MENORES INMIGRANTES Y SIN PAPELES EN ESPAÑA: LIMBO LEGAL Y DESINFORMACIÓN

Mi amigo Mohamed El Gheryb me envía la siguiente información desde que el niño llega en patera. La Cruz Roja examina su estado de salud. La Policía le interroga. Verifica sus datos personales. Y es enviado a un centro de acogida. Es el prólogo burocrático al que se enfrenta cualquier menor de edad no acompañado que atraca en las costas españolas. Su destino es, a partir de entonces, una fórmula imperfecta de carisma, actitud y azar. Sobre todo azar. La proliferación de centros de menores en España, la ausencia de cifras oficiales –se calcula que miles de niños viven bajo la tutela de las CC AA– y la opacidad organizativa que opera a su alrededor impiden sacar conclusiones genéricas sobre estas instituciones. Pero hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional.

Hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional Organizaciones a favor de los derechos de la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan información a los menores para evitar su nacionalización a pesar de que la ley permite iniciar el proceso legal a las personas con dos años de residencia en España. «Sus propios tutores evitan que inicien los trámites y descartan así la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos españoles», matiza José Palazón, presidente de la Asociación Prodein. Una conducta que compromete el futuro de estos niños inmigrantes.

Los jóvenes son obligados a abandonar la institución al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son detenidos por la Policía y expulsados del país. Por ejemplo, el 85% de los jóvenes inmigrantes en Melilla son deportados una vez cumplidos los 18 años. El elemento xenófobo y la prevención de conflictos burocráticos entre los centros y las CC AA podrían ser los principales móviles de la indiferencia institucional.

Las consecuencias de esta actitud política multiplica los problemas sociales. Los inmigrantes se escapan de los centros antes de cumplir los 18 años para evitar ser expulsados. Y los jóvenes deportados son carne de bajos de camión. Las ONG denuncian la doble moral de las instituciones. «El Gobierno invierte dinero y recursos humanos en la manutención y formación de estos jóvenes para después abandonarlos a su suerte». El colectivo catalán Drari دراري considera que el Estado debería de proteger a estas personas una vez cumplida la mayoría de edad aunque fuese «desde el punto de vista egoísta de la productividad».

Marruecos es el Talón de Aquiles del conflicto. Las cifras oficiales de niños procedentes del reino alauí acogidos en España son una incógnita. Pero según datos de Europa Press, sólo en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la tutela de la Junta tres años después de que el Gobierno español firmase con Marruecos un acuerdo para agilizar las repatriaciones.

El tema es arduo y complejo. Las ONG aplauden que España exija a Marruecos garantías sociales antes de repatriar a los menores. Pero denuncian la inercia y la desprotección a la que se ven sometidos los niños. «Hay casos de familias desestructuradas que no podrían proteger a sus hijos. Pero hay niños que han viajado voluntariamente sin el permiso paterno que necesitan a sus padres y sus padres les necesitan. Y, 1.000 días después, siguen a 500 kilómetros de distancia», matizan desde Drari دراري

Las ONG denuncian que los niños son el último filón de negocio político entre ambos países. Marruecos está ‘saturado’ de niños de la calle. Así que renuncia a su protección por ser «entes molestos» y porque económicamente –envían remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero marroquí– son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda. Y así, las relaciones diplomáticas no se resienten.

El 15 de septiembre del año pasado llegó a las costas españolas, en concreto a Tarifa (Cádiz), la primera patera infantil, tripulada sólo por menores. En ella viajaban seis niños, todos varones y de origen magrebí. La embarcación era una balsa hinchable de juguete. Al parecer, cada vez vienen más menores porque saben que en España no se les devuelve a sus países de origen.

Col•lectiu DRARI دراري d’Investigació Acció Participativa pels Drets de l’Infant

Asturies. Colectivo Social y Justicia Calle Belmonte Miranda 4º entresuelo D 33201 Xixón Asturies Fx 985 35 99 15 Tf 635 773 540 <dialogandomucho@gmail.com> http://www.socialyjusticia.blogspot.com http://www.menoressolos.blogspot.com
La Rioja. Asociación La Tavaya <latavaya@yahoo.es>
Castilla León. Colectivo Saltando Charcos <saltandocharcos@yahoo.es>
Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados <comunicacion@centrosdemenores.com>, <centrosychicxs@hotmail.com>
Colectivo No a O´Belen <noaobelen@hotmail.es>
Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes http://www.coordinadoradebarrios.org Calle Peironcely 2. 28053 Entrevías Madrid <coordinadora@coordinadoradebarrios.org> 914 778 578 Fx 914 778 399
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado http://www.fundacioncear.org/menores Calle Noviciado 5. 28015 Madrid Cear Estatal Menores <menores@cear.es> Cear Madrid Menores <menoresmad@cear.es> 915 550 698, 91 555 29 08 Fx 915 555 416

