrante económico y la expulsión de los irregulares.

Y cómo se gobierna para dar satisfacción a los intereses demográficos, sociales y económicos que demanda Europa (y España no menos que el conjunto de la UE), si es cierto que en los próximos años debería acogerse a más del doble de la población inmigrante llegada hasta hoy, y si de verdad se quiere acceder a un nuevo ciclo de crecimiento económico y de bienestar, cuando al mismo tiempo se endurecen las políticas migratorias mediante medidas policiales; se precariza las condiciones de vida de los inmigrantes hasta lograr su marginalidad laboral y su exclusión social; se impide el reagrupamiento familiar y se segrega a sus hijos en las instituciones escolares; se recela y nos parece indeseable su acceso a los servicios básicos y de salud porque lo colapsan y agotan y, además, se les estigmatiza por sus características étnicas o culturales.

La respuesta es la Reforma de la Ley de Extranjería que actualmente se encuentra en esa sala de políticos jubilados y estómagos agradecidos que es el Senado. Sólo faltan el cavalieri y sus cicciolinas.

PACTO POR LA EDUCACIÓN

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

El once de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este artículo sobre el Pacto por la educación y el interés de la jerarquía católica por seguir controlando este instrumento fundamental de socialización.

La educación ha sido considerada desde los orígenes del pensamiento occidental un instrumento esencial para el mantenimiento del orden social, es decir, para la reproducción de la diferenciación social de los ciudadanos. El proceso de socialización de las personas que se lleva a cabo en las aulas, es decir, el proceso de transmisión de la cultura, es esencial para el mantenimiento y la reproducción del orden social. Puede afirmarse que la cultura y el sistema social, una vez integrados en la personalidad de las personas, pasan a convertirse, en una obligación moral, en la regla de conciencia y en la manera de obrar, de pensar o de sentir que parece «natural» o «normal».

Y es que la función política de la escuela ha sido manifiesta desde que el Estado asumió la responsabilidad de la formación del ciudadano, es decir, desde que asumió la regulación y control de la población por cauces diferentes a la mera coacción directa propia de las fórmulas del Antiguo Régimen, donde la Iglesia ejercía su predominio socializador. Antes de la industrialización existieron, sí, instituciones como los hospicios, las escuelas parroquiales y dominicales, antecedentes de la enseñanza primaria actual en el disciplinamiento del pueblo llano, pero ni su presencia era algo determinante en la vida de la mayoría de los individuos, ni su función era la de formar ciudadanos. En cuanto a la Universidad, no cabe duda de que fue la institución estelar de la concepción estática e inmovilista del saber que presidió los siglos de vigencia de la sociedad estamental; precisamente por ello, fue el centro de las críticas de los ilustrados del siglo XVIII y de la nueva concepción del saber.

Una de las ideas centrales de ese movimiento de reforma fue la nueva concepción utilitarista de una educación garantizada por el Estado que sería la clave de la prosperidad de una nación. Como resultado del desarrollo de esta idea y paralelamente a las primeras legislaciones contemporáneas sobre la educación básica y obligatoria, surgieron los nuevos planes de estudio, los primeros intentos de crear currículos nacionales, libros de texto y manuales. Todos ellos son elementos integrantes de un proceso de sistematización de la enseñanza, que el sociólogo riojano Carlos Lerena resumió en cuatro características mutuamente interdependientes: uniformización, secularización, centralización y estatalización.

No muy lejos de este excursus sociohistórico, el presidente de la conferencia episcopal española, Antonio María Rouco Varela, aseguraba la semana pasada, cuando inauguró el curso académico en la Universidad Pontificia de Salamanca, que la Iglesia «debe estar presente» en el pacto por la educación, puesto que el Estado «no puede ser el dueño monopolizador de la educación y debe contar con la sociedad». Rouco Varela aseguró que «la Iglesia debería estar en el pacto por la educación y en todas las realidades sociales que tienen que ver con la educación».

Una vez más la Iglesia quiere seguir presente en la escuela, pero no sólo como mera transmisora de conocimientos y habilidades que se integran en el currículum; su verdadero interés es el de la transmisión del programa ideológico, de las actividades y valores subyacentes que se inculcan a los alumnos en la práctica educativa. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia subyacente entre estudiar asignaturas como “el hecho religioso” o “la religión católica”: con la primera podríamos «conocer» las creencias de la religión católica, mientras que con la segunda “participaríamos” de ellas.

