Hace pocos días tuvo lugar una pequeña manifestación en el pueblo de Seseña (Toledo), en protesta por la muerte de la adolescente de trece años Cristina Martín a manos de otro adolescente de su edad, y en la que se quejaban de la supuesta impunidad que tienen los delitos cometidos por menores.
Fue una manifestación de protesta que ya se ha repetido puntualmente en casos parecidos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, y siempre enarbolando la petición de modificar la ley del menor con el objetivo de que se rebaje la edad penal de los menores y adolescentes, o bien que cumplan condenas de cárcel una vez adquieran la mayoría de edad a los dieciocho años. Incluso hay quienes han solicitado la aplicación de la ley de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas, para que los delitos de los menores sean considerados a la misma altura que los terroristas o el crimen organizado. Y en la línea del ingenioso y sarcástico Federico Trillo, los hay que demandan la cadena perpetua condicionada, todo un homenaje al disparate nacional arropado por la imaginación de un legislador inquisidor.
A pesar de que la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, desde que se publicara en enero de 2000 ha sufrido hasta cinco modificaciones, casi a una por cada ocasión de alarma social (más bien alarma mediática y partidaria), la petición de endurecimiento de las penas se ha mantenido constante frente a la demanda de medidas de carácter preventivo o protector. Tal parece que los menores y adolescentes del siglo XXI se han convertido en una amenaza para el orden social de los adultos, como ya ocurriera en los siglos más oscuros de la historia social en los que la consideración acerca de los niños como seres angelicales e inocentes se transformó en la apreciación de ángeles oscuros o demonios, capaces de las mayores crueldades. Sobre esta base de que los niños no son tan inocentes se encuentra la justificación de los doce años como edad suficiente para considerar sus acciones, como iguales a las de un adulto al que castigar por sus faltas y delitos con penas de cárcel y encierro en recintos adecuados.
Lo curioso y desalentador de esta forma de entender leyes y normas punitivas, virtud de una mentalidad de siglos anteriores, es que se pretendan aplicar sobre niños del siglo XXI. Una realidad de adultos aplicada a una realidad de niños y adolescentes, en la que mientras unos juegan con el espacio físico, la economía y el futuro de la tierra, los otros juegan a la Play, el móvil o Internet. Realidades enfrentadas y hasta contradictorias, pues mientras unos se sienten creadores, otros proyectan su creación; unos son adultos conscientes y definidos y otros son menores con imaginación y sin identidad o, en todo caso, con una identidad en construcción donde los modelos ya no son sólo los adultos (padres, familia, escuela, religión), sino los que imaginan que son como adultos, sus colegas de Tuenti o de cualquier otra red social.
Curiosamente las dos niñas implicadas en el caso de Seseña chateaban en Tuenti pese a que eran menores de catorce años; es decir, se habían inventado y construido una identidad falsa con la que se integraron en la red. En la red, las niñas, niños y adolescentes reinventan su identidad de forma gratuita sin el concurso de los adultos, que sólo consiguen hacerse visibles y ocupar un lugar en el mundo mediante la compra del mismo. Tanto en la red Tuenti como en Facebook, se han creado grupos que propugnan justicia en sus muros, destacando con textos, fotos y videos el carácter angelical de la víctima y el carácter demoniaco de la agresora, azuzándose los miembros de dichos grupos en petición de venganza con toda clase de historias, improperios y solidaridad con las familias de las víctimas. Incluso cobra fuerza en estos grupos la sospecha de que fue la invitación de amistad en la red a un chico, lo que pudo originar la disputa entre estas niñas que trágicamente acabó con la muerte de una de ellas.
Mas dejando de lado la configuración, construcción y modelación del niño que, desde luego, no ha sido uniforme ni continua a lo largo de la historia, nos encontramos con la existencia de establecimientos donde se encierra a los niños, niñas y adolescentes con un afán punitivo que repugna a la conciencia de los adultos sensibles a los derechos fundamentales de los mismos. Los centros de reforma, de protección de menores y de acogida a menores inmigrantes no acompañados, se han convertido poco a poco en establecimientos carcelarios de los que, incluso el Defensor del Pueblo, llegó a denunciar cuanto habían expuesto públicamente en numerosas ocasiones las asociaciones, ONGs y organizaciones de apoyo a la infancia y la juventud, a propósito de las innumerables irregularidades (producidas principalmente en establecimientos con gestión privada), como la excesiva rigurosidad en los métodos de contención, incluyendo el uso de violencia física; el uso abusivo e indiscriminado de medicación, la intimidación psicológica, el aislamiento en celdas, etc.
Pese a que el debate social ha mostrado su oposición a que estos establecimientos se encuentren gestionados por entidades privadas, en el huerto riojano se riega contracorriente y la consejera para la privatización de los servicios sociales acomete sin apenas despeinarse la tarea encomendada. Resulta cuando menos irónico que fuera la diputada del PSOE Inmaculada Ortega, actualmente expulsada del hemiciclo por su carácter desafiante al PP (más o menos como si expulsaran de La Rioja a unos cuantos miles de riojanos por defender puntos de vista contrarios), quien el pasado mes de marzo presentara una proposición no de ley sobre la privatización de la Residencia Iregua y recibiera como respuesta, que el propósito de las críticas a las entidades privadas Diagrama y O´Belen interesadas en su gestión están orquestadas por los sindicatos.
Vamos, que la falta de eficiencia de la gestión privada que puede llevar a gastos superiores al millón de euros al año, que el despido de trabajadores en activo con formación y experiencia suficiente, y que la pérdida de los objetivos de protección a menores aplicando criterios educativos de reinserción, no son mas que insidias sindicales; por que lo relevante es la política de externalización de los servicios públicos mediante su privatización. El dinero debe fluir del conjunto de todos los bolsillos riojanos a la caja fuerte de unos pocos empresarios y, para conseguir apoyos, nada mejor que excitar los instintos de venganza y castigo. Parafraseando el libro de Michel Foucault, se trata de vigilar y castigar menores.
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