EL NEGOCIO DE LA AP-68

Esta historia sobre el negocio de la AP-68 comenzó a gestarse en mi cabeza recordando aquel diciembre de 2008 cuando ABERTIS acordó la compra de activos de ITÍNERE por 621 millones de euros. Entre otros activos se encontraba el 50% de Autopista Vasco-Aragonesa, S.A. (“AVASA”), concesionaria de la autopista AP-68 y en la que ABERTIS  ya controlaba el otro 50%. Esta autopista fue construida por AVASA (un consorcio constituido por bancos y cajas con mayoría del BBVA), entre 1973 y 1979 y tenía una concesión de 22 años que finalizaba en noviembre de 1998. Este consorcio sólo tenía que acreditar un capital social del 10% de la inversión total prevista, pues el resto se gestionaba con créditos blandos y avales del Estado hacia el mercado de capitales, todo ello soportado por la emisión de deuda pública, la misma que dichos mercados de capitales exigen en estos momentos al gobierno de España que amortice rápidamente a costa de los trabajadores españoles.

Como la concesión hasta 1998 resultaba escasa para la voracidad de AVASA consiguió una prórroga hasta noviembre de 2011, y como todo beneficio es poco para el capital, en 2000 el gobierno de Aznar amplió la concesión hasta 2026 haciendo imposible su rescate, medida que fue duramente criticada por el gobierno del País Vasco y por el gobierno de Aragón que al menos consiguió liberar la autopista desde Gallur hasta Alagón salvando la circulación por Zaragoza. El gobierno de La Rioja presidido por Pedro Sanz no podía permitirse protestar las decisiones de su líder y acató la decisión con entusiasmo partidista.

Aprovechando esta coyuntura de concesiones que van más allá del medio siglo (53 años), el BBVA vendió AVASA a ABERTIS y a SACYR obteniendo una plusvalías de 240 millones de euros. Ya en 2008, cuando SACYR vende su 50% a ABERTIS, su presidente, Luis F. del Rivero declaró que desde que adquirió las acciones de BBVA en 2000, éstas se habían revalorizado 22 veces más. Todos ganaban a espuertas con la AP-68, y hasta ese momento los negocios financieros con la colaboración de los gobiernos estaban saliendo redondos.

ABERTIS, en su afán de ser un referente mundial de las comunicaciones (la mayor concesionaria de carreteras, la red de distribución de la señal de televisión terrestre, satélites –Eutelsat e Hispasat-, e intereses en treinta aeropuertos de nueve países), se había lanzado de lleno a la hegemonía en alguno de estos campos, por lo que los problemas de AVASA por el descenso en el tráfico de vehículos apenas suponían un pequeño picotazo en los resultados finales. AVASA había observado que la intensidad media diaria registrada en 2009 había alcanzado los 13681 vehículos/día y esto suponía un descenso del 7,1% respecto a 2008; ya en 2008, el descenso había sido de un 16,8%, por lo que urgía adoptar nuevas estrategias que corrigieran y compensaran esta pérdida de vehículos en circulación. Entre otras se encuentra la adoptada para el tramo riojano y principalmente la liberación del tramo logroñés.

Primero conveniaron con el gobierno riojano la amortización de un peaje corto que aliviara el paso de vehículos por la ciudad de Logroño y posteriormente lo fueron ampliando hasta tomar todo el territorio riojano (ya saben que recorridos en el día y por el sistema de Via-T). Como eso es demasiado oneroso para el mismo gobierno regional que había admitido la prórroga de la concesión hasta 2026, se empezó a exigir la participación del gobierno nacional, que sometido a las presiones electorales, decidió apoyar la liberación de tramos de autopista mediante su cofinanciación. De este modo, y pese a que no tenga vehículo o no circule por la AP-68, cualquier riojano estará colaborando hasta tres veces en los beneficios de AVASA, una mediante la emisión de deuda pública; dos mediante los presupuestos del gobierno regional y tres, a través de los presupuestos generales de la nación.

Así, no me extraña que se multiplique el valor de las acciones de AVASA, hoy propiedad de ABERTIS y dentro de poco vaya usted a saber de quien, si tal y como se anuncia, ABERTIS cae en manos del fondo capital riesgo (CVC) que ni tiene capital ni se arriesga.