Tiene razón el lince señor Rouco y sus organizaciones fundamentalistas cuando piden estar en cualquier pacto por la educación. Como ellas podrían operar las Madrás islámicas o las Ieshivot judías y así conseguir un país multireligioso, pleno de vocaciones. Lástima que España sea un país laico y democrático. Mecagüen…

ESPACIO PÚBLICO SIN CIUDADANOS

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

El 22 de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este atículo a propósito de la intención de un concejal de cargarse el poco espacio público existente en el centro de Logroño  en beneficio de los coches.

Allá por la época del desarrollismo franquista, cuando un equipo de tecnólogos opusdeistas ocupó los resortes del poder, se creó la vana ilusión de que la posesión de un coche era un signo de prosperidad que otorgaba un estatus de prestigio a quien lo poseyera. Con la extensión de las clases medias y el aumento del consumo creció el parque móvil en España creándose ad hoc espacios para la circulación y depósito de los vehículos en las ciudades. En este empeño se ampliaron las avenidas, se talaron los árboles, se redujeron las aceras y se estrecharon los parques y plazas públicas hasta la jibarización del espacio público.

Y ya en la postmodernidad de la burocracia municipal, el ideario urbanizador persigue que los vehículos particulares puedan llegar hasta el mismo centro de las ciudades. Sin embargo, no hay que presumir de inteligencia para saber, que si quisiéramos llenar el casco antiguo de las ciudades de circulación y tráfico de coches, aun manteniendo su peatonalización, lo fundamental sería crear un gran parking; por ejemplo, en el subsuelo de la Plaza del Mercado de Logroño. De ese modo aseguraríamos la entrada de vehículos por la calle Mayor, Portales y Sagasta en dirección a dicho parking, ocasionando un tráfico rodado que expulsaría sin remedio al ciudadano.

Pues bien, hace unos días el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Logroño anunciaba que en el subsuelo del escaso espacio público de El Espolón (donde la rosaleda y las fuentes con ranitas) se iba a construir un nuevo aparcamiento para satisfacer intereses individuales y privados, augurando más circulación de vehículos, contaminación ambiental y deterioro (aún más si cabe) de las actividades sociales y de esparcimiento, culturales e incluso comerciales de los ciudadanos en dicho espacio.

Todo proviene de un contexto histórico en el que la superficie urbana fue totalmente dominada por el tráfico de vehículos. Es en ese momento cuando parecen descubrir que todavía hay un espacio público sin explotar: el subsuelo. De este modo, en la ciudad de Logroño, lo que había sido el entramado ferroviario entregado para uso de la ciudadanía logroñesa, se cedió graciosamente para la explotación privada de un parking. Otro tanto ocurrió con el recinto militar donde hoy se erige el Ayuntamiento, en cuyo subsuelo una empresa privada hace su negocio. Finalmente, pero no los únicos, el Espolón, espacio central de la vida social logroñesa, también fue entregado a beneficio de una empresa privada.

En la intervención de estos subsuelos públicos, cómo no, también se talaron hileras de árboles o se sustituyeron por chapaferros como el que se erige frente al palacete de Gobierno, recordando los dos magníficos cedros que lo ocupaban, restando y destruyendo espacio para la convivencia. Porque los espacios públicos tienen dimensiones, no sólo económicas, sino sociales, culturales y políticas, de contacto entre la gente, de relación e identificación, de organización y de actividad. Por esto, el diseño, uso y gestión de lo público no puede hacerse sin la participación de los ciudadanos, sin su concurso, sin la integración de cuantos grupos y colectivos convergen y se relacionan en esos espacios.

Lefebvre, Habermas, Arendt, Beck, Sennet, entre otros, han tratado el concepto de espacio público desde diferentes ópticas aplicadas a contextos diferentes, sin embargo en todos se aprecia lo público por su capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. El espacio público es un espacio de sociabilidad y en él confluyen identidades diversas animadas por el uso social colectivo y democrático del dominio público. Es, por tanto, una construcción social y no privativa de la administración burocrática o de los intereses privados. Menos movilidad sobre cuatro ruedas y más lugares al sol.