LA BRECHA SOCIAL

La sociedad cohesionada (pese a las diferencias de riqueza), segura (tras un sistema de bienestar pese a estar poco desarrollado), y optimista (con perspectivas y objetivos de futuro pese a la ineficacia de políticos y especuladores), se ha transformado en apenas estos dos últimos años en una sociedad quebrada, miedosa y con incertidumbre. Porque las diferencias de riqueza entre unos pocos y la mayoría se han hecho más profundas, porque el precario estado del bienestar se está desmontando a gran celeridad y porque una ola de pesimismo se ha instalado en las conciencias.

Vuelven las dos Españas pero las dos tienen helado el corazón. Es cierto que algo más del 40% disponen de empleo, ahorros, seguridad, y confían en que este momento forma parte de un ciclo en el que a ellos les ha pillado provistos y, aunque miran con desconfianza el presente, piensan que en el futuro volverán a ocupar una posición de dominio. La crisis les afecta, pero en su ritmo de vida consumista y de despilfarro.

En el otro 60% largo se encuentran los precarios, los supervivientes, los que están al límite, aunque cuentan con una red familiar, a veces de amistad, y en ocasiones con los servicios sociales y de voluntarios ciudadanos, que son quienes les proveen de la ayuda suficiente para evitar el riesgo de caída si este se hace inminente. Han cambiado de actividad y están dispuestos a someterse a la voluntad del gobierno, del mercado o del patrón más inicuo con tal de sobrevivir. Han ajustado sus gastos y gastan marcas blancas, gorroneando en los comedores familiares. Pero también se encuentran en este gran grupo humano los que han perdido todo, los fracasados, los sin techo, los sin trabajo ni esperanza de trabajo, los que menudean una limosna o un cigarro (ahora que ya todo da igual, incluida su salud). Han perdido el empleo, la vivienda, los hijos; han gastado sus ahorros y solo disponen de deudas, han perdido la red familiar (por lo que sea), y los amigos se vuelven contrarios. Son los excluidos, los que están fuera del sistema y tan sólo las organizaciones humanitarias (porque ni a los servicios sociales acuden), mitigan en parte las privaciones y la humillación de vivir en una sociedad que les aparta.

Es la brecha social. Una brecha entre los de arriba y los de abajo. Una brecha que por arriba separa a los muy muy ricos de los que se consideran con un estatus de relativamente ricos. Una brecha que separa por abajo a los precarios con la incertidumbre de si su estatus bajará al nivel de los excluidos, de los excluidos y desahuciados, de los sin papeles y extranjeros en su tierra, del detritus del capitalismo.

Estamos arrebatados por el discurso de la crisis, de la deuda pública y la privada y al toque de sálvese quien pueda nos desperdigamos en la selva arrostrando los peligros de una muerte en solitario. Es la muerte social, de toda una sociedad. Y empieza a cundir el pánico porque no encontramos referentes en los partidos políticos, de los que abominamos porque nos engañaron con sus falsas promesas. Los partidos que se denominaban de izquierdas hacen y defienden la política de la derecha rancia y conservadora, y los partidos de derechas se travisten de demócratas, populares y socialistas. Y si buscamos esos referentes en otras organizaciones de masas que en sus estatutos defienden un modelo de sociedad cohesionada encontramos a los sindicatos, que pactaron con aquellos partidos y no supieron defender a los desposeídos del empleo, la riqueza y ahora la seguridad.

Entonces ¿qué nos queda? Podremos cerrar la brecha, la enorme brecha con estas mimbres. Yo creo que sí podemos cerrar esta brecha. Con espíritu solidario y combativo con la injusticia, defendiendo las conquistas sociales de nuestros antecesores y ampliándolas para quienes nos sucedan, buscando auténticos referentes políticos y ecológicos donde nuestra participación sea real y alejada de la maquinaria electoral. Oponiéndonos al desarme moral de una sociedad cohesionada y brindando porque el año 2011 sea el año de nuevas conquistas sociales, con nuestra fuerza, con nuestro empuje, con nuestro valor.