NO FUTURO

Ayer, víspera sanjuanera, temprano, me han sacado de la cama unas llamadas telefónicas inquiriendo por mi opinión acerca del bajón en los indicadores de natalidad el pasado 2009. Como además de dormido, un virus maligno me ha dejado temporalmente sin acceso a la información con la que parecían haberse sobresaltado los medios (TV y radio), he tenido que recurrir al bar próximo donde un café humeante y la prensa me han puesto sobre aviso.

Todo parece que tras unos años de leve crecimiento de la natalidad y de los índices de fecundidad (centésimas), la tendencia apuntaba hacia lo que ocurre en los países del norte de Europa donde se da un cierto equilibrio en la población que permite el relevo generacional; y aunque lejos aún, España, con el apoyo inesperado de las mujeres extranjeras y unas expectativas de seguridad laboral y crecimiento económico, podía augurar un futuro en el que aun sin alcanzar las cotas piramidales del baby-boom, o las propias del relevo generacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil), sí caminaba hacia una sociedad más equilibrada en su pirámide o, mejor dicho, en su polígono demográfico.

Hoy, sin embargo, el brusco descenso de la natalidad ha disparado todas las alarmas mediáticas, pues es cierto que con el increíble y maravilloso aumento de las expectativas de esperanza media de vida, podría ocurrir que una de cada tres personas y no una de cada cuatro como sucede en la actualidad, podría ser mayor de sesenta y cinco años, lo cual desequilibraría las bases sobre las que se asienta nuestro Estado del Bienestar. Un desequilibrio agudizado por el hecho de que no toda la población potencialmente activa trabaja (ahora mismo dos de cada cuatro mujeres y tres de cada cuatro hombres), lo cual podría provocar que cada activo soportase a un no-activo (mayores de sesenta y cinco y menores de dieciséis años), algo difícil de sostener en una sociedad expansiva en servicios.

Las causas de este descenso de la natalidad en 2009 son tanto coyunturales (2008 fue el año en que se declaró oficialmente la crisis  y también el año en que se gestaron o se podían haber gestado los nacimientos del 2009), como estructurales (las mujeres españolas no proyectan el nacimiento de su primer hijo hasta que no tienen cierta seguridad –afectiva, laboral y de vivienda-, y por lo tanto dilatan esta decisión hasta los últimos años de su periodo fértil; por su parte las mujeres extranjeras tienden a integrarse en la sociedad de acogida y por tanto convergen con las mujeres autóctonas en sus expectativas).

Así pues, el descenso estaba cantado, pues el leve crecimiento sostenido en los últimos años sólo se podía apuntalar con una política decididamente familista, y eso en este país ni ha ocurrido ni va a ocurrir hasta que posiblemente nos encontremos en un nuevo ciclo de crecimiento económico y se tome en consideración una política que estimule la natalidad y el sostenimiento de la población.

A veces se aduce que las mujeres españolas al incorporarse al mercado laboral han subordinado las expectativas de maternidad a su carrera profesional. Y es cierto, pero puntualizando, pues las mujeres que trabajan son poco más de la mitad de la población activa femenina, todo lo contrario de lo que ocurre en los países nórdicos donde trabajan tantas o más que hombres y, sin embargo, tienen índices de fecundidad hasta cuatro y cinco décimas supriores a los de las españolas. Qué ocurre?, pues que sus empleos son buenos y seguros, es decir, son de calidad y ofrecen reconocimiento y fijeza. Ocurre también que reciben el apoyo de sus parejas, las cuales se corresponsabilizan en el cuidado, crianza y educación de sus hijos (algo que aún no conocemos los españoles mas que en el cine). Ocurre que la administración y las empresas apoyan la conciliación familiar mediante toda clase de servicios para la guarda, crianza y educación de los hijos, mediante horarios laborales flexibles adaptados a las necesidades de los padres, remunerando el tiempo ocupado con los hijos y guardando el empleo para cuando los padres se reintegran al trabajo. En fin, una serie de medidas ajenas a la política y la sociedad española, que aún sigue depositando en la mujer todas las expectativas de sostenimiento generacional.

El No Futuro surgió cuando grupos de jóvenes vieron que su futuro era negro, faltaba el empleo, la vivienda y las oportunidades, rebelándose contra todo lo establecido. En España, parece que son las mujeres quienes han dicho basta y se han vuelto punkies proclamando el No Futuro.