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OTRA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ES POSIBLE

/ Joaquín Giró / Deja un comentario

A pesar que nadie se cree que la situación del déficit de las cuentas públicas tiene su origen en el desarrollo del Estado del Bienestar, es decir, en la consolidación de los derechos de educación, salud, pensiones y autonomía personal, todo parece indicar que el ajuste presupuestario impuesto por los grandes organismos económicos mundiales camina en el sentido de restar y adelgazar la expansión y el desarrollo de esos derechos.

España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB antes de 2013. Eso va a obligar al Gobierno a recortar 15.000 millones en gastos en dos años. La solución vendría de una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, de modo que la brecha abierta y cada día más grande entre la ciudadanía y unos pocos, la terrible desigualdad existente entre los más ricos y la generalidad, se amortiguara levemente. Sin embargo, hay una justificación para no poner en marcha o dilatar esta reforma fiscal que acabe con tanta injusticia económica, y es que los efectos sobre la deuda pública no tendrían efecto hasta 2012 mientras que las exigencias del mercado señalan reducciones drásticas desde ahora mismo.

Sabemos que el origen de la deuda pública ha sido generada por la estafa y el saqueo de las arcas públicas cometido por las grandes corporaciones financieras, farmacéuticas y armamentísticas y, sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno parecen ir en la dirección contraria al ajuste de cuentas con estos delincuentes, reduciendo los servicios y precarizando la vida de la ciudadanía, principalmente jubilados y funcionarios. La medida de ajuste más impactante, dado el incumplimiento del Pacto de Toledo, ha sido la congelación de las pensiones en 2011, sin menoscabo de la reducción de un 5% en el salario que perciben los empleados públicos o el recorte de la inversión pública.

Como no creo que estas medidas de ajuste sean las únicas que se pueden tomar en este momento, he ido buscando y encontrando algunas de aplicación más sencilla y con más garantía social. Son medidas que promueven profesores de Economía (Público.es de 16 de mayo) que han reflexionado sobre cómo realizar la reducción del déficit sin afectar a la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de los derechos sociales. Piensan que todos los recortes del gasto público son en realidad recortes al PIB y un modo de prolongar la recesión, por lo que se debería destinar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob),  dotado en 2009 con 6.750 millones para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria, y destinarlo a inversión pública. Tan sólo algunas cajas han demandado algo de este Fondo, pero los grandes bancos como el Santander (2.215 millones de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 5,7% más que el año pasado) o el BBVA (1.240 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 0,2% más que el año pasado), no parecen necesitar de este Fondo que hay que dotar con nuevas emisiones de deuda pública hasta llegar a los 90.000 millones previstos. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas (privatización de los beneficios) y sus pérdidas socializadas/estatalizadas.

Otra corporación dedicada a saquear el arca pública, la armamentística, basada en el mantenimiento de la guerra como negocio mediante la ocupación de países, puede ahora contribuir a reducir el déficit a partir de la retirada de las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones), así como recortando los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este mismo año. Hay quien sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para veinticuatro helicópteros de combate Tigre.

El recorte a la poderosa corporación farmacéutica (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis, ha sido bien visto por todos, aunque después del bluff de la compra masiva de vacunas para la gripe A y la disposición de esta corporación a propagar a través de la OMS el temor a la enfermedad global, le permite afrontar con tranquilidad estas medidas contractuales y en el futuro encontrar otros medios para utilizar los medicamentos como productos generadores de inmensos beneficios. Otro recorte que ha sido bien recibido, salvo por la demagogia popular, ha sido la supresión del cheque-bebé, que asignaba injustamente la misma ayuda a cualquier nivel de renta, aunque habrá que buscar incentivos a la natalidad que tengan en cuenta las desigualdades.

Otras medidas de ajuste podrían realizarse de inmediato como la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones. Quizás entonces el señor Fabra y su mujer no habrían tenido tanta suerte y tantos premios en tan poco tiempo (en 2008 ganó dos millones de euros con el premio Gordo de la Lotería del Niño). Por supuesto, la supresión de cargos de libre designación y asesores que los políticos designan a dedo para colocación de amigos, familiares y políticos en situación de paro (hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 sin impacto laboral). El cálculo dice que si el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, la supresión supondría un ahorro de 1.120 millones al año, sin contar el ahorro en comidas, viajes y demás actos protocolarios.

Pero hay una manera de ahorrar más de 250 millones al año que no exige subir impuestos ni eliminar ningún servicio ni prestación, y es la supresión de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Incluso es posible que en estos momentos el Estado deje de ingresar casi mil millones de euros por desembolsos fiscales no realizados, dado el acuerdo del Estado español con el Vaticano porque el que se exime de tributar el IVA a la iglesia católica. No es de recibo que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio estén financiadas por el Estado, sino financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

Estas y las otras medidas señaladas nos hacen pensar que otra reducción del déficit de las cuentas públicas es posible, y que el mantenimiento de los derechos sociales y la inversión también son posibles.

CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA

/ Joaquín Giró / 1 comentario

Como la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse, busco en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de  Sebastián de Covarrubias (impreso en 1611) la voz Corromper, del verbo latino corrumpo, contamino, vitio, destruo. Y ejemplificando, corromper las buenas costumbres, estragarlas. Corromper los juezes, cohecharlos. Corromper las letras, falsarlas. Corromper la donzella, quitarle la flor virginal; es decir, estragar, mudar, romper, contaminar, viciar, pervertir, pudrir.

Ahora tengo más claro qué es eso de la corrupción que parece haberse instalado en nuestra sociedad como si formara parte inherente de la vida democrática, al punto que si uno se refiere al gobierno, da igual de qué signo o de que nivel administrativo hablemos, enseguida se sobreentiende que a ese gobierno le acompaña el ejercicio de la corrupción política y administrativa.

En términos generales, la corrupción política es el mal uso público (gubernamental y administrativo) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. En un sentido moral se considera corrupción al desorden o abuso introducido en las actividades humanas, en la realidad económica, las prácticas sociales, la esfera del ocio, el mundo del trabajo, las acciones del gobierno, pervirtiendo la naturaleza y los fines de la vida política. A propósito de la corrupción en democracia, esta misma semana se ha publicado el libro póstumo de José Vidal-Beneyto “La corrupción de la democracia” donde aborda la problemática de la corrupción radical de la democracia, empezando por su causa más obvia, “la deriva de todos los valores públicos”, para continuar con un análisis de “la quiebra de la política”, de “los conflictos y alternativas” y de “los avatares de los sujetos” hasta culminar en “los desafueros del capitalismo”.

El catedrático de sociología José Vidal-Beneyto, fue discípulo de Merleau-Ponty, Raymond Aron, Karl Lowith y Theodor Adorno y hasta su muerte dirigía el Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet, con sede en París. Había participado en la fundación de El País y formaba parte del Consejo Científico de Attac España. De él dice Federico Mayor Zaragoza (in memoriam), que promovía la “resistencia crítica” para estimular el debate y adoptar las decisiones oportunas, tanto a escala personal como colectiva, intentando a pesar de los pesares, la puesta en práctica de los valores fundamentales, y denunciando la postergación y disfraces que hacen a la democracia “vulnerable”. Creía tenazmente en la emancipación individual como requisito para evitar que la sociedad civil fuera, en lugar de líder y portavoz, coartada de los poderes oligárquicos. La diversidad, hasta el límite de la unicidad, es nuestra riqueza; la unión de unos cuantos principios universales, la fuerza.

A mi modo de ver, no se equivoca Mayor Zaragoza al recordar a su amigo pues desde hacía unos años podíamos leer en sus análisis sobre la perversión de la democracia que la corrupción había alcanzado desde los principios y valores de la misma, hasta sus símbolos más conspicuos como la monarquía, entregada de este modo la sociedad a las solas actividades de comprar y vender, que son las propias de la condición mercantil en que nos ha confinado el mercado. Función que ha transformado nuestra vida colectiva en un paisaje frágil y tedioso, en el que lo público y lo privado parecen jugar al escondite, después de haber perdido un notable porcentaje de los rasgos diferenciales de sus identidades contrastadas y después de haber dejado atrás todas las consideraciones ancladas en la moral y el bien común, y de haber consagrado como únicos objetivos el negocio y el beneficio. Es decir, después de haber abierto de par en par las puertas a la corrupción y de haberse abrazado al estragamiento de principios y prácticas. Que alcanzó primero a los actores económicos en su totalidad y luego, en una especie de ósmosis imparable se extendió al conjunto de la sociedad civil y en particular a los políticos.

La corrupción se ha manifestado a través del uso ilegítimo de información privilegiada permitiendo hacerse con ventaja, a amigos y parientes, dueños de los bienes públicos; a través del tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo y el caciquismo que crean dependencia y clientelismo entre las personas y las organizaciones de la sociedad civil; a través del nepotismo, la prevaricación y la impunidad que crean indefensión en la moral y la ética de las personas. Y así llegamos a una realidad estructural de nuestra democracia donde los principios de la acumulación de dinero y beneficios junto con el consumo suntuario y el lujo son las dos vectores que mueven a cuantos se asoman a parcelas de poder político y económico enfangando la vida social con sus artes.

Vidal-Beneyto señalaba como la base sobre la que se cimenta esta estructura propicia a la corrupción venía determinada por los grandes organismos económicos mundiales, celosos guardianes del credo liberal (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Ministerios de Hacienda de los principales países occidentales), y cuya sustancia se resume en estos tres principios: 1). Libertad total para los intercambios de bienes, capitales y servicios. 2). Desregulación absoluta de la vida económica sin ningún tipo de reglas. 3). Reducción drástica del gasto público, establecido en volúmenes mínimos y sometido a rígido control presupuestario sin ninguna excepción. España, como el resto de los estados europeos, camina en esta dirección asumiendo este último principio de reducción del déficit de las cuentas públicas. Un déficit creado por las instancias financieras, los mercados, los políticos y administradores públicos que han hecho de la corrupción sus señas de identidad. Pobre democracia donde la libertad se instala sobre la igualdad y no la acompaña.