 

EL NEGOCIO DE LA AP-68

Esta historia sobre el negocio de la AP-68 comenzó a gestarse en mi cabeza recordando aquel diciembre de 2008 cuando ABERTIS acordó la compra de activos de ITÍNERE por 621 millones de euros. Entre otros activos se encontraba el 50% de Autopista Vasco-Aragonesa, S.A. (“AVASA”), concesionaria de la autopista AP-68 y en la que ABERTIS  ya controlaba el otro 50%. Esta autopista fue construida por AVASA (un consorcio constituido por bancos y cajas con mayoría del BBVA), entre 1973 y 1979 y tenía una concesión de 22 años que finalizaba en noviembre de 1998. Este consorcio sólo tenía que acreditar un capital social del 10% de la inversión total prevista, pues el resto se gestionaba con créditos blandos y avales del Estado hacia el mercado de capitales, todo ello soportado por la emisión de deuda pública, la misma que dichos mercados de capitales exigen en estos momentos al gobierno de España que amortice rápidamente a costa de los trabajadores españoles.

Como la concesión hasta 1998 resultaba escasa para la voracidad de AVASA consiguió una prórroga hasta noviembre de 2011, y como todo beneficio es poco para el capital, en 2000 el gobierno de Aznar amplió la concesión hasta 2026 haciendo imposible su rescate, medida que fue duramente criticada por el gobierno del País Vasco y por el gobierno de Aragón que al menos consiguió liberar la autopista desde Gallur hasta Alagón salvando la circulación por Zaragoza. El gobierno de La Rioja presidido por Pedro Sanz no podía permitirse protestar las decisiones de su líder y acató la decisión con entusiasmo partidista.

Aprovechando esta coyuntura de concesiones que van más allá del medio siglo (53 años), el BBVA vendió AVASA a ABERTIS y a SACYR obteniendo una plusvalías de 240 millones de euros. Ya en 2008, cuando SACYR vende su 50% a ABERTIS, su presidente, Luis F. del Rivero declaró que desde que adquirió las acciones de BBVA en 2000, éstas se habían revalorizado 22 veces más. Todos ganaban a espuertas con la AP-68, y hasta ese momento los negocios financieros con la colaboración de los gobiernos estaban saliendo redondos.

ABERTIS, en su afán de ser un referente mundial de las comunicaciones (la mayor concesionaria de carreteras, la red de distribución de la señal de televisión terrestre, satélites –Eutelsat e Hispasat-, e intereses en treinta aeropuertos de nueve países), se había lanzado de lleno a la hegemonía en alguno de estos campos, por lo que los problemas de AVASA por el descenso en el tráfico de vehículos apenas suponían un pequeño picotazo en los resultados finales. AVASA había observado que la intensidad media diaria registrada en 2009 había alcanzado los 13681 vehículos/día y esto suponía un descenso del 7,1% respecto a 2008; ya en 2008, el descenso había sido de un 16,8%, por lo que urgía adoptar nuevas estrategias que corrigieran y compensaran esta pérdida de vehículos en circulación. Entre otras se encuentra la adoptada para el tramo riojano y principalmente la liberación del tramo logroñés.

Primero conveniaron con el gobierno riojano la amortización de un peaje corto que aliviara el paso de vehículos por la ciudad de Logroño y posteriormente lo fueron ampliando hasta tomar todo el territorio riojano (ya saben que recorridos en el día y por el sistema de Via-T). Como eso es demasiado oneroso para el mismo gobierno regional que había admitido la prórroga de la concesión hasta 2026, se empezó a exigir la participación del gobierno nacional, que sometido a las presiones electorales, decidió apoyar la liberación de tramos de autopista mediante su cofinanciación. De este modo, y pese a que no tenga vehículo o no circule por la AP-68, cualquier riojano estará colaborando hasta tres veces en los beneficios de AVASA, una mediante la emisión de deuda pública; dos mediante los presupuestos del gobierno regional y tres, a través de los presupuestos generales de la nación.

Así, no me extraña que se multiplique el valor de las acciones de AVASA, hoy propiedad de ABERTIS y dentro de poco vaya usted a saber de quien, si tal y como se anuncia, ABERTIS cae en manos del fondo capital riesgo (CVC) que ni tiene capital ni se arriesga.

OTRA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ES POSIBLE

A pesar que nadie se cree que la situación del déficit de las cuentas públicas tiene su origen en el desarrollo del Estado del Bienestar, es decir, en la consolidación de los derechos de educación, salud, pensiones y autonomía personal, todo parece indicar que el ajuste presupuestario impuesto por los grandes organismos económicos mundiales camina en el sentido de restar y adelgazar la expansión y el desarrollo de esos derechos.

