PRECARIEDAD Y MONOPARENTALIDAD

La precariedad se ha incorporado en el lenguaje para definir, principalmente, aquello que tiene poca estabilidad, duración, que es inseguro, llegando en la actualidad a caracterizar muchos aspectos relativos a la vida cotidiana, como al hablar de un determinado tipo de coyuntura, situación o estado de cosas; de la estructura u organización; de los medios y recursos disponibles, así como de la infraestructura o equipamiento; de la ocupación o puesto de trabajo; del espacio, hábitat o lugar para vivir; de la estabilidad y otros estados análogos; de la existencia humana y, en definitiva, de los derechos o necesidades que se consideran básicos para la supervivencia o el desarrollo (salud, economía, nutrición, atención, asistencia, libertad, formación, educación, democracia, protección).

Lo precario se puede interpretar al menos en tres dimensiones: como condición (ser), como situación (estar, vivir, experimentar procesos de precarización), y como medio o recurso (actuar dentro de ámbitos de precarización). Y es en la monoparentalidad donde se dan las condiciones, situaciones y medios propios de la precariedad. Sabemos que las mujeres encabezan el 80% de las familias monoparentales y que estas duplican el riesgo de pobreza severa respecto a las que tienen dos progenitores.

Si la justicia social hace referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales, asegurando así la dignidad de todas las personas y la cohesión social, nos encontramos que son muchas, muchísimas las madres que en la actualidad están criando sin políticas mínimas y sin un marco de protección, negando esos derechos no sólo a los progenitores, si no de rebote a las niñas, niños y adolescentes que forman esas familias.

En La Rioja, la Ley de marzo de 2023, ya reconoce que “las familias monoparentales conllevan un importante factor de vulnerabilidad, superior al resto de estructuras familiares, ya que este tipo de familia está expuesta a un mayor riesgo de pobreza, a dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y a situaciones de exclusión social”. Sin embargo, el reconocimiento no ha conllevado el desarrollo de las medidas de apoyo necesarias y publicitadas en dicha ley, para superar la precariedad de las trece mil familias riojanas constituidas por un solo progenitor.

Y siguen. Y nos siguen vendiendo humo electoral hsta la próxima legislatura.

LEY FAMILIAS MONOPARENTALES

Hoy día sabemos que la tipología de familias no se concreta en la tradicional familia nuclear y familia numerosa, pues del mismo modo que la sociedad y la cultura han ido progresivamente dando paso a una gran diversidad, el concepto y la tipología de las familias también han ido variando en el último lustro, dando lugar a las familias biparentales, con y sin hijos, familias homoparentales, reconstituidas, familias de acogida, adoptivas, familias extensas y familias monoparentales.

Son estas últimas las que más han crecido (el 3% según la última Encuesta Continua de Hogares de 2020). Y son mayoritariamente (81,9%), sostenidas por mujeres, solas o con hijos, por lo que sería mejor denominarlos hogares “monomarentales”. Y son estos hogares donde más ha crecido la pobreza, según el Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España (2022), que señala como el 45,5% de todas las personas que viven en familias monoparentales están en riesgo de pobreza, cifra que es más del doble de la tasa media de todos los hogares. También en La Rioja ha habido un importante crecimiento de este tipo de familias (hasta 12.900 según la ECH de 2020), representando como en el resto del Estado una de las más vulnerables por el riesgo de exclusión social de sus componentes, en su mayoría mujeres con un hijo menor.

Precisamente y dada la falta de una legislación acorde a esta situación, el Gobierno de La Rioja aprobó hace un año (22 de diciembre de 2021), el Proyecto de Ley de Familias monoparentales, y lo remitió al Parlamento de La Rioja para su tramitación y aprobación con el fin de proteger mediante prestaciones sociales este tipo de familias, a la vez que atendía la manifiesta discriminación de género. Sin embargo, ha pasado un año de tramitación parlamentaria sin que este proyecto de ley haya sido debatido, y mucho menos aprobado. Y si tenemos en cuenta que en unos pocos meses se abrirá el periodo electoral, es muy posible que esta ley no vea la luz en esta legislatura, de modo que la desigualdad social y la discriminación de género persistirán sin visos claros de solución.