A VUELTAS CON GARZÓN

Esto lo escribí el dieciocho de marzo de 2010

En los últimos meses nos hemos habituado a las noticias que señalan al juez Baltasar Garzón, no como el  juez de la Audiencia Nacional que a lo largo de veinte años se ha dedicado a someter a la justicia los crímenes de Pinochet, el terrorismo de ETA y el fundamentalismo islámico, el narcotráfico, la delincuencia económica, las mafias organizadas, la corrupción política y los crímenes de Estado; sino como el juez sometido a una campaña política y judicial sin precedentes, dirigida a deshacerse de él y evitar que continúe con su actividad. Precisamente en estos momentos, el Tribunal Supremo está considerando el procesamiento y la suspensión del Juez Baltasar Garzón.

El Tribunal Supremo ha admitido hasta tres querellas en su contra. La primera querella por un posible delito de prevaricación, fue admitida a trámite en mayo de 2009 por acusación del sindicato ultraderechista Manos Limpias, a propósito de la investigación abierta por Garzón para averiguar posibles delitos cometidos por el franquismo y durante la guerra civil, y está relacionada con la exhumación de decenas de miles de víctimas de la represión franquista. En esta querella, a Garzón se le acusa de incumplir la Ley de Amnistía de diciembre 1977, que hizo posible la elaboración de la Constitución de 1978 y su aprobación en Referéndum. Sin embargo, numerosos juristas sostienen que el derecho internacional es claro al respecto, y que ni los crímenes contra la humanidad ni los presuntos autores de tales delitos pueden ampararse en leyes de amnistía nacionales, pese a que estas leyes han podido servir en su momento para alcanzar una situación de paz social o de transición, como ocurrió en nuestro país con el paso de la dictadura a la democracia.

Una segunda querella por prevaricación (según el orden temporal de admisión por el Supremo) se formuló a propósito de unos cursos académicos organizados en Nueva York con financiación parcial del banco Santander. Las declaraciones de las entidades han dejado fuera de toda sospecha al juez por lo que es de esperar que esta querella no prospere.

Finalmente, el Supremo ha admitido en pocos meses la tercera querella por prevaricación contra Garzón, esta vez a causa del procedimiento por el que ordenó las escuchas en la cárcel de las conversaciones mantenidas entre los letrados del caso Gürtel y sus clientes imputados, y en la que se ha personado el mismísimo presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Tiene narices que una de las mayores tramas de corrupción política de nuestra historia sea capaz de librarse de la justicia porque el juez que instruye su causa, puede ser encausado a su vez por los mismos delincuentes que pretendía juzgar.

A este paso todos los mafiosos del mundo, los criminales, los narcotraficantes, dictadores y asesinos buscarán refugio en España, sabedores de que si son detenidos y es Garzón quien instruye, podrán contar con el respaldo y el apoyo de jueces y políticos o, mejor dicho, jueces politizados y políticos amigos de la judicialización de la política, que desbaratarán las acciones de Garzón hasta dejarlos libres y con honores.

Los políticos que no hacen política, ajenos al sentir de la ciudadanía y cada vez más lejos de la realidad ciudadana son considerados uno de los principales problemas que tenemos en España. La próxima encuesta del CIS es posible que mejore la posición de los políticos pero será a costa de la creciente crítica a la Justicia y del descrédito del poder judicial, por su clara politización, por su inmersión en la ciénaga en el que se amalgaman intereses personales, envidias corporativas y fidelización partidaria, que dejará muy lejos el Espíritu de Montesquieu y el dogma del constitucionalismo liberal acerca de la separación de poderes.

ESPACIO PÚBLICO SIN CIUDADANOS

El 22 de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este atículo a propósito de la intención de un concejal de cargarse el poco espacio público existente en el centro de Logroño  en beneficio de los coches.

Allá por la época del desarrollismo franquista, cuando un equipo de tecnólogos opusdeistas ocupó los resortes del poder, se creó la vana ilusión de que la posesión de un coche era un signo de prosperidad que otorgaba un estatus de prestigio a quien lo poseyera. Con la extensión de las clases medias y el aumento del consumo creció el parque móvil en España creándose ad hoc espacios para la circulación y depósito de los vehículos en las ciudades. En este empeño se ampliaron las avenidas, se talaron los árboles, se redujeron las aceras y se estrecharon los parques y plazas públicas hasta la jibarización del espacio público.

Y ya en la postmodernidad de la burocracia municipal, el ideario urbanizador persigue que los vehículos particulares puedan llegar hasta el mismo centro de las ciudades. Sin embargo, no hay que presumir de inteligencia para saber, que si quisiéramos llenar el casco antiguo de las ciudades de circulación y tráfico de coches, aun manteniendo su peatonalización, lo fundamental sería crear un gran parking; por ejemplo, en el subsuelo de la Plaza del Mercado de Logroño. De ese modo aseguraríamos la entrada de vehículos por la calle Mayor, Portales y Sagasta en dirección a dicho parking, ocasionando un tráfico rodado que expulsaría sin remedio al ciudadano.

Pues bien, hace unos días el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Logroño anunciaba que en el subsuelo del escaso espacio público de El Espolón (donde la rosaleda y las fuentes con ranitas) se iba a construir un nuevo aparcamiento para satisfacer intereses individuales y privados, augurando más circulación de vehículos, contaminación ambiental y deterioro (aún más si cabe) de las actividades sociales y de esparcimiento, culturales e incluso comerciales de los ciudadanos en dicho espacio.

Todo proviene de un contexto histórico en el que la superficie urbana fue totalmente dominada por el tráfico de vehículos. Es en ese momento cuando parecen descubrir que todavía hay un espacio público sin explotar: el subsuelo. De este modo, en la ciudad de Logroño, lo que había sido el entramado ferroviario entregado para uso de la ciudadanía logroñesa, se cedió graciosamente para la explotación privada de un parking. Otro tanto ocurrió con el recinto militar donde hoy se erige el Ayuntamiento, en cuyo subsuelo una empresa privada hace su negocio. Finalmente, pero no los únicos, el Espolón, espacio central de la vida social logroñesa, también fue entregado a beneficio de una empresa privada.

En la intervención de estos subsuelos públicos, cómo no, también se talaron hileras de árboles o se sustituyeron por chapaferros como el que se erige frente al palacete de Gobierno, recordando los dos magníficos cedros que lo ocupaban, restando y destruyendo espacio para la convivencia. Porque los espacios públicos tienen dimensiones, no sólo económicas, sino sociales, culturales y políticas, de contacto entre la gente, de relación e identificación, de organización y de actividad. Por esto, el diseño, uso y gestión de lo público no puede hacerse sin la participación de los ciudadanos, sin su concurso, sin la integración de cuantos grupos y colectivos convergen y se relacionan en esos espacios.

Lefebvre, Habermas, Arendt, Beck, Sennet, entre otros, han tratado el concepto de espacio público desde diferentes ópticas aplicadas a contextos diferentes, sin embargo en todos se aprecia lo público por su capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. El espacio público es un espacio de sociabilidad y en él confluyen identidades diversas animadas por el uso social colectivo y democrático del dominio público. Es, por tanto, una construcción social y no privativa de la administración burocrática o de los intereses privados. Menos movilidad sobre cuatro ruedas y más lugares al sol.