España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB antes de 2013. Eso va a obligar al Gobierno a recortar 15.000 millones en gastos en dos años. La solución vendría de una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, de modo que la brecha abierta y cada día más grande entre la ciudadanía y unos pocos, la terrible desigualdad existente entre los más ricos y la generalidad, se amortiguara levemente. Sin embargo, hay una justificación para no poner en marcha o dilatar esta reforma fiscal que acabe con tanta injusticia económica, y es que los efectos sobre la deuda pública no tendrían efecto hasta 2012 mientras que las exigencias del mercado señalan reducciones drásticas desde ahora mismo.

Sabemos que el origen de la deuda pública ha sido generada por la estafa y el saqueo de las arcas públicas cometido por las grandes corporaciones financieras, farmacéuticas y armamentísticas y, sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno parecen ir en la dirección contraria al ajuste de cuentas con estos delincuentes, reduciendo los servicios y precarizando la vida de la ciudadanía, principalmente jubilados y funcionarios. La medida de ajuste más impactante, dado el incumplimiento del Pacto de Toledo, ha sido la congelación de las pensiones en 2011, sin menoscabo de la reducción de un 5% en el salario que perciben los empleados públicos o el recorte de la inversión pública.

Como no creo que estas medidas de ajuste sean las únicas que se pueden tomar en este momento, he ido buscando y encontrando algunas de aplicación más sencilla y con más garantía social. Son medidas que promueven profesores de Economía (Público.es de 16 de mayo) que han reflexionado sobre cómo realizar la reducción del déficit sin afectar a la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de los derechos sociales. Piensan que todos los recortes del gasto público son en realidad recortes al PIB y un modo de prolongar la recesión, por lo que se debería destinar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob),  dotado en 2009 con 6.750 millones para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria, y destinarlo a inversión pública. Tan sólo algunas cajas han demandado algo de este Fondo, pero los grandes bancos como el Santander (2.215 millones de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 5,7% más que el año pasado) o el BBVA (1.240 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 0,2% más que el año pasado), no parecen necesitar de este Fondo que hay que dotar con nuevas emisiones de deuda pública hasta llegar a los 90.000 millones previstos. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas (privatización de los beneficios) y sus pérdidas socializadas/estatalizadas.

Otra corporación dedicada a saquear el arca pública, la armamentística, basada en el mantenimiento de la guerra como negocio mediante la ocupación de países, puede ahora contribuir a reducir el déficit a partir de la retirada de las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones), así como recortando los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este mismo año. Hay quien sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para veinticuatro helicópteros de combate Tigre.

El recorte a la poderosa corporación farmacéutica (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis, ha sido bien visto por todos, aunque después del bluff de la compra masiva de vacunas para la gripe A y la disposición de esta corporación a propagar a través de la OMS el temor a la enfermedad global, le permite afrontar con tranquilidad estas medidas contractuales y en el futuro encontrar otros medios para utilizar los medicamentos como productos generadores de inmensos beneficios. Otro recorte que ha sido bien recibido, salvo por la demagogia popular, ha sido la supresión del cheque-bebé, que asignaba injustamente la misma ayuda a cualquier nivel de renta, aunque habrá que buscar incentivos a la natalidad que tengan en cuenta las desigualdades.

Otras medidas de ajuste podrían realizarse de inmediato como la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones. Quizás entonces el señor Fabra y su mujer no habrían tenido tanta suerte y tantos premios en tan poco tiempo (en 2008 ganó dos millones de euros con el premio Gordo de la Lotería del Niño). Por supuesto, la supresión de cargos de libre designación y asesores que los políticos designan a dedo para colocación de amigos, familiares y políticos en situación de paro (hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 sin impacto laboral). El cálculo dice que si el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, la supresión supondría un ahorro de 1.120 millones al año, sin contar el ahorro en comidas, viajes y demás actos protocolarios.

Pero hay una manera de ahorrar más de 250 millones al año que no exige subir impuestos ni eliminar ningún servicio ni prestación, y es la supresión de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Incluso es posible que en estos momentos el Estado deje de ingresar casi mil millones de euros por desembolsos fiscales no realizados, dado el acuerdo del Estado español con el Vaticano porque el que se exime de tributar el IVA a la iglesia católica. No es de recibo que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio estén financiadas por el Estado, sino financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

Estas y las otras medidas señaladas nos hacen pensar que otra reducción del déficit de las cuentas públicas es posible, y que el mantenimiento de los derechos sociales y la inversión también son posibles.